Cerca de 1,4 millones de hogares (5,4 millones de personas) son víctimas de desplazamiento y sujetos de reparación. / Archivo - El Espectadorwww.fuerzasmilitares.org (29OCT2014).- La propuesta del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, de descentralizar algunos recursos y mecanismos de aplicación de la Ley de Víctimas, es uno de los debates que deberá enfrentar la Unidad de Víctimas en el corto plazo. Hoy, a pesar de que el proyecto del Gobierno ha sido resaltado como el más completo de los modelos de justicia transicional para las víctimas, las dudas sobre la financiación de la reparación para cerca de seis millones de colombianos que han padecido el conflicto persisten.

Desde el pasado 9 de octubre, Cristo viene ventilando la idea. El Ejecutivo quiere hacer un repaso del modelo de atención a víctimas e identificar los avances y las fallas en la coordinación del Gobierno central con capitales y municipios. “Vamos a avanzar hacia una mayor descentralización de la atención a víctimas”, le dijo a este diario el ministro.

Incluso, durante la semana que terminó, el Mininterior y la Unidad de Víctimas comenzaron unas jornadas de capacitación a las alcaldías para que inicien el Plan de Mejoramiento del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial (Rusicst) que servirán, también, para evaluar cuáles de las funciones que cumple la Unidad pueden ser asignadas a entidades territoriales.

Si las víctimas están en las regiones, qué mejor que llevarles la ley a las entidades territoriales. Esa parece ser la premisa del ministro. No obstante, emprender ese camino podría redundar en falta de tiempo para cumplir con las metas de la Ley de Víctimas, que entrará en vigencia hasta 2021, y en la falta de control sobre el manejo que cada alcaldía daría a los dineros y a la población afectada por la guerra.

Una de las responsabilidades que tiene la Unidad, y que pasaría a los gobiernos locales, sería la identificación del estado de las víctimas en la ruta de la reparación. Actualmente, un equipo de más de 300 personas recibe en Bogotá los formatos diligenciados por los delegados del Ministerio Público en las regiones y determina, por ejemplo, quién necesita recursos para subsistir o quién necesita una oportunidad educativa.

El argumento de algunos alcaldes ha sido que, en la medida en que ellos están en los territorios donde ocurre el conflicto y viven las víctimas, pueden tener más idea de lo que necesita cada una de ellas. Sin embargo, una experiencia como estas, que ya se dio en tiempos de Acción Social, no sólo demandaría la formación de un equipo técnico en cada gobierno local —lo que podría tardar años y recursos que no sobran—, sino la ventana de oportunidad de los mandatarios de turno para obtener más recursos.

Es ahí donde entra el otro ítem que podría ser descentralizado: la ayuda humanitaria de emergencia. Cerca de $600.000 trimestrales para que cada uno de los núcleos familiares que están entre los más atrasados en la ruta de la reparación aseguren alimentación, alojamiento y salud. Es decir, si es que el esquema cambia, un alcalde non sancto podría tramitar el registro de más víctimas de las reales para gestionar más recursos y, de esa manera, por ejemplo, favorecer un sector político en particular en unas elecciones.

Con el mismo propósito, podrían registrar más víctimas en situación de emergencia que las que realmente hay, lo que implica el giro directo de dinero. Y que, de esa manera, se invisibilicen víctimas que pueden necesitar una vivienda o un proyecto productivo. De ahí también la necesidad de que los municipios se capaciten en el manejo y las mejoras del Sistema de Información.

Las opciones para aplicar este modelo serían la entrega directa de dineros del Fondo para las Víctimas o que, una vez la alcaldía mande unos listados, la Unidad gire directamente a las personas a través del Banco Agrario. Esta última opción se aplica hoy y, de acuerdo con funcionarios de la Unidad, así como tarda menos tiempo que la ejecución a través de los municipios, algunos de ellos no entregan a tiempo los listados de los afectados. También reconocen que hay algunos municipios con una mayor madurez para asumir esas responsabilidades.

La descentralización no es el único debate que afronta la aplicación de la Ley de Víctimas. Durante los últimos años, varias sentencias judiciales han forzado a incluir dentro de las víctimas a reparar a las de desplazamiento. Es decir, de cerca de un millón de personas que se contemplaba como sujeto de reparación, para ejecutar $55 billones en 10 años de aplicación de la ley, la meta pasó a cerca de 6’700.000 y hoy no hay certeza de la fuente de los recursos que se necesitan.

Más allá de que la gradualidad de la ley le permite a la Unidad ir sacando paulatinamente a las personas de la situación de urgencia hacia una superación total de la victimización, dándole cierto oxígeno financiero, y que está por diseñarse toda una estrategia para financiar el posconflicto (si es que éste se da), está claro que con lo que hay no alcanza para la reparación integral.

El riesgo es aún más grande si se tiene en cuenta que en cualquier momento, cualquier juez que desentienda que se trata de un modelo de justicia transicional, puede ordenar que la reparación se haga efectiva de inmediato y de manera generalizada, sin tener en cuenta los montos establecidos por el Ejecutivo.

En cuanto a la descentralización, el ministro Cristo advierte que es necesario tener en cuenta estas variables a la hora de hacer cambios en el modelo de administración de la ley y que no porque se empodere más a los mandatarios locales se puede inferir que habrá corrupción. También dice que será deber del Gobierno idear fórmulas “creativas” para lograr financiar este proyecto.

Y, en el entretanto, la oposición del Centro Democrático prepara un debate de control político en el que enfilará baterías contra un modelo que ha sido reconocido como el más ambicioso a nivel global y el que reconoce más derechos a las víctimas, pero con el que nunca estuvieron de acuerdo.

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