El presidente Juan Manuel Santos camina por el centro histórico de Ciudad de Panamá con su homólogo, Juan Carlos Varela. / Presidenciawww.fuerzasmilitares.org (14OCT2014).- Tal vez el Gobierno colombiano no hizo los cálculos suficientes. Como van las cosas, haber declarado a Panamá “paraíso fiscal” está en camino a convertirse en el asunto de mayor trascendencia diplomática de 2013. El inventario de daños apenas empieza a escribirse. Puede que el idioma de Colombia y Panamá sea el castellano, pero hoy estas dos naciones se están comunicando en lenguajes distintos. Y mientras el presidente Juan Manuel Santos señala en una discreta declaración por Twitter que los ministros de Hacienda ya tienen la instrucción de solucionar el problema, en Panamá la indignación nacional crece y crece con la efervescencia que sólo despierta el lenguaje del patriotismo.

Basta con hacer un breve sondeo en medios locales para entender qué lectura están haciendo los panameños de la actual situación. La Estrella, el diario más antiguo de ese país, aseguró en su editorial del pasado viernes que la declaratoria era un gesto de “menosprecio inmerecido hacia Panamá” y, a renglón seguido, anotó: “El Gobierno debe actuar con entereza y determinación en defensa y salvaguarda de los intereses panameños ante el errático accionar de Colombia”. Ese mismo día, en el noticiero matutino más popular del país, un abogado de nombre Adolfo Linares decía: “Lo que ha hecho (Colombia) ha sido un golpe muy bajo, prácticamente una declaración de guerra financiera”.

Ese tipo de declaraciones son tan sólo un reflejo de los ánimos exaltados que por estos días se sienten en los pasillos oficiales panameños. Fuentes de entera credibilidad de ese país le contaron a El Espectador que ya están barajando todas sus cartas para hacerle sentir a Colombia:

“Si tú me aprietas, yo te aprieto”. Las empresas colombianas que participan en licitaciones en Panamá lideran la fila de los consternados: una de las primeras decisiones que podrían tomarse es impedirles que se queden con contratos del Estado panameño. Además, se ha planteado presentar una queja ante la Organización Mundial de Comercio por medidas restrictivas a la competitividad.

Desde que la manzana de la discordia se hizo pública, en Panamá se ha venido discutiendo, además, si valdría la pena revisar el tratado de Montería, que permite que los buques militares colombianos pasen por el Canal sin pagar peaje. Se ha hablado de imponer visa. El golpe más duro, sin embargo, podría ser inmediato y directo al corazón: el proyecto de interconexión eléctrica —que apenas se reactivó en julio pasado durante una cumbre presidencial— podría ser suspendido. En Bogotá la orden es negociar sin retirar a Panamá de la lista negra, mientras en Panamá se dice que no habrá negociación si Colombia no echa reversa. Cuando uno dice “blanco”, el otro responde “negro”.

Esta semana se cumplió el plazo de un año que Colombia le había dado a Panamá para firmar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Colombia necesita saber qué cuentas y qué empresas se han abierto en ese país con capital nacional. Panamá, al igual que Luxemburgo y Liechtenstein, tiene una legislación que protege el secreto bancario y ofrece ventajas tributarias desde la década de los 20 y Colombia, sobre todo ahora que está en busca de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), debe aumentar su recaudo de impuestos. Éste, por el momento, no pasa de ser el 15% del Producto Interno Bruto; en los miembros de la OCDE es el 34%.

* Un pasado largo y oscuro

 La molestia panameña apunta hoy a Bogotá. Colombia no es, sin embargo, el primer país latinoamericano que advierte que la reserva financiera de Panamá lo hace un paraíso fiscal. Ya lo han señalado Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Argentina y Perú. En junio de este año el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) advirtió que Panamá, si bien había hecho algunos compromisos para ajustarse a los compromisos internacionales de lavado de dinero y lucha contra el terrorismo, seguía mostrando deficiencias. Nada fácil para un país que lleva décadas luchando con el rótulo de paraíso fiscal, como lo evidencia una publicación de The New York Times de 1990.

El prestigioso diario dejó constancia de la preocupación de algunos políticos estadounidenses por entregarle una ayuda de US$1 billón a un país cuyas normas facilitaban el lavado de activos. Para esa época los medios internacionales no dejaban de señalar que Guillermo Endara, el recién elegido presidente, había encabezado el Interbanco de Panamá, el mismo en el cual, según la DEA, el cartel de Medellín habría lavado entre US$12 y $20 millones. Panamá, sin embargo, seguía a la defensiva: “El único problema de lavado de activos en Panamá son los periódicos que mencionan que Panamá es un gran centro de lavado de activos”, le dijo a The New York Times el entonces presidente de la Asociación Bancaria de Panamá, Edgardo Lasso Valdés.

Guillermo Endara fue además el sucesor del general Manuel Antonio Noriega, quien fue condenado en París por lavado de activos. Francia pasó de distinguirlo en 1987 con la Legión de Honor a condenarlo en 2010 por haber blanqueado en su territorio 2,3 millones de euros que provenían, nada más y nada menos, de su ayuda al cartel de Medellín. Pero Pablo Escobar y sus socios no han sido los únicos narcotraficantes que se han aprovechado del secreto bancario panameño para ocultar sus riquezas mal habidas: ese es un largo listado en el que también aparecen Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, Lorena Henao Montoya —del cartel del norte del Valle— o el clan Cifuentes Villa (ver recuadros).

En el año 2000 Panamá fue incluida por el GAFI en su lista negra. Figuraba junto a conocidos paraísos fiscales como Liechtenstein, las Islas Caimán o Bahamas, a quienes el GAFI etiquetó como países no cooperadores. “Panamá es vulnerable al blanqueo de dineros de varias fuentes, incluido el narcotráfico y otros delitos cometidos en el extranjero como el fraude y la evasión de impuestos”, indicó el organismo. Tres meses más tarde el Congreso panameño aprobaba una fuerte ley siguiendo sus recomendaciones y, desde entonces, Panamá ha hecho esfuerzos para que sus normas bancarias estén en armonía con los tratados que ha firmado para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

El problema es que abrir la reserva bancaria, al menos de la manera como aspira Colombia, es poner en riesgo un sector que mueve millonarias sumas. Un informe de The Sovereign Society (la Sociedad Soberana) de 2008 reportaba que, para esa época, las cuentas bancarias representaban el 11% del PIB panameño y que en 2006 el país había recibido US$2,4 billones de inversión extranjera directa. The Sovereign Society es un grupo de abogados internacionales cuyo objetivo, en sus propias palabras, es “ayudarlo a asegurar su riqueza y alejarla del saqueo de los impuestos onerosos y las demandas frívolas”. De acuerdo con ellos, Panamá es el segundo mejor paraíso fiscal del mundo, sólo superado por Suiza.

* Un atractivo destino

El término “paraíso fiscal” es un infortunado juego de palabras que hace pensar que esconder fortunas es el sueño de todo aquel que tenga dinero. Suiza, que empezó a aplicar la reserva bancaria en los años 30 para evitar que el gobierno alemán nazi conociera las cuentas de sus expatriados, ha sido el mal ejemplo del mundo. Para Colombia, que algunos o muchos de sus millonarios busquen este tipo de países para ocultar sus riquezas es un verdadero lío. El gobierno no sabe cuántos o quiénes recurren a estos engaños, precisamente, porque Panamá no comparte información bancaria. Ha ido cambiando sus leyes para acoplarse a la lucha contra el lavado de activos, pero el problema persiste.

¿En qué consiste el ‘encanto’ panameño? En que las autoridades colombianas, a menos que un juez lo ordene, no pueden saber qué dineros nacionales se están moviendo en Panamá. El proceso es así: un colombiano, sea persona o sea empresa, contrata a una firma de abogados panameña para que ellos creen una sociedad. El inversionista, eso sí, tiene que declarar el origen de su dinero. Los abogados panameños estructuran la sociedad, la cual se puede crear con una suma tan pequeña como US$1.000, y cobran una cuota anual de mantenimiento que suele costar unos US$400. Lo fundamental es que las acciones de la sociedad se emiten al portador, es decir, sin nombres.

El año pasado, justo por seguir las recomendaciones del GAFI, Panamá modificó esa norma, pero no significa que se vayan a conocer los nombres de los accionistas: se conocerá el nombre de quien sea designado “custodio autorizado” de las acciones y la norma empieza a regir en agosto de 2015. El asunto es que para Colombia es de urgencia poder establecer quiénes tienen capital en Panamá, pues está claro que no son las clases media y baja, que no tienen propiedades, empresas o dinero para esconder, las que esquivan su deber de pagarle al Estado los impuestos que corresponden por sus ingresos. Impuestos que construyen carreteras, hospitales y que podrían financiar el posconflicto.

El Espectador consultó con abogados tributarios, quienes manifestaron que probablemente, antes de que Panamá fuera declarado paraíso fiscal, ya la mayoría de sociedades colombianas habían movido sus recursos a otros ‘paraísos’. La verdad es que, aunque Panamá salga de la lista negra, en el mundo siguen existiendo varias naciones que atraen capital extranjero por medio del secreto financiero. Así funcionan lugares como Curazao, Hong Kong o Luxemburgo, en donde se registraron todas las sociedades que terminarían dueñas de miles de hectáreas que eran terrenos baldíos en la altillanura colombiana. Su economía depende de ello tanto como el Estado colombiano depende de que esa reserva bancaria llegue a su fin.

El narcotráfico en Panamá

 El expresidente panameño Manuel Noriega fue condenado en París por haber lavado activos del cartel de Medellín, pero esa no ha sido la única intromisión de dineros del narcotráfico en Panamá. Este año, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos desmanteló una red que involucraba a personas y empresas de Colombia, Panamá y México, que era liderada por el colombo-libanés Jorge Fadlallah Cheaitelly y un abogado panameño llamado Jorge Plata. La familia Guberek, que siempre fue conocida por sus negocios en el sector textil, entró a la Lista Clinton el año pasado. También tenían sociedades en Panamá, así como las tuvieron Lorena Henao Montoya —viuda del capo del cartel del norte del Valle Iván Urdinola— o el clan Cifuentes Villa.

La amenaza del terrorismo

Hasta ahora, según el GAFI, no se ha detectado que a través de Panamá se financien grupos terroristas. Sin embargo, en ese país han formado sociedades personas como Francisco Antonio Flórez Upegui, un jefe de la Oficina de Envigado ya detenido, quien fue señalado de ser el contacto del grupo terrorista Hezbolá. Según la investigación de la DEA, hasta de Panamá salía droga hacia Oriente Medio.

Asimismo, en Panamá han establecido sociedades hombres como Jorge Enrique Jiménez Urrego y Gloria Inés Ramírez Bonilla, señalados testaferros de las Farc que ingresaron a la Lista Clinton en 2010.

Los grandes negocios

Por Panamá también han pasado grandes y escandalosos negocios relacionados con capital colombiano. Uno de ellos fue, en los años 90, la compra de Colseguros liderada por Jaime Mosquera y su grupo empresarial, la cual tuvo lugar a través de las sociedades que el grupo Mosquera tenía en Panamá. El negocio terminó siendo “una de las operaciones más controvertidas de la crisis financiera colombiana”, según la revista Semana. Mosquera estuvo preso dos años.

Por su parte, Jaime Michelsen fue la mente detrás de la caída del grupo Grancolombiano en los años 80. Una de las cuestionadas movidas de este grupo fue sacar autopréstamos por medio de su filial en Panamá, deuda que terminaron pagando los contribuyentes colombianos cuando el grupo fue intervenido.

Los fraudes que pasan por Panamá

Premium, un fondo de inversiones creado por Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, no hubiera podido existir sin las sociedades que se crearon en tres paraísos fiscales: Curazao, Bahamas y Panamá. Entre los tres países se movía el dinero que los inversionistas colombianos ponían creyendo que su destino eran negocios rentables en el extranjero.

DMG, la ‘pirámide’ que fundó David Murcia Guzmán —hoy en Estados Unidos, extraditado por lavado de activos—, también funcionó en Panamá: allí se crearon más de 200 sociedades para facilitar la captación ilegal de dineros del público. Murcia fue capturado en ese país.

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