El gobierno se la jugará por esta opción para implementar los acuerdos de La Habana
El gobierno se la jugará por esta opción para implementar los acuerdos de La Habana

www.fuerzasmilitares.org (24AGO2015).- El globo está aterrizando. La idea del presidente Juan Manuel Santos para crear una comisión especial del Congreso –un congresito–, para que tramite las reformas que acuerden las delegaciones de paz de La Habana, se ha ido concretando.

El gobierno presentará un proyecto al Capitolio, en la primera semana de septiembre, para darle vida mediante un acto legislativo. Y espera que antes de diciembre sea aprobado en primera vuelta (cuatro debates) para que en el primer semestre de 2016 –entre marzo y junio– se tramite la segunda vuelta. Si este mapa de ruta funciona, a partir de ese entonces el célebre congresito entraría a legislar sobre lo pactado entre el gobierno y las FARC.

La propuesta se ha ido aclarando. Humberto de la Calle, el jefe del equipo negociador, dio el primer paso. En una vehemente declaración a los medios dijo que la hoja de ruta del gobierno se resume en tres puntos. El primero, que refrendación (someter a votación popular para darle un piso político) y tramitación (convertir los acuerdos en normas legales y constitucionales) son dos objetivos diferentes que requerirán, por tanto, mecanismos distintos. El congresito, legisla. Y un plebiscito, consulta o referendo, refrenda. No es lo mismo.

El segundo punto que presentó De la Calle en su rueda de prensa es que cualquier instrumento que se adopte será diseñado dentro del orden institucional: “Reformar la Constitución no es violarla”, dijo. Y el tercero, que los asuntos que serán materia de las reformas constitucionales son la justicia transicional que se aplicará a los miembros de las FARC que ingresen a la vida legal, el fin del conflicto –cuyo punto principal es la entrega de armas– y las garantías que tendrán en el futuro los actuales guerrilleros para su seguridad y para participar en política.

Después del comunicado de De la Calle, el presidente Santos se reunió con los voceros de los partidos de la Unidad Nacional en el Congreso (incluido Efraín Cepeda, del Partido Conservador) y les explicó en mayor detalle su plan. Les dijo que se trata de contar con los mecanismos que se requerirán para tramitar los acuerdos, cuando estos se firmen. Esta semana, Santos se reunirá con el Polo Democrático y con la Alianza Verde para buscar su apoyo y ampliar el consenso. Y no está descartada una reunión con el uribismo. Habrá que ver hasta dónde llega la capacidad de convencimiento del presidente y de su ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, pero lo cierto es que en la medida en que el gobierno ha avanzado en su labor de pedagogía y explicación, ha disminuido el volumen de las críticas. Algunos de los congresistas que rechazaron la iniciativa en un comienzo, y que llegaron a decir que había “nacido muerta”, han pasado a apoyarla. El presidente del Congreso, Luis Fernando Velasco, encabeza la lista de conversos.

Una Comisión Especial del Congreso, o congresito, puede reunir los elementos esenciales de la fórmula que tendrá que utilizarse para terminar el proceso de paz. Una receta con un componente de celeridad para legislar, legitimidad para decidir, e institucionalidad para que no sea percibido como un rompimiento del orden vigente. Algo semejante a lo que en su momento fue el Pacto de Sitges, entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, para darle vida al Frente Nacional y superar la violencia bipartidista. O a la Constituyente del 91 que consolidó el fin de la guerra con el M-19.

El martes pasado, cuando el presidente Santos explicó su proyecto, el senador liberal Horacio Serpa dijo que le gustaba porque parecía “una pequeña constituyente”. Es decir, un grupo pequeño, con facultades para reformar la Carta y con un mandato preciso y único. Lo cual, de paso, es lo que han pedido las FARC.

Sin embargo, una cosa es que el gobierno tenga un mapa de ruta, un camino, y otra, muy distinta, que esté despejado y que todo el mundo esté dispuesto a transitarlo. Hay varias dificultades. La primera tiene que ver con la falta de concreción de algunos puntos. Santos y De la Calle han sido muy enfáticos en decir que “se están evaluando varias alternativas y que el gobierno no está casado con ninguna”. El abanico se refiere a distintos modelos que se han planteado para armar un esquema para hacer las reformas legales. Una comisión especial del Congreso, es una. Otra, en la que insiste el expresidente César Gaviria, es que se le entreguen facultades extraordinarias al presidente Santos para que legisle por decreto. Y hay ideas intermedias: que el presidente decrete y una comisión del Congreso revise.

Y todavía hay una lista larga de pendientes por resolver: si se acepta el congresito, ¿tendrían un papel, o última palabra, las plenarias del Senado y de la Cámara? ¿Cuál sería la composición? Se entiende que el grupo –de magnitud por definirse– debería reflejar la composición de fuerzas del Congreso. Pero hay distintos planteamientos para lograr ese objetivo. También se están evaluando fórmulas para incorporar a miembros de las FARC. Al fin y al cabo, se trata de darles vida jurídica a los acuerdos que ellos han aceptado en La Habana.

Un segundo obstáculo tiene que ver con la construcción de un consenso político. El primer paso ha avanzado: el de la alineación de los partidos de la Unidad Nacional –La U, liberales y Cambio Radical– incluida una facción del conservatismo. El Polo y la Alianza Verde tienen puntos de acercamiento, pero también de discrepancia. En los verdes, por ejemplo, hay quienes consideran que hacer dos reformas –una para crear el congresito y otra para implementar los acuerdos– terminaría siendo más engorroso que legislar con las reglas de juego normales. Y que, en vez de un desgaste sobre las formas, se debería acometer de frente los temas de fondo: justicia transicional y participación en política de los miembros de las FARC.

Y aunque el uribismo ha propuesto un “órgano legislativo transitorio” para culminar los acuerdos con las FARC, no es claro que tenga las mismas características del congresito. Tampoco es muy factible que, en un clima de polarización política como el actual, sea realista que el gobierno y el Centro Democrático se sienten a una mesa a comparar sus conceptos y planchar sus diferencias. Le queda, a Santos, la opción de buscar la aprobación del acto legislativo que crearía el congresito, con las mayorías parlamentarias que tienen, sumados, La U, los liberales, Cambio Radical y una parte del conservatismo.

La tercera dificultad tiene que ver con el ajuste entre el proceso político para reformar la Constitución, que involucra a los partidos y al Congreso, en una esquina, y la negociación en La Habana con la guerrilla, en la otra. Las FARC han demostrado que no aceptan nada que no surja de la Mesa. Una ley que permite hacer un referendo el día de las elecciones y otra que creó el marco para la Paz son prácticamente letra muerta, porque Iván Márquez y sus compañeros las tacharon de “unilaterales”. Lo mismo podría ocurrir con el congresito. En la reunión que se inició en La Habana el jueves, entre las delegaciones del gobierno y de las FARC, se empezó a tratar el tema. ¿Aceptará la guerrilla que el congresito tiene connotaciones de una ‘pequeña constituyente’? ¿Convergerán los ritmos de La Habana con los del Congreso?

El camino, en síntesis, es tortuoso. Pero es una vía. La alternativa es esperar a que se terminen las negociaciones de La Habana y después diseñar la manera de implementarlos. Lo cual tomaría más tiempo del que está dispuesto a tolerar la impaciente opinión pública, y sería un camino fértil para el surgimiento de inconvenientes de todo tipo. Y si algo acepta todo el mundo en este momento, es que no hay mucha paciencia. Y que, en secuencia, los atajos pueden ser más atractivos que las rutas seguras.

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