Eduardo Montealegrewww.fuerzasmilitares.org (05FEB2014).- El capítulo de las ‘chuzadas’ a los negociadores del equipo de Gobierno en el proceso de paz y que se gestó en una casa del sector residencial del barrio Galerías, en el occidente de Bogotá y revelado por Semana.com, empezó a ser investigado en las más altas instancias. En la tarde de este martes, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, visitó al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, para iniciar la búsqueda de los responsables.

En la reunión también asisten el  mayor general Leonardo Barrero comandante de la Fuerzas Militares y el comandante del Ejército general Juan Pablo Rodríguez. También el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo.

La noticia movió por completo la agenda de algunos funcionarios del gobierno y a otros del campo judicial. Es el caso de Montealegre quien cambió su agenda tan pronto leyó Semana.com. En la mañana se reunió con el vicepresidente Angelino Garzón para tratar este tema.

El vicepresidente le dijo a la emisora Blu radio: “Eso me parece muy grave. Esa es una actividad ilegal y violatoria de los Derechos Humanos. Esos militares ya estaban bien grandecitos y sabían que estaban incurriendo en una actividad ilegal que va contra la Constitución y contra los esfuerzos de paz del presidente Juan Manuel Santos”.

La cita entre Montealegre y Pinzón es crucial. Los dos deben abordar a fondo el tema sobre estas irregularidades. El primero debe establecer desde el fondo del Ejército quién es o son los responsables de ‘chuzar’ a la delegación del gobierno en La Habana. Mientras que la Fiscalía deberá agilizar las investigaciones judiciales, entre otras, de los computadores que recogieron en un allanamiento hace 10 días en el lugar de Galerías que sirvió como fachada.

Antes de esta reunión el ministro le pidió al comandante del Ejército, general Juan Pablo Rodríguez, investigar esta situación que es considerada en el alto gobierno como de “extrema gravedad” ya que las filtraciones fueron hechas al jefe del equipo negociador del Gobierno, Humberto de la Calle; el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo; y el director de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), Alejandro Eder. Todos hombres de absoluta confianza del presidente Santos.

Según la investigación de Semana.com, el local usado como fachada funcionaba desde el 12 de septiembre del 2012, ocho días después de que el presidente, Juan Manuel Santos, confirmara al país que su Gobierno había iniciado contactos con las FARC para negociar un acuerdo de paz.

Durante la investigación, la revista consultó más de 25 fuentes, entre ellas agencias de inteligencia estadounidense, altos mandos del Ejército, militares de inteligencia y contrainteligencia, y altos funcionarios del Estado, entre otros.

El batallón al que pertenece el capitán involucrado hace parte de la Central de Inteligencia Técnica del Ejército (Citec) que a su vez es una de las columnas vertebrales de la Dirección de Inteligencia Militar (Dinte), agrega la revista.

En la Citec se gestó parte de la “Operación Jaque” que en julio de 2008 rescató a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y varios militares que llevaban a los secuestrados por las FARC.

EFE