El procurador y el fiscalwww.fuerzasmilitares.org (28MAY2014).- Una vez más el Procurador y el Fiscal General prsentaron sus posiciones encontradas sobre el Marco Jurídico para la Paz y la posibilidad de que los grupos al margen de la ley dejen las armas y participen en política. A los argumentos de Alejandro Ordóñez y Eduardo Montealegre se unieron los de organizaciones civiles y expertos nacionales e internacionales, quienes expusieron sus argumentos de por que sí o no se debe declarar constitucional la norma del Marco Jurídico para la Paz que permitiría la participación en política de las Farc.

¿qué es el marco?

El Marco Jurídico para la paz permite crear las herramientas constitucionales para lograr una salida negociada del conflicto armado en Colombia en dos niveles: 

- El artículo 66 sienta las bases de lo que será la estrategia de justicia transicional en caso de lograr un acuerdo final con las guerrillas. 

- El artículo 67 crea las condiciones para la reintegración política de los excombatientes de las guerrillas desmovilizadas. 

La posición del Gobierno

El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo, afirmó en la audiencia que la participación política de los grupos al margen de la ley y de exintegrantes de las Farc no significa una negociación de los derechos de las víctimas. 

“La participación política es el centro de gravedad de este y cualquier proceso de paz”, dijo Jaramillo, reiterando que es necesario romper para siempre el vínculo entre política y armas. 

Para el comisionado de paz, este tema no debería suscitar “tanta controversia” y reiteró que está contemplado que la participación política sea para personas que no hayan cometido delitos de lesa humanidad. 

Las posiciones contrarias

El procurador Alejandro Ordóñez, quien ha sido uno de los mayores opositores al Marco Jurídico para la Paz, le dijo a la Corte Constitucional que si avala las reformas del Congreso para permitir que la guerrilla participe en política, “tendremos un marco constitucional que garantiza la impunidad”. 

Ordóñez coincidió con el comisionado de paz, Sergio Jaramillo, al afirmar que los actores que hayan cometido delitos de lesa humanidad no pueden participar en política, pues el derecho internacional así lo indica. 

El fiscal General, Eduardo Montealegre, es quien mantiene la postura más polémica, al pedirle a la Corte que tumbe parcialmente un artículo del Marco Jurídico para la Paz que expresamente dice que responsables de delitos de lesa humanidad y de genocidio cometidos de manera sistemática no pueden participar en política. 

Aunque no permitió preguntas, la posición de Montealegre generó revuelo entre los asistentes a la audiencia pública de la Corte, entre ellos, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, quien dijo que la norma claramente establece límites para quienes pueden hacer política. “Por el tema de las víctimas, por el derecho que tienen, no considero que deban estar cobijados esos delitos en el proceso de paz”, afirmó Otálora. 

Por otro lado, el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, también favorable al Marco Jurídico para la Paz, fue más diplomático e indicó que las posiciones del fiscal le merecen su más profundo respeto y consideración. 

“Él es un jurista avezado y ya lo dejaremos en la Corte. No me corresponde a mí expresar si le dan la razón o no, pero me parece que es un planteamiento interesante”, dijo. 

Quien sí se mostró abiertamente en desacuerdo con la postura del Fiscal, fue el exviceministro de la Defensa, Rafael Guarín, demandante de la norma ante la Corte. 

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