Corte Constitucionalwww.fuerzasmilitares.org (06FEB2014).- A raíz del nuevo escándalo de ‘chuzadas’ en el país, la Corte Constitucional solicitó al Gobierno Nacional, al Congreso, a la Fuerza Pública, a la Fiscalía y a la Procuraduría General de la Nación, que asuman las responsabilidades a que haya lugar y se den las investigaciones de rigor. 

Tras discutirlo en Sala Plena, la Corte expidió un comunicado en el que solicita a todas las autoridades competentes en este caso, dentro de sus funciones en materia de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, “asuman las responsabilidades del caso así como inicien y culminen pronta y eficazmente las investigaciones en orden a cumplir y vigilar la garantía efectiva de las libertades ciudadanas”. La Corte, además, recordó que las autoridades públicas deben ceñirse estrictamente a la Constitución y la ley e indicó que la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) tiene como objeto poner fin a las interceptaciones ilegales y “evitar que se vuelvan a presentar episodios que afectan derechos constitucionales como la intimidad, la seguridad, el buen nombre, el hábeas data, el principio de legalidad, el debido proceso y el derecho de defensa”. La Corporación recordó que dicha ley también fijó límites y fines a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, creando una Comisión Legal de Seguimiento a fin de proteger derechos, por lo que las interceptaciones que se realicen deben contar con orden judicial. 

“La Corte fue enfática en señalar que las atribuciones de los organismos de inteligencia y contrainteligencia deben desarrollarse estrictamente en el marco de la Constitución, el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. De ahí que la interceptación o registro de comunicaciones deban estar precedidos de orden judicial, por motivos previamente definidos en la ley y bajo las formalidades legales”, dice el comunicado. 

Igualmente, al Corte Constitucional señaló que en ningún caso la información debe ser recolectada, procesada o diseminada por razones de género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos, o para promover los intereses de cualquier partido o movimiento político o para afectar los derechos y garantías de los partidos políticos de oposición. 

Por último, la Corte reivindicó la importancia de los medios de comunicación para la existencia de la democracia, “toda vez que una prensa libre contribuye de manera decisiva a la formación de la opinión pública y actúa como instancia de control sobre los poderes públicos y privados”. 

eluniversal.com.co