Imagen de archivowww.fuerzasmilitares.org (02ABR2014).- La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación, representada la Rama Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura, por el crimen del juez promiscuo municipal de Cumbal (Nariño) registrado el 18 de febrero de 1998 a manos de miembros de la guerrilla de las Farc cuando salía de un establecimiento comercial.

El alto tribunal tuvo en cuenta el hecho de que el funcionario judicial había recibido varias amenazas en contra de su integridad personal y su vida. Los hechos tenían referencia a la decisión que había tomado cuatro meses antes de condenar y enviar a la prisión a tres guerrilleros por inasistencia alimentaria.

El 7 de enero, los subversivos del frente 29 se fugaron de su lugar de reclusión, y mediante un funcionario del Inpec le enviaron una serie amenazas al juez promiscuo en el que le daban un plazo para revocar su decisión. Ante esto el funcionario judicial le solicitó al Tribunal Superior de Pasto que le brindara las medidas de protección y seguridad con el fin de seguir ejerciendo su cargo.

“(…) Al día siguiente regresaron manifestando ser del ELN para averiguar sobre el lugar de habitación del juez y del Fiscal; el juez estaba en vacaciones y dejaron el mensaje que en quince días, a partir del 13 de enero, resolviera favorablemente la situación jurídica de los liberados o abandonara el municipio de lo contrario sería declarado objetivo militar”, precisa uno de los apartes de la demanda presentada por la esposa y el hijo del administrador de justicia.

Sin embargo el Tribunal ordenó su traslado al municipio de San Lorenzo, acto que rechazó debido al alto riesgo que existía, el difícil acceso al mismo y el hecho de que iría en provisionalidad. Los guerrilleros cumplieron su amenaza y a las 8 y 30 de la noche del 18 de febrero le propinaron siete disparos causándole la muerte inmediata.

En el debate jurídico, el Consejo de Estado tuvo en cuenta los diferentes escritos presentados por el juez ante el Tribunal en el cual daba a conocer que estaba en riesgo por las constantes amenazas que había recibido en su despacho, por lo que pedía protección de los organismos del Estado. Además de la denuncia presentada ante la Policía sobre un atentado fallido en el marco de una toma guerrillera al municipio.

“Por tales razones se observa que es a partir del desconocimiento de los deberes normativos de protección de la vida e integridad física de los ciudadanos analizando en cada caso en concreto, que se deriva de la responsabilidad del Estado ya que si bien, desde una perspectiva material el acto dañoso puede corresponder al hecho de un tercero que es ajeno a las autoridades públicas, no menos cierto es que, a partir de criterios normativos de atribución, se pueda afirmar que no evitar el resultado lesivo equivale a la realización del mismo”, resalta una de las apreciaciones hechas por el tribunal de lo contencioso administrativo.

El Consejo de Estado citó decisiones del mismo tribunal y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) frente a la responsabilidad del Estado para proteger a los funcionarios judiciales y servidores públicos, principalmente si estos alertan sobre amenazas y atentados en su contra y la de sus familiares. “Adoptar medidas de prevención en razón a la carga social que asume al desarrollar sus actividades, esto implica exigir un despliegue de medidas de cuidado más allá de la diligencia debida, como tradicionalmente ha sido concebida”.

“Estos hechos se ven agravados cuando el sujeto pasivo de las amenazas es un servidor público que se encuentra cumpliendo con una actividad de cargo del Estado, quien además debe brindar en todo momento las condiciones necesarias para que la labor se desempeñe a cabalidad y de conformidad con los postulados legales y constitucionales,debe garantizar los derechos fundamentales de estas personas y de quienes conforman su núcleo familiar”, precisa el fallo de 63 páginas.

En este punto se indica que a todos los funcionarios judiciales que tengan relación con los hechos enmarcados dentro del conflicto armado colombiano interno les es aplicable el principio democrático de ejercer su profesión de manera libre y en igualdad de condiciones y en el marco del respeto de los derechos constitucionalmente reconocidos.

Con esta decisión se modificó el fallo emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo de Nariño el 13 de febrero de 2004.

Omisión de las autoridades

Pese a las constantes denuncias presentadas por el juez, el Consejo de Estado consideró que no se tomaron las medidas correspondientes para proteger, garantizar su seguridad y brindarle la asesoría en esta situación de riesgo para su vida e integridad personal pese a que el Consejo Superior de la Judicatura cuenta con las herramientas para organizar un programa de prevención y protección de los derechos a la vida y libertad.

En el caso materia de estudio se estableció además que pese a que estas denuncias fueron puestas en conocimiento de la Policía para que le brindara la respectiva protección al juez promiscuo la Institución le tiró la bola al Ejército que manifestó cuestiones de jurisdicción de sus batallones para prestar las tareas dirigidas al otorgamiento de seguridad.

“No es posible afirmar que el sub lite se haya dado el cumplimiento de los deberes radicados en cabeza del Consejo Superior de la Judicatura, como ente administrador de la Rama Judicial atinente a la protección de sus servidores públicos”, precisa la sentencia en la que se indica además que no se tomaron las medidas tendientes a la protección y salvaguarda de la vida e integridad física del funcionario y de su familia.

En la parte resolutiva, el Consejo de Estado solicitó que por medio de los canales diplomáticos una copia del fallo sea puesto en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como al Centro de Memoria Histórica para que “repose dentro de los archivos que dicha entidad tenga respecto al conflicto armado interno”.

Igualmente se le ordenó a la Fiscalía General establecer si existen méritos para continuar con la investigación contra los miembros de grupos armados ilegales, bandas criminales, o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por estos hechos “todo con el objetivo de ofrecer verdad, justicia y reparación a los familiares de la víctima, y como medio de reconciliación”.

“Como se produjo la violación de normas de derecho internacional de los derechos humanos por la muerte violenta del juez se recomendará, si lo considera pertinente el Estado, se solicite una relatoría o informe ante las instancias internacionales del sistema interamericano de derechos humanos, de las Naciones Unidas por los hechos ocurridos, especialmente para que se determine si hubo la participación de sujetos privados como grupos armados insurgentes, para establecer las potenciales responsabilidad en el ordenamiento penal interno, y dado el caso en el ordenamiento jurídico internacional que proceda”, precisa la sentencia.

El alto tribunal busca que con esta sentencia se siente un precedente para que este tipo de hechos no se repitan por lo que le solicitará a los organismos del Estado que determine si procede la protección cautelar para los jueces “que se encuentran expuestos a riesgos para su seguridad e integridad personal, y en caso de no procederse a ello, el Estado de Colombia debe solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por los canales diplomáticos ordinarios, examinar y ordenar la aplicación de las medidas cautelares procedentes conforme a las normas interamericanas de protección de los derechos humanos, para garantizar la integridad y seguridad de los jueces que como la víctima se encuentran expuestos a los riesgos del conflicto armado interno, y en caso de concretarse la comisión de crímenes de lesa humanidad se adelanten las investigaciones ante las instancias nacionales e internacionales a las que haya lugar”.

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