Gustavo Petrowww.fuerzasmilitares.org (13FEB2014).- Esta fue otra semana con una agenda marcada por el efecto Petro. Mientras el Consejo de Estado comenzaba a discutir las tutelas que se interpusieron para frenar la destitución del alcalde y el Consejo Superior de la Judicatura hacía lo propio, la noticia de la Registraduría sobre el aplazamiento de las votaciones para confirmar o revocar al mandatario cayeron como baldado de agua fría en el Palacio Liévano. “Lo que está pasando es muy grave. Es una triquiñuela más en busca de que el Consejo de Estado tenga chance de fallar en contra del alcalde. La verdad, tienen huevo”, le dijo a este diario, notoriamente ofuscado, un cercano asesor de Petro.

Hasta el pasado martes a las 6:00 de la tarde, hora en que se conoció el anuncio de la Registraduría, Gustavo Petro y sus abogados sólo pensaban en las estrategias adecuadas para que el alcalde lograra terminar su período. El martes en la tarde hubo una larga reunión en la que participaron Petro, sus representantes ante el sistema interamericano y sus abogados ante el Consejo de Estado y la Judicatura. Se habló, incluso, de la posibilidad de que la Superintendencia de Industria le imponga una multa de $62.000 millones al mandatario por, supuestamente, haber obstruido la libre competencia en el manejo de las basuras en la ciudad. Uno de los argumentos de la Procuraduría para sancionarlo.

Desde el pasado 9 de diciembre, día en que el procurador Alejandro Ordóñez indicó que Gustavo Petro Urrego había sido destituido e inhabilitado por 15 años, los abogados de éste han invertido sus días y sus noches en hallar caminos legales para que continúe en el Palacio Liévano. Su prioridad era conseguir que el electorado se pronunciara en las urnas antes de que lo hicieran las altas cortes con algún fallo. Petro y los suyos le temen, en especial, al Consejo de Estado, que consideran “la casa” del procurador. Aseguran incluso que Ordóñez ha tenido reuniones y desayunos con consejeros de Estado. Fuentes del alto tribunal lo niegan.

Pero ahora, con la determinación de la Registraduría de aplazar las votaciones, el pesimismo se ha vuelto una especie de niebla que ha empezado a crecer entre los petristas. “Se esfuman por completo las garantías políticas en Colombia. Quienes juegan con la democracia sólo le abren el paso a la violencia”, expresó el alcalde en su cuenta de Twitter. De igual manera piensan sus allegados, quienes manifiestan que la decisión de la Registraduría “no es cuestión de plata sino de intereses políticos”. Aseguran que el registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, es contradictorio, porque apenas dos días atrás había asegurado que el viernes de esta semana era el plazo máximo. Dicen que no saben qué pensar.

De cualquier manera, los petristas aseveran que no se sentarán a cruzarse de brazos. Ya se decidió, entre otras cosas, que los abogados del alcalde viajarán a Washington lo más pronto posible para hablar de nuevo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual Petro le solicitó medidas cautelares frente a la supuesta persecución ideológica por parte del procurador. Están buscando, además, concertar citas con congresistas estadounidenses demócratas y “personalidades del mundo de los derechos humanos”, con quienes, piensan, se podría visibilizar la situación del alcalde. “Aquí en Colombia ya no hay nada más que polarización”, reclaman.

En medio de tanta desesperanza, no obstante, una decisión judicial conocida ayer fue recibida por Petro y los suyos como una luz al final del túnel: el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá estableció la legalidad del decreto 564 de 2012, el mismo que usó Petro para cambiar el modelo de recolección de basuras y que, según la Procuraduría, Petro no podía emitir. El decreto había sido demandado por el concejal Orlando Parada, pero, según el Juzgado, no rompió norma alguna y, además, “los Municipios y los Distritos tienen la facultad de reglar y contratar lo pertinente a la prestación del servicio de aseo”. En otras palabras, hasta ahora, donde la Procuraduría vio faltas, la justicia no ve delitos.

Ayer, en entrevista con W Radio, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló: “El problema no es de la Registraduría ni del Ministerio de Hacienda: hay un tema político. Esto está muy cargado y hay mucho interés de un lado y de otro”.

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