Declaraciones del General Rubén Dario Alzate en torno a su secuestro.www.fuerzasmilitares.org (03DIC2014).- Dieciséis días después de que el presidente Juan Manuel Santos decidiera suspender las negociaciones de paz que se adelantan con las Farc en La Habana, a raíz del secuestro del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en el Chocó, los delegados del Gobierno y la guerrilla se sentaron hoy en privado a hacer una evaluación "fría y objetiva" del proceso, según dijo el primer mandatario, buscando un consenso para su reinicio.

No parece fácil y la pregunta es si los diálogos se verán ahora fortalecidos o debilitados tras el episodio Alzate. El mismo primer mandatario aseguró esta mañana que no cree que el caso del general "haya dejado gravemente herida la mesa de negociaciones". E incluso consideró que las conversaciones se podrían retomar "antes de finalizar el año", confiando en un aceleramiento que permita avanzar hacia el acuerdo final.

Una postura que no coincide para nada con la del jefe de la delegación guerrillera en La Habana, 'Iván Márquez', quien en la noche de ayer, en un comunicado público, advirtió que es necesario recomponer las reglas de juego y ver la posibilidad de fijar las condiciones de un armisticio. "Quien impuso la suspensión de las conversaciones no puede regresar con la pretensión de imponer también la fecha de su reinicio, como si nada hubiera ocurrido", señaló.

Para las Farc, el presidente Santos rompió la marcha del proceso, "averiando de paso el puente de confianza" que se había construido. Y coinciden, a su manera, con una declaración del jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, en el sentido de que en que ha llegado el momento de "pasar de la discusión a la acción", lo que para el grupo guerrillero implica "que por lo menos se comiencen a ejecutar las transformaciones" plasmadas en los acuerdos parciales que se han alcanzado en los dos años que lleva el proceso de paz.

Por ahora posturas distantes, aunque todo hace pensar que más temprano que tarde las partes retomarán los diálogos para finiquitar un acuerdo en el tema de las víctimas y comenzar a abordar el que es considerado el eje de la discusión: el fin del conflicto, asunto que incluye el cese de hostilidades, la dejación de armas y la desmovilización. Asuntos que pasan por la concepción de justicia transicional, hoy por hoy el cuello de botella del proceso.

Sobre todo conociéndose pronunciamientos tan duros como el de la Corte Penal Internacional, que en su informe de seguimiento 2014 le reiteró al Estado colombiano que no es posible beneficiar con amnistías totales a los guerrilleros que se desmovilicen en virtud de un posible acuerdo de paz.

"Una condena que fuera severa o manifiestamente inadecuada a la luz de la gravedad de los crímenes y de la forma de participación de la persona acusada, viciaría el carácter genuino del procedimiento nacional, aun en caso de que todas las fases anteriores del procedimiento hubiesen sido consideradas genuinas", manifestó el organismo.

De paso, aclaró que continuará trabajando con las autoridades colombianas pertinentes "respecto de los estándares en materia de admisibilidad establecidos, en un esfuerzo por cerciorarse de que cualquier acuerdo de paz a que se llegue, así como la legislación de aplicación del Marco Jurídico para la Paz, sea compatible con el Estatuto de Roma".

Advertencia que llega en el preciso momento en que el presidente Santos plantea la posibilidad de ampliar el delito político e incluir como conexo al narcotráfico: "Si queremos por ejemplo indultar o perdonar, o en cierta forma legalizar a los miles de combatientes de las Farc, vamos a tener que ser más flexibles en la aplicación de ese concepto de delitos políticos para que puedan tener un cierre judicial", explicó.

El espinoso asunto deberá pasar por la aprobación del Congreso, cuando aborde la ley estatutaria del Marco Jurídico para la Paz. Eso sí, la idea ya tiene defensores y detractores en el Capitolio. "Los guerrilleros son narcotraficantes porque estaban buscando unos recursos para poderse sublevar, entonces es claro que si es conexo con el delito político (…) si alguien no entiende eso, lo que está haciendo es bastante perverso con el proceso de paz y quiere acabar con él", sostuvo, por ejemplo el senador Armando Benedetti, del Partido de la U.

Para Viviane Morales, exfiscal general y senadora liberal, "si se les va a imputar a esos grupos ilegales el delito político, debe haber conexidad con el delito que les ha dado la gasolina y sus finanzas para funcionar, es decir, el narcotráfico. El país tiene que desmitificar este tema".

En cambio, Alexander López, del Polo Democrático, considera que "el narcotráfico es un delito que le ha hecho demasiado daño al país y pensar que puede hacer parte de los delitos políticos, es descontextualizar la lucha política que reclaman las Farc y la lucha por la reivindicación por los derechos de los colombianos".

Son las cosas que se mueven alrededor del proceso de paz y que demuestran una vez más su complejidad. Por ahora, se supo que al término de la reunión en La Habana entre los delegados del Gobierno y las Farc no se tomaron decisiones, aunque se habló de un encuentro cordial y respetuoso. Mañana se volverán a ver en la mesa y es posible que al final se anuncie la fecha del inicio del ciclo 31 de las conversaciones. Lo que si no se sabe es si se impondrán nueva condiciones.

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