El Gobierno se equivoca al no reconocer el deterioro del orden público, insistir en  la persecución sólo de los principales cabecillas de la guerrilla, la ambigüedad en el tema de los diálogos de paz, la inseguridad jurídica de la Fuerza Pública y la relación poco exigente con Venezuela, entre otros puntos.

Para algunos,se trata de una completa radiografía sobre los retrocesos que vive Colombia en la actualidad frente al tema de la seguridad. Para otros, es un documento que si bien no es para desechar,hay que asumirlo con precaución y beneficio de inventario teniendo en cuenta que la Fundación Seguridad y Democracia está dirigida por Alfredo Rangel, persona muy cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy por hoy crítico acérrimo del gobierno de Juan Manuel Santos. Se trata de un documento titulado‘Los siete pecados capitales de la seguridad’, en el que se advierte que el deterioro en este aspecto es evidente y que la percepción negativa de la situación por parte de la opinión pública es reiterada por todas las encuestas.

El diagnóstico es contundente:“El primer mes del presente año ha sido el más violento de los últimos ocho años, pero es la continuación de una tendencia que ya viene de años anteriores. Existe un rebrote de los ataques de la guerrilla contra la Fuerza Pública y la población civil, así como un inusitado aumento de los atentados contra la infraestructura económica nacional, del secuestro y de la extorsión. Recientemente las bandas criminales han hecho demostraciones sin antecedentes de capacidad de intimidación violenta contra poblaciones enteras. La alianza de las estructuras guerrilleras con estas bandas criminales constituye una nueva, inédita y repotenciada amenaza contra la seguridad colectiva”.

 

Según el documento, ante la opinión pública y los medios de comunicación,estos hechos a veces permanecen ocultos tras la espectacularidad de las bajas de algunos de los principales líderes de la guerrilla:“Por ejemplo, si no hubiera sido por la muerte de alias ‘Alfonso Cano’, la evaluación mediática de la gestión gubernamental en seguridad en 2011 hubiera sido muy negativa. Esa muerte le salvó el año al Gobierno en los medios de comunicación, pero ocultó el rebrote de la violencia guerrillera en muchas zonas del país”.

Así mismo, advierte que la ciudadanía ya ha empezado a ver con preocupación que el Gobierno no está haciendo lo suficiente para controlar el deterioro de la seguridad ypara neutralizar las intenciones de los grupos armados irregulares.Y propone un debate en torno a la gestión gubernamental en este campo con el fin de tratar de identificar eventuales debilidades de la política pública y a plantear opciones que permitan mejorar la situación, señalando lo que la Fundación Seguridad y Democracia considera han sido las siete principales falencias de la política de seguridad del presidente Santos.

A continuación,El Espectador recoge algunos de los conceptos claves de los siete pecados capitales de los que habla el informe:


1. Negar el deterioro de la seguridad

“El Gobierno ha sido insistente en que la situación de seguridad del país ha estado mejorando consistentemente durante los meses transcurridos de su administración, y ha señalado que critican su gestión en este campo lo hacen por razones políticas a veces inconfesables, llegando a relacionar indirectamente a sus críticos con una supuesta ‘mano negra’ de derecha que tendría intenciones desestabilizadoras. En el mejor de los casos los considera ‘idiotas útiles’ de los enemigos del Estado.

El Gobierno considera que las acciones violentas de la guerrilla son resultado de su debilitamiento y su desesperación ante el avance de las tropas oficiales. Pero no existe un reconocimiento del incremento del número y la osadía de sus acciones violentas, ni de su retorno más callado a zonas de las que había sido expulsada en años anteriores por la acción de la Fuerza Pública.

Pero la opinión lo siente y las cifras lo reflejan: hay un deterioro de la situación de seguridad en el país. Pero el Gobierno se empeña en negarlo. Lo grave es que esta negación le impida apreciar objetivamente la situación e introducir los ajustes necesarios a sus políticas de seguridad. Y sin estos ajustes, la situación se seguirá deteriorando, a pesar de que el Gobierno lo siga negando”.

2. Contra las Bacrim, solo Policía

“Los grupos armados, denominados por el Gobierno ‘Bacrim’ o bandas criminales, y por otros llamados neoparamilitares, son una amenaza a la seguridad nacional que no han sido suficientemente comprendidos ni evaluados. Se les considera únicamente como bandas de narcotraficantes, unos aparatos mafiosos que son solamente un problema policial. Pero para combatirlos no se han tenido en cuenta sus estrechas alianzas con los frentes guerrilleros, ni su demostrada capacidad para amenazar y controlar poblaciones y regiones enteras, ni su capacidad de confrontación militar, ni sus estructuras jerarquizadas”.

“Pero en una decisión que pareciera corresponder más a razones ideológicas que prácticas, el Gobierno ha decidido que a estas bandas solamente las perseguirá la Policía Nacional, dejando a un lado la posibilidad de que las Fuerzas Militares también las repriman allí donde se encuentren, con lo cual el Estado se está amarrando a sí mismo una mano que puede ser definitiva para combatirlas con éxito”.

3. La ambigüedad sobre los diálogos de paz

“Las guerrillas están excitadas y han exacerbado sus acciones violentas ante la posibilidad de que el Gobierno acceda a realizar con ella conversaciones de paz. Al mismo tiempo, esta posibilidad desmoraliza a las Fuerzas Militares y desorienta a la opinión pública”.

“El Gobierno ha sido muy ambiguo en el manejo del tema. Primero, en continuidad con los criterios de la anterior administración, planteó que habría diálogos de paz solamente si la guerrilla abandona en forma definitiva y verificable todas sus acciones violentas contra la Fuerza Pública y contra la sociedad civil. Luego bajó sus exigencias a que la guerrilla produjera ‘hechos de paz’. Adicionalmente, impulsa un proyecto de Ley Marco para la Paz que anticipadamente le ofrece suspensión de procesos judiciales, o sea, en plata blanca, impunidad, a los guerrilleros que se desmovilicen, gabela que incluye los delitos atroces o de lesa humanidad. Y, aunque el Gobierno los desmiente, corren los rumores de que hay contactos iniciales para tantear las posibilidades de diálogos con las guerrillas”.

“A nuestro modo de ver antes que generar desbordadas e inmanejables expectativas, el Gobierno debería dejar en claro que sus condiciones son las iniciales: tregua unilateral, incondicional y permanente por parte de la guerrilla, liberación de todos los secuestrados militares, policías y civiles, y cese definitivo de todo tipo de violencia o amenaza contra la población civil. Y si estas ya no son las condiciones, debería dejarlo claro ante el país”.

4. La inseguridad jurídica de la Fuerza Pública

“Las Fuerzas Militares de Colombia son el único ejército en el mundo que combate en un conflicto armado sin contar con fuero militar, institución centenaria que está vigente en la inmensa mayoría de los países democráticos del mundo. Adicionalmente, las recientes reformas al Manual de Derecho Operacional de las Fuerzas Militares han introducido una enorme incertidumbre jurídica y se han convertido en una traba insuperable a su disposición ofensiva”.

“Las consecuencias del desaliento y la desmoralización de la Fuerza Pública en su lucha contra los grupos irregulares se pueden ir acumulando hasta alcanzar niveles catastróficos. Entonces, después de pagar un alto costo en vidas, en bienestar y en seguridad, habrá que hacer lo que no se hizo ahora, pero en circunstancias mucho más difíciles”.

“Se hace necesaria entonces una revisión del Manual para que facilite y dé claridad a las operaciones militares en el marco de la legalidad, para que le dé confianza a las tropas, y no solamente para lograr la aprobación de algunas Organizaciones No Gubernamentales de derechos humanos, llenas de prejuicios sobre nuestras Fuerzas Militares”.

5. La contemporización con Venezuela

“La opinión pública ha aplaudido la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales del gobierno del presiente Juan Manuel Santos con Venezuela. Sin embargo, persisten muchas dudas sobre la sinceridad con que el gobierno del país vecino ha asumido los compromisos binacionales relacionados con la seguridad. A esto se suma la -probable para algunos, pero muy probada para otros- presencia de algunos de los principales líderes de la guerrilla colombiana en territorio venezolano, al parecer con la anuencia de funcionarios gubernamentales de ese país”.

“El punto es que el Gobierno colombiano ha quedado preso de su propio juego. Al ubicar como objetivo fundamental mantener a toda costa buenas relaciones con el gobierno de Chávez para consolidar las relaciones diplomáticas y comerciales, el gobierno colombiano ha tenido que pagar el costo de no poder hacer ningún tipo de presión ni de reclamo público al gobierno venezolano alrededor de los temas de seguridad”.

6. El desgaste de la muerte de cabecillas

“El país ha aplaudido la forma como la Fuerza Pública ha venido descabezando a la cúpula de las Farc, que hasta hace unos años parecía intocable. Sin lugar a dudas, las bajas de los alias ‘Raúl Reyes’, el ‘Mono Jojoy’ y ‘Alfonso Cano’, han constituido notorios éxitos de la contrainsurgencia estatal. Sin embargo, esta estrategia parece estarse agotando gradualmente”.

“En efecto, a pesar de que esas bajas constituyeron duros golpes que temporalmente afectaron la moral y el liderazgo político y militar de la guerrilla, ésta ha demostrado una inusitada capacidad para reconformar sus cuadros de mando y para sobreponerse a esas circunstancias”.

“Lo que preocupa es que esta estrategia de búsqueda de cabecillas u objetivos de alto valor últimamente se ha estado adelantando en detrimento de la búsqueda y destrucción de otros objetivos como los frentes, las columnas y las escuadras de las Farc que son estructuras que continúan operando en muchas zonas del país, a pesar de su debilitamiento y reducción como resultado de la política de seguridad democrática”.

“Mediante la recuperación del fuero militar, es necesario volver a incrementar los niveles de operatividad que tuvieron las Fuerzas Militares en años anteriores, con el fin de aplicar estrategias orientadas a disminuir y neutralizar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla, así como para contener su agazapado retorno a aquellas zonas de donde había sido expulsada, reeditando el esfuerzo para debilitar al máximo y desvertebrar todo tipo de estructuras guerrilleras”.

7. La desaparición de los informantes y los soldados campesinos

“La ejecución masiva del programa ‘Soldados de mi Pueblo’ y el de las ‘Redes de Cooperantes’, explica en buena parte el enorme éxito de la política de seguridad democrática en su propósito de recuperar la soberanía del Estado sobre el territorio (…) sin embargo, a pesar de su éxito, estos programas se han venido a menos y se han prácticamente desmontado. Cierto afán de distanciarse y diferenciarse de la administración anterior está detrás de estos hechos. Pero también cierto temor a ser objeto de las críticas que en su momento hicieron muchas ONG´s de derechos humanos al gobierno de Alvaro Uribe argumentando que esos programas eran formas muy cuestionables y peligrosas de involucrar a la población civil en el conflicto armado”.

“Sería muy conveniente que el Gobierno analizara seriamente la posibilidad de volver a reeditar estos programas que serían muy útiles para contrarrestar el rebrote de las acciones violentas de la guerrilla en buena parte ejecutadas por medio de sus organizaciones de milicias, neutralizar sus planes de recuperar terreno perdido y también para apoyar los programas de consolidación del control territorial que están siendo amenazados precisamente por esta nueva ofensiva de la guerrilla”.

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