Álvaro Uribe en el Congresowww.fuerzasmilitares.org (23JUL2014).- Como era de esperarse, con el arribo de la bancada del Centro Democrático al Congreso también llegó la polémica. Ayer radicaron sus primeras 12 iniciativas parlamentarias, entre las que sobresale una que seguramente levantará ampolla. Se trata de una reforma constitucional que busca la creación de un tribunal pro témpore que tendrá como función principal la revisión, en única instancia, de las sentencias proferidas por los tribunales ordinarios contra miembros de la Fuerza Pública, por eventuales delitos cometidos en actos de servicio.

Una propuesta que seguramente tendrá acogida entre la Fuerza Pública, pero que de entrada genera cuestionamientos. Es claro que la justicia ordinaria sólo asume investigaciones contra militares cuando los actos no forman parte del servicio. De entrada, se estaría poniendo en entredicho esta jurisdicción.

Para el senador Iván Cepeda, quien forma parte del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, “es un proyecto que hay que estudiar, pero que desde ya me suscita preocupaciones. Por ejemplo, me pregunto: ¿Por qué revisarlas? ¿Por qué dejar en libertad a quienes han sido condenados por delitos de lesa humanidad? Es un proyecto que podría promover la impunidad y eso es lo que me preocupa”.

No obstante, la exposición de motivos de la propuesta uribista argumenta que “los miembros de las Fuerzas Militares han padecido en carne propia la crisis del sistema judicial, que en muchas ocasiones no han procesado con la prontitud y ecuanimidad debidas (…) que han involucrado judicialmente a sus miembros, en el curso de acciones en las que el uso legítimo de la fuerza del Estado pudo haberse descontrolado, de manera cierta o no suficientemente aclarada”.

Según explicó el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, autor de la norma, “la justicia ordinaria ha cometido abusos. Hay unas tendencias muy fuertes en contra de las Fuerza Militares. Basta que un uniformado se presente ante un tribunal para que lo condenen”, explicó Rangel, quien afirmó que es tal el desorden en materia de investigación a militares, que no es claro cuántos procesos se acogerían con esta norma, pero, calcula, podrían ser más de 1.500.

Lo que está por establecer son las reales implicaciones de la iniciativa. Pero hay una polémica, porque acogería operaciones como la retoma del Palacio de Justicia, por la cual el general (r) Alfonso Plazas Vega fue condenado y que, según Rangel, “después de casi 30 años no ha sido suficientemente esclarecido ni resuelto judicialmente. Han sido muchas irregularidades que la justicia ordinaria no ha podido evitar ni corregir”. Otro caso emblemático sería el del general Humberto Uscátegui, condenado por presunta omisión en la masacre de Mapiripán.

Pero cuando de delitos de militares se trata, la lupa siempre estará sobre el reclutamiento y asesinato de jóvenes que luego eran presentados como bajas en combate para recibir beneficios, hechos conocidos como los falsos positivos. En este caso, como ya lo planteó el director de la ONG Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, los falsos positivos no existen en el ordenamiento jurídico y en la Fiscalía son investigados como homicidio en persona protegida, homicidio agravado. Así las cosas, se podría abrir la brecha para que el tribunal pro témpore revise estas decisiones.

Un asunto que no es de poca monta. Según cifras de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, actualmente se adelantan 1.872 investigaciones por homicidio atribuibles a agentes del Estado, con más de 4.600 personas vinculadas. De este grupo, 1.784 ya fueron acusadas y se encuentran a la espera de sentencias, 2.088 están privadas de la libertad y 623 ya fueron condenadas. Ellos podrían solicitar la revisión de sus condenas.

Pero más allá de las implicaciones jurídicas que puede generar la creación del tribunal pro témpore, está el efecto político del trámite y un eventual apoyo del Gobierno. Es claro que durante la coyuntura de las elecciones presidenciales hubo brotes de distanciamiento de sectores de la Fuerza Pública con el presidente Santos, que fue capitalizado por el candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga. Ahora la colectividad se dispone a convertirse en la gran defensora de los militares en el Congreso, situación que la coalición de gobierno no puede permitir.

Si en este contexto la iniciativa contara con el respaldo del gobierno y lograra abrirse paso, su tramite requerirá de un ejercicio de filigrana judicial, porque es claro que el Gobierno y las Farc adelantan la redacción de las leyes que reglamentarían los acuerdos de La Habana y que promete también beneficios judiciales para los miembros de las Fuerzas Militares. Todo un marco normativo que no resulta fácil de articular y que seguramente será objeto de críticas.

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