Negociadores de paz en La Habanawww.fuerzasmilitares.org (16NOV2013).- Era tal la expectativa por llegar a un acuerdo sobre el segundo punto de la agenda de La Habana, que cuando se hizo público el documento hubo algo de desilusión. Los que creían que se iba a saber si Timochenko, Catatumbo e Iván Márquez iban a ir al Congreso o a la cárcel no tuvieron respuesta.

Lo que hubo más bien fue una carta de buenas intenciones que en términos generales coincidían con los derechos consagrados en la Constitución. Se trataba de planteamientos importantes, pero al mismo tiempo abstractos y sin mayores detalles. Sin embargo, detrás de esos aparentes lugares comunes estaba la piedra angular de todo el proceso de paz. Al gobierno y a las Farc les tomó casi cinco meses y alargar en dos ocasiones la última ronda de conversaciones. 

Pero, más allá de su carácter general y poco específico en detalles, el acuerdo que finalmente anunciaron a las once de la mañana de ese miércoles en el Hotel Palco de La Habana, en torno al segundo punto de la agenda, deja claro que los negociadores del gobierno y la guerrilla lograron encontrar un terreno común en lo que puede considerarse el corazón de la negociación: las Farc aceptan desarmarse y convertirse en movimiento político y el Estado se compromete a impulsar una apertura democrática con las condiciones políticas e ideológicas que garanticen el ejercicio de la oposición en el marco de la institucionalidad. 

Así lo confirma el comunicado conjunto, que anuncia que lo convenido “constituye una apertura democrática en el marco del fin del conflicto”, y afirma que un acuerdo final

“implicará la dejación de armas y la proscripción de la violencia como método de acción política”. Si bien desde el inicio del proceso se sabía que el propósito era ese, lograr pasarlo de una meta idealista a un papel firmado por las dos partes es un avance enorme. 

Este era un punto de partida y un punto de llegada. Si las Farc no aceptaban dejar las armas, el proceso no tenía futuro. Con el segundo punto firmado, las posibilidades de que se llegue a un acuerdo final crecen exponencialmente. Esta es la importancia de lo anunciado en La Habana. El acuerdo en el tema rural logrado en mayo sentó la base programática de la negociación; la firma del segundo punto sienta la base política para darle sustento real a ese acuerdo.

Hace apenas un par de semanas, en medio de un tenso momento en el que todos criticaban el ritmo lento y la ausencia de resultados de la negociación, el presidente Juan Manuel Santos insinuó la posibilidad de una pausa o una ruptura. El presidente, que había dicho que esperaba culminar la negociación en noviembre, estaba impaciente y quería, al menos, un acuerdo sobre el punto dos, antes de terminar el mes.  

En la alocución televisada en la que celebró el acuerdo el mismo miércoles a Santos le fue bien. Fue convincente y concreto. A tal punto que fue bien recibido el anuncio de que “no es momento de parar sino todo lo contrario”. 

Y agregó: “Sería irresponsable romper o hacer una pausa cuando estamos logrando avances reales”. Los tiempos de la negociación no le permitieron cumplir con el propósito de no mezclar proceso de paz con proceso electoral. Ante esta circunstancia, ya lo más conveniente era seguir con el proceso, pues en una pausa de algunos meses cualquier cosa podría pasar. 

 

Lo pactado

¿En qué consiste el acuerdo? Sergio Jaramillo, alto comisionado para la Paz, explicó para SEMANA sus puntos, dividiéndolos en tres partes.

La primera, dice, “tiene que ver con un pacto fundamental en la sociedad: nunca más política y armas juntas. Es un pacto de doble vía: los que están en armas dejan de usarlas y juegan con las reglas de la democracia; y el Estado asegura que ni ellos ni en general quienes están en la política serán objeto de la violencia. Hay que dignificar la política para construir la paz”. 

En este marco se acordó buscar un mecanismo para pactar con los partidos políticos un Estatuto de la Oposición, efectivo y real. Esta garantía, que parecería obvia, en realidad estaba consagrada en la Constitución de 1991, pero nunca se aplicó. Para que no se repitan sucesos trágicos como el exterminio de la Unión Patriótica, ese estatuto debe estar complementado con un sistema que garantice la seguridad personal de los miembros de las Farc que hagan política así como de los partidos a que pertenezcan y del ejercicio de la oposición en general. 

El segundo bloque de acuerdos está destinado, según el alto comisionado, a reforzar la participación ciudadana . Esto incluirá aspectos como la rendición de cuentas de las autoridades a sus comunidades, la promoción de veedurías y observatorios, el establecimiento de una red de Consejos para la Reconciliación y la Convivencia y una revisión del sistema de planeación participativa.

“Todos estos mecanismos son necesarios para la implementación de los acuerdos en las regiones y de lo acordado en el punto 1, sobre desarrollo rural”, dice Jaramillo.  

 Por último, se convino una serie de medidas que componen una “nueva apertura democrática”, como la llamó Humberto de la Calle. Para facilitar la creación de nuevos partidos se convino no exigirles alcanzar el umbral electoral como requisito para reconocerles su personería jurídica.

Igualmente se pactó una fase de transición de ocho años en la que estas nuevas agrupaciones contarán con apoyos del Estado y espacios en los medios de comunicación para divulgar sus programas. En cuanto a la financiación, se definió que se haría un reparto más equitativo de los recursos que el Estado les entrega a los partidos. 

Uno de los puntos más concretos del documento es la creación de una serie de circunscripciones transitorias especiales de paz para dar a las regiones más afectadas por el conflicto y más abandonadas por el Estado una representación suplementaria a la que ya tienen en la Cámara de Representantes. 

“No hemos acordado ni el número de zonas ni el tiempo de duración de esas circunscripciones”, afirma Jaramillo. Es evidente que la mayoría coincidirá con las regiones donde históricamente las Farc han sido más fuertes.

El argumento es que en estas zonas hay tanta miseria y tal ausencia del Estado, que les han permitido a las Farc ejercer su influencia. Vale la pena resaltar que no se trata de curules otorgadas en forma automática como en pasadas desmovilizaciones, sino de la creación de espacios democráticos donde las regiones tendrán una mayor representatividad, que a mediano plazo debería traducirse en beneficios concretos. 

Las nuevas fuerzas políticas, desarmadas y desmovilizadas, competirán sin ventaja y bajo mecanismos de supervisión y seguridad con las fuerzas políticas tradicionales por esas curules especiales. 

Además, se acordó llevar a cabo reformas de fondo en el sistema electoral para aumentar la transparencia y evitar el fraude. Para este efecto se reforzará la Unidad de Delitos Electorales en la Fiscalía, se crearán tribunales de garantías para las zonas de alto riesgo y se promoverá el voto electrónico. 

Para que Colombia llegue al estándar de calidad en las urnas comparable a los de los países del primer mundo se invitará a una misión de expertos encargada de hacer “una revisión integral de la organización y el régimen electoral”.

 

Preguntas

A pesar del tono grandilocuente del documento, por lo general se trata de planteamientos bastante abstractos con los cuales es casi imposible estar en desacuerdo. No obstante, en esa etapa del proceso es difícil tener cosas más concretas. Puede haber temas acordados que no se mencionan porque no es todavía el momento. 

Aunque los planteamientos abstractos pueden llegar a desilusionar, los concretos pueden llegar a indignar mientras no se presenten dentro de un contexto integral. El gobierno y las Farc han tenido que hacer un ejercicio de equilibristas para no malograr los avances conquistados. Por lo anterior, el alcance de muchos enunciados no se sabrá sino posteriormente. 

Por ejemplo, ¿en qué consistirá la “revisión integral” del régimen electoral y quién y cómo escogerá los “expertos” que la definirán? ¿Cómo será el “sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política”? ¿Qué modificaciones al régimen político habrá detrás de fórmulas generales como esta: “Se harán cambios institucionales para facilitar la constitución de partidos políticos y el tránsito de organizaciones y movimientos sociales con vocación política para su constitución como partidos o movimientos políticos”? En esa carta de buenas intenciones lo importante no acaba siendo el ‘qué’ sino el ‘cómo’, y ese no se sabrá sino más tarde cuando se conozca el texto del acuerdo final. 

Lo anterior puede explicar también decisiones de aplazar para los próximos puntos temas espinosos, como la discusión sobre la asignación de curules a las Farc en el Congreso y cuáles de sus jefes podrán participar en política y cuáles no. Por otra parte, en el caso de algunas reformas sustanciales, como el Estatuto de la Oposición y cambios a las reglas de juego electorales, las partes asumieron que estos no se pueden pactar en La Habana y acordaron que sean estructurados con representantes de los partidos y la sociedad. 

Otros puntos acordados despiertan interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo planea el Estado garantizar la seguridad de los desmovilizados, la oposición y las organizaciones sociales en regiones donde ha estado ausente por décadas, invadidas por el narcotráfico y las bandas criminales? Una falla en esto puede echar por tierra la aplicación de los acuerdos. 

¿Cómo se evitará en el terreno que la corrupción, las redes de clientelismo tradicionales o grupos de desmovilizados que conserven su capacidad de intimidación (o eventuales disidencias armadas) capturen la incipiente apertura democrática en las regiones?

Estos son, entre otros, algunos de los retos que tendrá la aplicación de lo pactado, en caso de un acuerdo final. Tanto el gobierno como las Farc asumen que en la Mesa no se puede definir todo a espaldas del país y que deben tener en cuenta las complejidades de una opinión pública aún escéptica.

 

Bienvenido

Las reacciones al anuncio del acuerdo fueron las previsibles. Todos los miembros de la Mesa de Unidad Nacional lo apoyaron, mientras que el uribismo lo rechazó y lo minimizó. En organismos de control tampoco nadie cambió de opinión. 

El fiscal, Eduardo Montealegre, lo apoyó y tal vez se apresuró al declarar que ningún guerrillero tiene condenas por delitos de lesa humanidad, esto puede ser verdad pero la mayoría de ellos tiene procesos por esos cargos. El procurador, Alejandro Ordóñez, no pudo ocultar su escepticismo y dijo: “No entiendo el alboroto, no entiendo el entusiasmo, no entiendo en qué consisten los avances, lo que se pactó no es nada nuevo”.

Congresistas y líderes políticos, desde la izquierda hasta la Unidad Nacional, lo celebraron, al igual que la gran mayoría de analistas, expertos, ‘pazólogos’ y ONG. Naciones Unidas y Nicolás Maduro felicitaron a las partes. El expresidente del gobierno español Felipe González lo declaró “un paso que puede hacer irreversible el proceso de paz”. Hasta el comandante del Ejército, Juan Pablo Rodríguez, en una inusual declaración, dijo que “si las Farc trabajan dentro de la sociedad civil, dentro del marco legal, tenemos que garantizar sus derechos y libertades”.

El rechazo del uribismo fue contundente. “Negociar las normas de oposición política con el terrorismo es inaceptable en la democracia colombiana”, trinó el expresidente Uribe. Su candidato, Óscar Iván Zuluaga, habló de farsa y trinó a su vez: “Juan Manuel Santos quiere a los ministros de Álvaro Uribe (excompañeros suyos) en la cárcel y a los terroristas de las Farc en el Congreso”. 

Sin embargo, es evidente que, salvo los enemigos del proceso, todos entienden el significado de fondo que tiene haber llegado a acuerdos en este punto y el segundo aire que le dan a la negociación. 

 Ambas partes pueden darse por satisfechas. Las Farc, por el reconocimiento que hace el Estado de la necesidad de ampliar la democracia y proteger y no estigmatizar la oposición y la protesta. “Lo primero que está por resolverse –dijo Iván Márquez al informar sobre el acuerdo– es la necesidad de que en nuestra patria se respete el derecho a la vida, a la diferencia, a la opción política, a la no estigmatización, y se puedan debatir las ideas sin temor a ser asesinado, perseguido, desaparecido o criminalizado”. 

El gobierno, por su parte, consigue que se ratifique que el puerto de llegada es la dejación de armas y el presidente logra finalmente un resultado que, a pocos días de anunciar su reelección, le cae como anillo al dedo para reforzar la credibilidad de su principal bandera: la paz negociada.

El acuerdo no hace el proceso irreversible. Un bombazo o un gran atentado de las Farc podrían descarrilarlo, o un salto electoral del uribismo podría poner la negociación entre la espada y la pared. Faltan, además, puntos muy complejos. 

Como narcotráfico, cuya discusión arranca el próximo 18 de noviembre (¿van a hablar solo de cultivos y sustitución o también de rutas y laboratorios?). O víctimas. O los impedimentos judiciales de los jefes de la guerrilla para participar en política. O cómo será la dejación de las armas. 

Además, el gobierno y las Farc deben contar con una opinión pública que sigue dividida respecto al proceso y reacia a ‘tragar sapos’. Una reciente encuesta de la Universidad de los Andes y Barómetro de las Américas ratificó que si bien el 54 por ciento de la gente apoya la salida negociada, más del 76 por ciento rechaza que los guerrilleros desmovilizados participen en política y casi la mitad no aceptaría el resultado si uno de ellos gana las elecciones en su región. Incluso en las zonas más golpeadas por el conflicto, estas proporciones son similares. 

Aun con estas reservas, la gran conclusión que deja el miércoles 6 de noviembre es muy positiva. El acuerdo logrado en participación política pone la locomotora de la paz a rodar sobre rieles mucho más firmes y, aunque aún muy distante, la estación de llegada ya asoma en el horizonte.

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