Imagen de archivowww.fuerzasmilitares.org (25ABR2014).- Hace poco más de un mes las imágenes de chigüiros sedientos y calcinados, amontonados en charcas, en esteros áridos y pálidos, conmovieron a Colombia. Tal mortandad, que en números fue de 6.000 animales según Corporinoquia, recordó a algunos una masacre que hubo hace casi 15 años en torno a un negocio esencial en la economía de la región: el consumo de este roedor. Aquella vez, de un tajo y de manera ilegal, sacrificaron, con auspicio del Ministerio del Medio Ambiente, 10.000 ejemplares.

La historia, registrada en la revista Cromos, arrancó el 16 de marzo de 2000 con un documento firmado por Juan Mayr, encargado de la cartera y hoy embajador en Alemania. Con él, dio luz verde a la exportación de cien mil kilos de esta carne hacia Venezuela, donde, justamente, en Semana Santa, secada al sol o salada, es muy apetecida. Cálculos someros hechos por el Instituto Humboldt en un estudio de 2006, que surgió a raíz de tal polémica, aseguran que anualmente Colombia enviaba a ese mercado entre 120.000 y 150.000 chigüiros.

Pero aquella vez Mayr, convencido de que la carne provenía de zoocriaderos autorizados, estampó su sello sin saber que, en verdad, los animales habían sido sacrificados en uno inexistente. De eso se percataron días después agentes del DAS, al decomisar 2.800 kilos que salían de Casanare, aun cuando el Ministerio había autorizado la operación a través de Arauca.

El hallazgo, sin embargo, llegó demasiado tarde: ya miles de toneladas de cecina, transportadas en 49 aviones C-206 y 15 DC-3, habían aterrizado en el país vecino. La maniobra dejó a los traficantes ganancias por $1.500 millones.

Este incidente marcó el inicio de un tropezado proceso para aprovechar la especie de manera legal y sostenible, tal y como lo habían logrado La Aurora, en Hato Corozal, Casanare, y Canadá, en Arauca, dos de los principales zoocriaderos de Colombia.

Luego de que saliera a la luz pública la masacre de los 10.000 chigüiros, según cuenta Saulo Orduz, de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquia, al Ministerio de Ambiente no le quedó otra alternativa que suspender la caza de estos animales, autorizada por el Inderena, a través de la Resolución 017 de 1987. En ese documento se aprobaron, con licencias y permisos previos, los programas de zoocría intensivos y semiextensivos. Esta última, que permitía la captura de máximo 15.000 ejemplares silvestres al año, fue la modalidad que se aplicó en el Llano.

Tras semejante percance, en 2001 empezó una investigación para esclarecer el comportamiento, beneficio y posible comercio de la especie. En ella participaron entidades como el Humboldt, la U. Nacional, la U. de los Llanos, corporaciones autónomas y el Ministerio.

Y, justo allí, renacieron las esperanzas de los ganaderos que, entre sus hatos, veían cómo se empezaban a multiplicar esos animales que por año pueden tener máximo dos partos, cada uno con cuatro, seis y hasta ocho crías.

“Se crearon —recuerda Orduz— cinco asociaciones y los finqueros, con apoyo de la Gobernación, empezaron a hacer obras de adecuación para el agua de los chigüiros. En últimas, todos apoyaron el mejoramiento del hábitat para que se reprodujeran más rápido”.

Incluso, en vista de que el cuero era tan apetecido en ciertos países, le llevaron cien pieles a la diseñadora Silvia Tcherassi y viajaron hasta Italia para promocionar la buena calidad del roedor llanero. Ese país, de acuerdo con el documento publicado por el Humboldt, pagó por el material en 2003, US$15,7 millones; y Argentina, con una de las industrias mejor posicionadas, recibió US$59 millones. En 2002 había obtenido US$98,6 millones.

Pero todas las expectativas de negocio de Arauca y Casanare, donde en municipios como Paz de Ariporo (el mismo de la cruel sequía) había en promedio 4,5 ejemplares por hectárea, se derrumbaron de un tajo. Cuando todo parecía indicar que con un decreto —el 4688 de 2005— el Gobierno reanudaba el mercado, un artículo involucraba el Ministerio de Protección Social y éste detuvo el proceso. Y de nuevo volvieron las reuniones y los análisis de sanidad.

“Ante el desconocimiento de la situación por parte del Ministerio y del ICA, sólo hasta 2009 salió una resolución que hasta ahora no ha sido firmada”, dice Germán Vargas, antiguo administrador de La Aurora, quien en 2005, cuando se vencieron los cupos de aprovechamiento, cerró el negocio. Allí, en total, de forma legal, se sacrificaron en total unos 60 mil individuos.

En 2013 esas resoluciones, que habían estado ya olvidadas, se modificaron levemente y, como cuenta Orduz, quedaron, otra vez, listas para firma. En ellas, como conoció El Espectador, se detalla con precisión todo lo que tiene ver con el proceso y los requisitos que deben seguir los zoocriaderos: desde cómo deben ser la ventilación, la deposición de residuos y los sistemas de drenaje, hasta la prohibición del uso de maquillaje o esmalte por parte de los empleados y los grados centígrados a los que debe estar congelada la carne.

Todo ese eterno proceso de casi una década ha transformado de manera radical la percepción de muchos ganaderos hacia esta especie: pasó de ser un bien económico en los noventa, al que debían cuidar y mantener, a un tipo de plaga que compite con el ganado por los forrajes y los pocos cuerpos de agua.

“Ahora —explica Carlos Romero, ingeniero agrónomo que trabaja en la zona— los ven como un enemigo porque defecan, orinan, se aparean y hasta mueren en esos esteros. Y es usual que asocien el agua que las vacas beben de estos pozos a las diarreas negras que contrae el ganado”.

La percepción, en palabras de Vargas, sería otra si el Ministerio de Salud y el ICA resolvieran de una vez por todas un par de resoluciones a las que sólo les falta la firma y desde hace unos años están atascadas en algún fólder. Y así, seguramente, dice, muchos de los ganaderos, al ver semejante sequía, hubiesen evitado la muerte de miles de chigüiros.

Aunque, claro, el tráfico jamás se detuvo. “Aún hoy, y más en Semana Santa, es posible hallar carne en uno que otro furgón. Una vez decomisamos 120 animales que iban para Venezuela y tuvimos que repartir aquí. Y no, hasta Bogotá es muy improbable que llegue esa mercancía, porque ese comercio está prohibido”.

Lo cierto detrás de toda esta polémica, al parecer, como dijo Brigitte Baptiste, directora del Instituto Humboldt, en una entrevista a prensaverde.org, es que los chigüiros no están amenazados, como han querido hacer creer algunos y, por ahora, no se van a extinguir. Sólo que, parafraseándola, para los colombianos la forma como opera la biodiversidad es una sorpresa porque los referentes de naturaleza han sido televisivos. “Pero este año —concluye— todos descubrimos el Casanare y lo que significa tener un ecosistema como los Llanos”.

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