Ilustración de la revista Semanawww.fuerzasmilitares.org (05AGO2014).- La cuerda de la paz está más tensa que nunca. No fue sino que el presidente Juan Manuel Santos rompiera su mantra de no contestar públicamente a la guerrilla y dijera que la ola reciente de atentados contra civiles pone en peligro el proceso de paz para que las Farc respondieran con un nuevo ataque que cobró la vida de una niña de 2 años y dejó herida a su familia en el Cauca. A punto de comenzar el tema de víctimas en La Habana, los guerrilleros multiplican declaraciones en las que atribuyen la culpa del conflicto al Estado y reivindican todas sus acciones –hasta el secuestro, como hizo Pablo Catatumbo en su entrevista de la semana pasada en el portal las2orillas. Mientras tanto, las propias víctimas debaten enconadamente quiénes integrarán las delegaciones que van a ir a Cuba. 

A primera vista, pues, las cosas parecen haber alcanzado uno de sus momentos más críticos. Y mucha gente se pregunta qué estarán pensando las Farc al actuar y hablar como lo hacen, a 20 meses de iniciadas las conversaciones con el gobierno. Sin embargo, por paradójico que parezca, quizá más que sugerir que el proceso de paz está en cuidados intensivos, lo que revelan estos hechos es que la negociación está llegando a un punto decisivo.

Momento de alta tensión

El momento, ciertamente, luce crítico. En julio, las Farc (y, en la medida de su mucha menor capacidad militar, los elenos) han hecho un despliegue de atentados que ha conmocionado al país. No tanto por su número, que no representa un incremento frente a meses anteriores o respecto al año pasado, sino por su impacto en la población civil y su resonancia en los medios. Un país ya escéptico con el proceso se pregunta por la coherencia de una guerrilla que habla de paz en Cuba (o en Ecuador, el ELN) mientras en Colombia una bomba tras otra destruye infraestructura y mata familias campesinas.

Han volado vías y acueductos, puentes y torres de energía que han dejado sin luz a una ciudad de 400.000 habitantes como Buenaventura y a poblaciones del Meta o de Guaviare sin agua o sin comunicación por carretera durante varios días. En Arauca, el ELN hirió 13 empleados civiles al disparar cilindros dentro de una instalación petrolera y las Farc mataron una niña de 3 años, hija de un policía, al lanzarle a su papá una granada en plena ciudad. Y en Putumayo han recurrido a una nueva modalidad para presionar a las petroleras a pagar extorsión: detener los carrotanques en retenes ilegales, para obligar a sus conductores a abrir las válvulas y derramar el crudo que transportan, para afectar el medioambiente y la población del entorno. Tan grave es la situación que el gobernador Jimmy Díaz dijo a RCN: “En la región estamos viviendo uno de los momentos más difíciles de la historia”.

Todo esto, justo en un momento en el que el país está a la espera de que las Farc, por fin, acepten ser responsables al menos de algo de todo lo que han hecho y hagan algún gesto de arrepentimiento o de contrición. Y mientras las víctimas mismas están en un tenso tire y afloje en torno a quiénes serán finalmente las escogidas para ir a La Habana a hablar ante los negociadores de las Farc y el gobierno, en la ronda que comienza el 12 de agosto.

Por el altavoz
En todo caso Santos, quien se había propuesto no romper su política de no pelear con las Farc en los micrófonos cambió de opinión. El presidente ha repetido una y otra vez que una cosa son los discursos para la galería y otra las negociaciones en la mesa de La Habana. La escalada terrorista le hizo reaccionar en contra de sus propios principios. 

El martes 29, ante los empresarios azucareros del Valle, dijo: “Ellos mismos (las Farc) se están cavando su propia fosa política, porque eso es exactamente lo que hace que la gente los rechace cada vez más. Y eso es lo que nosotros estamos diciéndoles: ustedes continúan con eso, están jugando con candela y este proceso puede terminar, porque no podemos seguir indefinidamente en esta situación, porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende”.

Al día siguiente, lo repitió en un consejo de seguridad en Buenaventura: “Vamos a advertir en La Habana a quienes están comandando estas organizaciones que esa actitud no es para nada aceptable ni consecuente con las conversaciones que hemos venido adelantando. Lo consecuente son gestos de paz, no acciones contra la población civil”, declaró. Y lo reiteró en Palmira, horas después: “Les he dicho a las Farc y al ELN: la paciencia del pueblo colombiano no es infinita”. 

Esa actitud le generó el apoyo de todo el establecimiento y en el mismo sentido se pronunciaron personajes como el procurador Alejandro Ordóñez, el vicepresidente Angelino Garzón; el presidente de la Conferencia Episcopal monseñor Luis Augusto Castro; el recién designado ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; el nuevo presidente del Senado, José David Name; el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo y hasta el alcalde de Bogotá Gustavo Petro, quien calificó de “poco inteligente” el método del ELN de presionar la negociación poniendo petardos en la capital. 

Y las Farc, ahí

Toda esa ola de indignación, sin embargo, no parecía haber tenido mayor efecto en las filas de las Farc. Justo después de las advertencias presidenciales estas lanzaron el cilindro que mató a la niña de 2 años, Yurani Yaqui, en el Cauca. Y, en la madrugada, volaron la carretera Panamericana entre Cali y Popayán, que estuvo cerrada varias horas.

Y si la escalada terrorista aumentaba, también lo hacía la retórica. El mismo día del asesinato de la niña, en el diario británico The Guardian, Marco León Calarcá, uno de los negociadores de las Farc en La Habana, le contestó a Santos: “No seremos nosotros los que rompamos las conversaciones. Pero están jugando con fuego cuando tratan de eliminar a nuestros líderes con bombardeos. Eso nos podría hacer dejar la Mesa porque estaría claro que no tienen voluntad política para alcanzar un acuerdo”. Lo que no aclaró el jefe guerrillero es que los líderes a los que él se refiere son combatientes armados y por lo tanto cualquier acción contra ellos está dentro de las reglas del juego. 

Timochenko, por su parte, señaló en un artículo la “andanada enorme” contra las Farc en los medios a raíz del punto de víctimas. “Todo el establecimiento espera hacernos picadillo”, dice, describiendo como se pide a los jefes de las Farc que den la cara a sus víctimas, cuenten la verdad, pidan perdón y acepten “cabizbajos la condena generosa de la sociedad condolida”. Y termina reivindicando medio siglo de lucha guerillera: “Nos sentimos orgullosos de ello, no nos arrepentimos ni siquiera por un instante de lo hecho. Y jamás vamos a hacerlo”. En otro artículo, llamó a que en el punto de víctimas el presidente Santos responda por el “crimen de guerra” de ordenar haber dado de baja a Alfonso Cano cuando estaba rodeado e indefenso.

Pablo Catatumbo, uno de los miembros del Secretariado que está en Cuba, en una entrevista con Jorge Enrique Botero, del portal las2orillas.co, no solo afirmó que “la insurgencia no es el victimario del conflicto colombiano”, y atribuyó lo esencial de la responsabilidad al Estado, sino que justificó la práctica del secuestro en todas sus manifestaciones. Reivindicó como acciones válidas tanto la “captura de unidades enemigas en combate” (militares y policías que pasaron diez o 12 años cautivos), las “retenciones para financiar nuestra rebelión” (secuestro extorsivo), como las de “dirigentes y personalidades del Estado, con motivaciones políticas” (secuestro de políticos para el canje). Un pronunciamiento desafiante de esa naturaleza no se le oía hacía mucho tiempo a esta guerrilla, la cual como gesto de buena voluntad había ordenado suspender el secuestro extorsivo desde el comienzo de las conversaciones.

¿En qué estarán pensando?

Es imposible no preguntarse qué les pasa a las Farc. Ciertamente, el Estado colombiano tiene una parte de responsabilidad en el conflicto, particularmente en el desarrollo del paramilitarismo que ha desembocado en múltiples violaciones a los derechos humanos. Pero, a diferencia de la guerrilla, el Estado ha comenzado a reconocer esa responsabilidad, ha reconocido la existencia de 6,5 millones de víctimas y ha promulgado una ley para repararlas y devolver la tierra a miles de ellas. En casos emblemáticos como la masacre de El Salado o los atropellos contra la comunidad de San José de Apartadó, el Estado a través del presidente, ha llegado incluso a pedir perdón. 

Pero así como el gobierno se ha dado la pela ante la mitad del país de mostrar una actitud realista frente al proceso, las Farc se han radicalizado al regresar a etapas –que se consideraban superadas– de negación total de responsabilidad y de echarle la culpa de todo al Estado. Pretender que evidentes crímenes de guerra pueden ser justificados como lucha por la justicia social ofende la inteligencia de los colombianos, contribuye a reforzar la inmensa desconfianza que tiene el país en la guerrilla y le quita el oxígeno a un proceso de paz que en estos momentos lo necesita más que nunca. 

Lo que está sucediendo en el fondo tiene su origen en dos fenómenos independientes que, al acercarse la posibilidad de la firma de un acuerdo, confluyeron simultáneamente. El primero es una simple estrategia de negociación. La actitud de las Farc tiene una justificación en la teoría de que hay que mostrar músculo al llegar a la etapa final de las conversaciones en La Habana. Las cartillas sobre la solución de conflictos coinciden en que con frecuencia una de las partes busca reflejar fortaleza en ese mano a mano que definirá su situación. Pero en la Colombia actual esa estrategia es contraproducente. Con casi la mitad del electorado votando en las pasadas elecciones contra el proceso de paz de Juan Manuel Santos, las Farc, como lo dijo el mismo presidente, están jugando con candela. Santos ha estirado la cuerda hasta donde ha podido, pero tiene a Uribe respirándole en la nuca y también como él afirmó: “La paciencia de los colombianos no es infinita”. 

El segundo fenómeno es que no hay nada más difícil que negociar en medio del conflicto. Santos tiene la razón al haber exigido esa modalidad pues la experiencia del Caguán dejó claro que las Farc le sacan ventaja a cualquier concesión que se les haga. Pero como nadie va a parar si el otro no lo hace, la guerra sigue y las guerras limpias no existen. A eso se suma el problema de que las dos partes deben tener un doble discurso de mano tendida y pulso firme durante el proceso. De ahí que no solo las Farc, sino el gobierno, han caído en el juego confuso de que mientras el presidente habla de paz, el ministro de Defensa habla de guerra. 

Para la mayoría del país las Farc, al intensificar sus actos de violencia, no hacen más que dar una muestra de soberbia y provocación que no está sincronizada con el estado de ánimo nacional. Y el hecho de que en la última andanada terrorista las principales víctimas hayan sido civiles ha generado un nivel de indignación que no se veía desde hace mucho tiempo. La esencia del discurso presidencial es totalmente válida: la negociación en medio del conflicto exige como premisa que las hostilidades solo pueden darse entre combatientes. 

La cuestión es si las Farc y sus jefes son capaces de entenderlo o si la bruma de medio siglo de lucha armada los hace ciegos y sordos a sus evidentes responsabilidades en la victimización de cientos de miles de colombianos. ¿Percibe la guerrilla el efecto infinitamente positivo que tendría para la negociación si en lugar de esa retórica de arrogancia y de “yo no fui” intenta dialogar con un país que espera que acepten franca y abiertamente al menos parte de la inmensa dosis que les corresponde en estos 50 años de guerra?

El caso es que está llegando la hora de la verdad para las Farc. Los puntos anteriores incluyeron concesiones en temas que les son sensibles, como el agro y la apertura política. Pero ahora, en el punto de víctimas, el proceso entra en otra dinámica y se llegó el momento de asumir sin ambages las responsabilidades, colectivas e individuales, que corresponden a las partes de un conflicto en el que todos recurrieron a las peores formas de violencia. 

Pocos creen que el presidente decida a estas alturas romper la negociación. Aunque él mismo señaló que la guerra debe ser entre combatientes y no contra civiles, lo cierto es que el conflicto colombiano se ha caracterizado exactamente por lo contrario y era de prever que atentados como estos de la guerrilla salpicaran la negociación. Como dijo monseñor Luis Augusto Castro: “Escaladas de violencia como la que estamos viviendo ha habido muchas, pero procesos de paz como este que estamos viviendo es único y singular”. Ojalá los traumas y la degradación del conflicto no descarrilen una negociación que ha avanzado como ninguna otra.

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