Ante un eventual escenario de negociación con las Farc sería imposible pensar en una amnistía y el gobierno colombiano está en la obligación de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos que ha cometido esa guerrilla y, de ser necesario, recurrir a la Corte Penal Internacional.

Así lo aseguró José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, en entrevista con EL TIEMPO, quien también cuestionó el proyecto de marco jurídico para la paz y recalcó que quienes hayan cometido delitos comunes no pueden ser catalogados como presos políticos. 

¿Las liberaciones son un gesto que puede conducir a una negociación de paz?

Es prematuro pensarlo. Una negociación de paz es de enormes complejidades. Exige que haya un interés genuino de las partes. Evidentemente, el anuncio de la liberación, al igual que la manifestación de no seguir secuestrando, contribuye; es un gesto que ayuda a generar estas mínimas confianzas, pero si el proceso no ha madurado, no es suficiente como para promover una negociación.

¿Una eventual negociación debe tener otros gestos de paz de las Farc?

Las Farc deben inmediatamente y en términos incondicionales liberar a todos los civiles que están en su poder. Deben también poner fin a los sistemáticos abusos contra la población civil, lo cual incluye el reclutamiento de menores. No solo suspender los reclutamientos, sino liberar a todos los niños que están en sus filas. Y deben renunciar al uso de las minas antipersonales y al uso de armamento que tiene impacto indiscriminado en la población. Es muy difícil hablar de un proceso de paz mientras las Farc sigan cometiendo este tipo de violaciones gravísimas del DIH.

¿Cómo manejar los secuestros de civiles de los que las Farc no dan razón?

Por los secuestrados civiles responden las Farc. Ellas son las que promueven y avalan esta práctica y encubren estos hechos. Estos casos constituyen crímenes de lesa humanidad. Las Farc deben dar cuenta del paradero de estas personas y creo que el Gobierno de Colombia tiene que hacer grandes esfuerzos y, si es necesario, acudir a un instrumento jurídico internacional, como la Corte Penal Internacional (CPI), para pedir cooperación que permita castigar a los responsables. Especialmente si los secuestrados han sido ejecutados por las Farc.

¿Estos asesinatos podrían motivar la entrada de la CPI?

Si estas personas han sido asesinadas, los responsables son las Farc, y sus miembros deben ser castigados. Y, si es necesario, hay que recurrir a la CPI para fortalecer el trabajo de las instituciones nacionales o mostrarles a las Farc que hay una voluntad férrea y clara del gobierno colombiano de recurrir a instancias internacionales para terminar con esta práctica y castigar esos crímenes.

Se ha debatido en los últimos días la existencia de presos políticos. ¿Se puede hablar de esa categoría en Colombia?

Los miembros de las guerrillas condenados por rebelión, en mi opinión, no califican como prisioneros políticos porque cometieron delitos comunes. El concepto de prisionero político debe aplicarse a una categoría extraordinariamente limitada de casos y los requisitos para calificar son muy exigentes. Se trata de personas que han sido condenadas por intentar ejercer sus derechos políticos y libertades fundamentales, y se les niega el debido proceso ante un juez independiente e imparcial.

¿Un proceso de paz con las Farc debería ser similar al de los paramilitares?

Ojalá no se cometa el mismo error que con los líderes paramilitares. Desde el punto de vista de lo que es verdad y justicia, terminó como una capitulación del Estado de derecho colombiano en favor de los grupos que cometieron gravísimas violaciones de los DD. HH. Este error permitió el surgimiento de grupos que hoy en día sustituyen en sus operaciones a los paramilitares y que fueron denominados bandas criminales. Lamentablemente, en ese proceso se perdió una oportunidad histórica y habría que aprender esa lección.

¿Se podría hablar de una amnistía con las Farc?

El Derecho Internacional es claro y no permite amnistías frente a graves violaciones de derechos humanos. En el caso de la ley de Justicia y Paz, y que es algo que en mi opinión constituye un escándalo, desde su entrada en vigencia hay solo siete condenados a pesar de las miles de atrocidades cometidas por los paramilitares.

Avanza en el Congreso un marco constitucional para eventuales negociaciones. ¿Cómo evalúa esta iniciativa?

Estamos siguiendo ese proceso muy de cerca. Preocupa que esto abra la puerta para la impunidad por atrocidades cometidas por guerrilleros, paramilitares y militares. Creo que hay que hacer aclaraciones al respecto para copar el alcance de este marco jurídico de justicia transicional.

El Congreso podría, mediante una ley, beneficiar a cualquiera con la suspensión de la pena, por lo que el juzgamiento pasaría a convertirse en un teatro en el mejor de los casos.

La Justicia Penal Militar

¿La reforma tiene que ver con una negociación?

No, estamos hablando de cosas distintas. Cuando se habla del concepto de seguridad jurídica para las fuerzas de seguridad me parece que es un eufemismo para encubrir lo que realmente se persigue, que es impunidad. Si aquí hubiera preocupación por la seguridad jurídica de los militares haría falta que se exhibieran evidencias empíricas que demostraran que la justicia ordinaria los ha procesado sin bases, con afán de persecución y prefabricando delitos con el afán de empapelarlos. Esto es una justificación para ampliar la jurisdicción militar y reducir la competencia de los fiscales que investigan casos de DD. HH.

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