El anuncio lo hizo el presidente Juan Manuel Santos desde Riohacha donde encabezó un Consejo de Seguridad en el que participaron autoridades militares y civiles de la región.www.fuerzasmilitares.org (25OCT2013).- El gobierno del presidente Juan Manuel Santos insistirá con su proyecto de reforma del fuero penal militar después que de que una alta corte rechazara una modificación a la constitución aprobada por los parlamentarios.

La decisión de la víspera de la Corte Constitucional fue aplaudida por los activistas de derechos humanos y cuestionada por los uniformados.

La reforma, aprobada por el Congreso en diciembre, fue impulsada por Santos como una forma de blindar a los militares en los estrados de justicia en medio de las negociaciones de paz con la guerrilla de las Farc. Sin embargo, recibió fuertes críticas de las organizaciones de derechos humanos que afirman que los cambios, como crear un nuevo tribunal de garantías para los uniformados, dejan la puerta abierta para que crímenes cometidos por soldados y policías queden en la impunidad.

"Nuestras Fuerzas Armadas tienen todo el respaldo y gratitud del pueblo colombiano y continuaremos abogando por su seguridad jurídica" , dijo Santos este jueves en su cuenta de Twitter.

Más tarde, el presidente aclaró, en un discurso en un acto en el departamento de La Guajira que el nuevo proyecto que presenten no será una reforma completa, sino para conseguir la aprobación de uno de los aspectos que estaba incluido en el texto rechazado por la Corte: la creación de un fondo que ayude a financiar con recursos públicos la defensa de uniformados procesados por delitos cometidos en servicio. No dio la fecha exacta cuando presentarán ese texto al Congreso ni indicó el monto que piensa destinar de las arcas públicas al fondo.

“Quiero ser muy claro: el Fuero Militar existe, existe hoy en día, con o sin reforma, y se hará valer”, afirmó el Presidente Santos

El mandatario dijo además que la fuerza pública sigue a la ofensiva y en combates con la guerrilla de las Farc al sur del país, los militares abatieron a cinco rebeldes y dos soldados murieron.

El senador Juan Manuel Galán, que fue uno de los redactores de la reforma anulada, explicó que el fondo se alimentaría de recursos que destine el gobierno, en un monto que se fije en un decreto y que no alcanzó a ser emitido debido a la decisión de la Corte.

Galán añadió que actualmente en caso de que un uniformado este procesado 50% de su salario se congela y muchas veces los soldados y policías carecen de los recursos para pagar a un abogado que los defienda, de allí la idea de crear ese fondo.

La Corte, máxima instancia para dirimir asuntos de la constitución, examinó la reforma luego de que un grupo de congresistas y activistas denunció que el proceso de aprobación del proyecto había tendido "vicios" en su trámite en el Congreso. Los magistrados aceptaron los argumentos de los demandantes y la reforma quedó anulada.

José Miguel Vivanco, ádirector de la División de las Américas de Human Rights Watch, destacó que mientras el ministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón calificó la víspera la decisión de la corte como un golpe a la moral de los militares, "lo que realmente se hizo fue derogar una reforma que le hubiera dado a las fuerzas armadas licencia para matar".

El gobierno además no ha podido mostrar un solo caso, agregó Vivanco en un correo electrónico, en que un militar hubiera sido injustamente condenado por casos de violaciones a los derechos humanos.

El fallo "fue de un simbolismo enorme... estamos en el momento de la terminación del conflicto y no en su prolongación" , dijo en entrevista telefónica León Valencia, director de la no gubernamental Paz y Reconciliación.

Para las organizaciones de militares en retiro como la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro, el fallo fue un golpe moral a las tropas porque la señal a los uniformados es que están sin protección judicial. "No queremos impunidad, queremos justicia, queremos que los que están siendo procesados sean debidamente procesados, que sean vencidos en juicio" y no por lo que llamó una "justicia politizada" , dijo P el titular de esa Asociación, el general en retiro Jaime Ruiz.

En uno de los artículos de la reforma se enumeraban siete delitos que nunca podrán ser juzgados por las cortes castrenses: lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada, ejecución extrajudicial, violencia sexual, tortura y desplazamiento forzado. Militares en retiro y activistas de derechos humanos han criticado por igual ese aparte, aunque por diversas razones.

Los militares en retiro consideran una ofensa a las filas incluir en la constitución tal enumeración de delitos, mientras para los grupos de derechos humanos el listado deja fuera otros crímenes -como homicidio de persona protegida y detenciones arbitrarias, por ejemplo-, por lo que en el futuro se corría el riesgo de que sean juzgados por las cortes castrenses, más lentas y de pocas condenas, y así queden en la impunidad.

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