En los últimos meses la opinión pública del país se ha dividido entre la necesidad de abrir la puerta al diálogo para buscar una salida negociada al conflicto armado con las Farc y quienes consideran que la única alternativa válida en la actualidad es el combate armado. Los primeros lo hacen impulsados por la promesa de esta organización de liberar a los miembros de la Fuerza Pública secuestrados y renunciar a la práctica de éste delito como estrategia de financiación. Los otros basan su argumento en los últimos ataques de la guerrilla en los cuales se presentaron evidentes violaciones a los tratados internacionales sobre el conflicto.

Para el exministro y excandidato a la presidencia Álvaro Leyva Durán no se puede hablar de negociaciones de paz o salidas negociadas al conflicto cuando si en los campos de batalla no se respetan los acuerdos internacionales ni se respeta la dignidad y del combatiente. Por este motivo, le presentó un protocolo de humanización de la guerra al presidente Juan Manuel Santos lo que, señala Leyva, sería el paso previo y obligatorio para cualquier diálogo en busca de la paz.

Argumenta Leyva: “recordemos que el DIH es una normativa de aplicación obligatoria inmediata; que hace parte del bloque de constitucionalidad; que su no aplicación acarrea responsabilidades para el Estado y los alzados, y que es un instrumento válido para aproximarnos a la reconciliación nacional”.

Estos son los puntos del decálogo propuesto por Leyva:

1- Se informe sobre cada confrontación que tenga lugar (sitio, fecha resultados).

2- Se indique el número y los nombres de todos los muertos –bajas-, (personal militar, de policía, guerrilleros, población civil si es el caso), producto da cada confrontación.

3- Se indique los nombres de los heridos (personal militar, de policía, guerrilleros, población civil si es el caso) producto de cada confrontación y los sitios en donde fueron atendidos en un principio y lugares a donde hayan sido conducidos finalmente para su tratamiento médico.

4- Se indique la identificación de los cadáveres de los alzados en armas; se informe si en todos los casos se están entregando los cuerpos a sus familiares. De no ser así, se informe sobre el destino que se le viene dando a dichos despojos.

5- Se dé a conocer lo más pronto posible los términos de un protocolo de tratamiento a los muertos a fin de evitar la cultura de la exhibición del cuerpo destrozado del enemigo como trofeo. Con esto no solo se logra establecer ejemplos de buen comportamiento con alcances éticos en tiempos de violencia, sino que se exalta además la bondad de los Tratados de Ginebra y sus protocolos (DIH) que son imperativos. Mucho más en un Estado Social de Derecho en el que la dignidad de la persona humana constituye su arco toral.

6- Se apliquen todas las decisiones aprobadas por la Conferencia de Expertos de febrero de 2003 y por la XXVIII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de ese mismo año, relativas al trato debido a los muertos y las sepulturas y a la repatriación de cadáveres.

7- Se informe –dentro del anterior orden de ideas-, sobre el paradero de los cuerpos de quienes han sido dados de baja o se presume han sido dados de baja a la luz de informaciones transmitidas a los medios de comunicación relacionadas con recientes enfrentamientos.

8- Se proceda a repatriar los cuerpos de los caídos en el bombardeo de Sucumbíos, Ecuador; se proceda a identificar dichos restos humanos para establecer de quiénes se trata y se logre conocer su nacionalidad; se obtenga copias de las autopsias adelantadas por la autoridad competente de ese país y de las autopsias efectuadas por peritos internacionales. Lo que acá se solicita servirá de contera para esclarecer situaciones jurídicas pendientes.

9- Si es del caso, se solicite del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR Colombia, su experta colaboración para llevar a efecto con pleno éxito las peticiones que acá se plantean; y se acuda para lo relativo a la repatriación de cuerpos a la Convención Interamericana sobre Asistencia en Materia Penal adoptada en Nassau, Bahamas, el 23 de mayo de 1992.

10- Se tome como máxima permanente y propia por las partes del conflicto y la sociedad civil nacional el aparte de la cláusula Martens (DIH), que reza: “… las poblaciones y los beligerantes permanecen bajo la garantía y el régimen de los principios del Derecho de Gentes preconizados por los usos establecidos entre las naciones civilizadas, por las leyes de la humanidad y por las exigencias de la conciencia pública”.

elespectador.com