Juan Manuel Santoswww.fuerzasmilitares.org (24ABR2014).- Lo dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos en relación con el fallo de tutela del Tribunal de Bogotá que le ordenó restituir en su cargo al alcalde Gustavo Petro: “Creo que esta es una oportunidad para que todos reflexionemos acerca de la regulación del ejercicio de los mecanismos de defensa judicial y del uso de la tutela. En este caso, su uso indiscriminado puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”.

No es la primera vez que se habla del asunto y han sido múltiples los intentos —todos sin éxito— por reformar el mecanismo. El argumento ha sido casi siempre el mismo: ponerle freno a la llamada “tutelitis” —o “tutelatón”, en el caso de la destitución de Petro— que ha implicado un supuesto desborde en su implementación. El lío es que, siendo uno de los instrumentos más efectivos para la defensa de los derechos fundamentales de la gente, lo que le ha valido el aprecio de los colombianos, cada que se menciona la posibilidad de hacerle ajustes se prenden las alarmas de sus defensores a ultranza.

De hecho, el antecedente más inmediato está en la fallida reforma a la justicia del mismo gobierno Santos. En ella se trató de justificar una reforma para cuando la tutela se ejerce contra providencias judiciales, con el fin de evitar que se sigan presentando los llamados “choques de trenes” entre las altas cortes, su procedencia —qué puede ser tutelado y qué no— y, finalmente, qué mecanismos pueden controvertir las decisiones judiciales sobre esta materia. Y se argumentó que el objetivo debía ser acabar con la congestión en los despachos.

Ahora el jefe de Estado vuelve a poner el tema sobre la mesa, con una postura que incluso tiene el respaldo de Óscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático de Álvaro Uribe —su más enconado opositor político—. Según Zuluaga, la decisión de la justicia en el caso del alcalde Petro envía una señal de inestabilidad e incertidumbre al país y demuestra la crisis de la justicia que amerita, sin duda, una reforma. Por eso anunció que si llega al poder presentará su respectiva reforma.

Un reciente estudio encargado por el Ministerio de Justicia a la Universidad de los Andes —liderado por Isabel Cristina Jaramillo Sierra y Diego López Medina— concluye que, si bien la acción de tutela ha sido importante como forma de acceso a la justicia, se necesita una reforma. Según el documento, a pesar de que los ciudadanos están usando hoy la tutela para lo que debe ser, las normas del decreto original (2591 de 1991) no reflejan cómo opera el mecanismo en términos generales: “Para mantener la tutela y que los ciudadanos entiendan cómo es que funciona, habría que reformar en varios puntos ese decreto”, dice.

Una tesis acorde con la de los investigadores Mauricio García Villegas y Rodrigo Uprimny, quienes en su estudio La reforma a la tutela, ¿ajuste o desmonte?, advierten que, efectivamente, falta claridad sobre el alcance de los derechos fundamentales y la ausencia de una fuerza vinculante clara de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia. Además, sugieren expedir leyes estatutarias sobre los derechos que más demandas de tutela generan y que más controversia hayan suscitado.

“Estas leyes estatuarias, basadas en los criterios y subreglas jurisprudenciales elaboradas por la propia Corte Constitucional, no sólo tendrían clara fuerza vinculante sino que darían mayor seguridad jurídica sobre el alcance de los derechos fundamentales, evitando litigios innecesarios. Pero eso no es todo: ese procedimiento permitiría además que el propio Congreso debata el tema de los derechos fundamentales, lo cual es importante, pues los jueces distan de tener el monopolio de estas discusiones”, sostienen García y Uprimny. Eso sí, hasta ahora está demostrado que el Legislativo prefiere no meterse en esa camisa de once varas.

Ahora, es claro que en el caso Petro hay que considerar otras aristas de tipo político, muy diferentes a lo que tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales. Por eso hay quienes creen que, más que reformar la tutela, se necesita modificar la potestad de la Procuraduría para destituir a funcionarios de elección popular, estableciendo una segunda instancia y la intervención de un cuerpo colegiado, de manera que no pueda atribuirse a la voluntad de un solo hombre la destitución de otro elegido por miles. Así lo considera, por ejemplo, el senador Roy Barreras.

“Esa ausencia de segunda instancia real y no formal es la que ha servido de argumento tanto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como a los distintos jueces de tutela para ordenar las medidas cautelares, la restitución de Petro y el choque de trenes entre diferentes decisiones de las altas cortes”, explicó el congresista. Sea como sea, a pesar de todas las buenas intenciones, una nueva reglamentación mal hecha puede llevar a restricciones innecesarias y hasta contraproducentes. Y cualquier reforma que se plantee tiene que tener en cuenta que la tutela ha sido para millones de colombianos una protección sin igual contra la injusticia y la inacción públicas.

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