Delegaciones de las FARC y del Gobierno Colombiano en La Habanawww.fuerzasmilitares.org (03DIC2014).- Las advertencias que realizó el procurador Alejandro Ordóñez, entre líneas, cuando manifestó que frente al proceso de paz solo está aplicando lo que está escrito en el ordenamiento jurídico del país y que tendría que actuar conforme a lo que contempla el Código Disciplinario, prendió las alarmas en el Congreso. Por eso encontraron en la prórroga de la Ley de Orden Público la herramienta para frenar cualquier represalia del Ministerio Público contra los miembros del equipo negociador, en su rol de funcionarios públicos.

Palabras más palabras menos, el procurador Ordóñez lo que quiso decir es que está vigilante al proceso de paz, los acuerdos y la labor de los negociadores del Gobierno, y que en caso de encontrar violaciones a la norma, en sus manos estaría la posibilidad de destituir e inhabilitar a cualquiera de los representantes del presidente Juan Manuel Santos en La Habana.

Por este motivo, con la necesidad de ampliar la Ley de Orden Público -el marco normativo que permite las negociaciones con las Farc en Cuba- fue agregado un artículo nuevo que señala que "las personas que participen en los acercamientos, diálogos o negociaciones, así como en la celebración de los acuerdos a que se refiere el presente capítulo con autorización del Gobierno Nacional, no incurrirán en responsabilidad penal, ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos". O sea, de este modo quedan blindados los negociadores.

Desde el Capitolio, el senador Roy Barreras, ponente de la iniciativa manifestó que "este es un proceso supremamente delicado, en el que quienes están trabajando por ese bien superior que es la búsqueda del fin del conflicto en Colombia, deben contar con todas las garantías". Además, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que “la función de los negociadores es muy delicada y no pueden estar expuestos a cualquier investigación disciplinaria y judicial”.

Pero desde la otra orilla hay quienes afirman que, como funcionarios públicos y ante un tema tan delicado como la negociación de paz con las Farc, no es viable aprobar esta especie de inmunidad. "Se les da impunidad absoluta para que hagan lo que quieran, para que acuerden cosas ilegales como lavado de activos y muchos otros delitos que podrían ser evitados y controlados por la Procuraduría", advirtió la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia.

Un debate abierto en el que es claro que los negociadores están buscando encontrar salida a 50 años de conflicto con las Farc y requieren de suficiente independencia para poder cerrar los acuerdos que permitan encontrar una salida política. Sin embargo, también es claro que la guerrilla es un grupo al que se le han comprobado vínculos con el narcotráfico, la minería ilegal y la delincuencia, y un acuerdo debe ser objeto de observación para no repetir errores del pasado, como ocurrió con la desmovilización de los paramilitares.

Precisamente, la negociación con los paramilitares no se hicieron con el marco jurídico de la Ley de Orden Público sino con la Ley de Justicia y Paz, que se tramitó exclusivamente para este fin, y los negociadores no tenían ningún tipo de excepción frente a las normas. Incluso, el alto comisionado de la época, Luis Carlos Restrepo, está hoy en el exilio y tiene líos con la Fiscalía por las presuntas irregularidades que se habrían presentado en la desmovilización del Bloque Cacica Gaitana, de las Farc, hecha al amparo de Justicia y Paz.

Ahora, con la aprobación de la prórroga de la Ley de Orden Público no existe la posibilidad de que las autoridades penales y disciplinarias verifiquen o investiguen si se presenta alguna irregularidad en el proceso.

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