Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Timochenko
Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, Timochenko

www.fuerzasmilitares.org (17ENE2016).- El 31 de diciembre pasado, a las ocho de la noche, cuando la delegación de paz de las Farc en La Habana empezaba los preparativos para festejar el año nuevo, entró una llamada desde Anapoima, Cundinamarca, para Timoleón Jiménez, máximo jefe de esa guerrilla.

Al otro lado de la línea estaba el presidente Juan Manuel Santos. Luego de un saludo cordial, Santos le manifestó a Timochenko que seguía pensando que el 23 de marzo debería ser la fecha para firmar el acuerdo de paz. En esa fecha podrían asistir dos de los más importantes líderes del mundo. Santos no mencionó nombres pero se sabe que uno de ellos es el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el otro puede ser alguien de la talla del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, o el propio papa Francisco.

La llamada era una especie de gancho para que el máximo líder de las Farc mantenga esa fecha acordada por ambos en Cuba en septiembre pasado, cuando se suponía estaba cerrado el punto de justicia. Pero la Mesa de Conversaciones reabrió ese punto y solo a mediados de diciembre pasado se pudo culminar, por lo que la guerrilla ha cuestionado que para marzo logren acordar todos los puntos pendientes de la agenda.

Sobre la fecha, Timochenko no ha dicho que sí ni que no. Solo que la mesa trabajará para lograr ese objetivo, a pesar de que los temas que faltan por discutir son de gran calado y complejidad: el fin del conflicto, la refrendación, la implementación y las salvedades. Sin embargo, no es imposible que se logre porque hay algunos elementos a favor. Primero, el buen ambiente entre los negociadores en este nuevo ciclo. Segundo, que parece que va en serio la decisión de trabajar sin pausa. Tercero, que ya dos subcomisiones han avanzado el trabajo pendiente. Y por último, que tanto en el gobierno como en la guerrilla hay conciencia de que los tiempos políticos apremian, y no solo a Santos.

El temor de las Farc es que la presión del tiempo se convierta en una espada de Damocles para obligarlos a acoger lo que trae el gobierno prediseñado. Temen que si no se logra firmar el 23M, el país entero los culpe a ellos de esa frustración –y no a las circunstancias que rodearon el acuerdo de justicia- lo que golpearía su ya de por si precaria imagen pública. Y si las Farc han empezado a bajar las expectativas con la fecha es porque todavía hay posiciones muy distantes en algunos aspectos entre las partes.

El cese del fuego

Esta semana, mientras la Mesa de Conversaciones entraba en cónclave en La Habana, de los Llanos del Yarí llegaban noticias de un incremento de combates entre guerrilleros de las Farc y la fuerza pública. Se percibía la inquietud de que algún incidente militar pasara a mayores y se acabara la sensación de fin de la guerra que ya se vive en todas partes. Por eso, la mayor urgencia es acordar todo lo relativo al cese al fuego y de hostilidades, bilateral y definitivo.

Hasta ahora, uno de los logros más importantes es que ambas partes están de acuerdo en que la ONU asuma la verificación por medio del Consejo de Seguridad. Este trámite va por buen camino, a juzgar por las declaraciones de Ban Ki-moon, quien dijo que Colombia es una prioridad para ese organismo en 2016.

En otros aspectos de la verificación aún hay diferencias. Las Farc consideran que debe haber otro ente como la Celac y, sobre todo, que haya un monitoreo de personas u organizaciones nacionales, sean civiles o incluso algunas estatales como la Defensoría del Pueblo. El gobierno cree que algo así puede terminar por politizar los incidentes que ocurran durante el cese –que no son descartables– y convertirlos en materia de presión política o de deslegitimación de las partes.

En segundo lugar, ya hay preacuerdos sobre qué se entiende por cese al fuego, en este caso entre aparatos militares, y de hostilidades, en relación con las agresiones contra la población civil. Se ha avanzado también en definir la lista de lo que en el lenguaje internacional se conoce como actos prohibidos. Es decir, qué pueden y qué no pueden hacer tanto la guerrilla como los militares mientras dure el cese y en los lugares donde este se hará efectivo.

Sin embargo, hay puntos críticos en los que las posiciones están aún distantes. El primero es el de la concentración. El presidente Santos citó al Congreso a sesiones extraordinarias para reformar la Ley de Orden Público. En el pasado, cuando la guerra parecía el único destino del país, y el fantasma del Caguán rondaba por toda Colombia, se modificó esa norma para prohibir la existencia de zonas desmilitarizadas y la posibilidad de levantar las órdenes de captura de los guerrilleros en zonas de concentración. El proceso de paz necesita de estos sitios. El gobierno tiene en mente unas siete de ellas, correspondientes a los bloques de las Farc. Se las imagina como zonas aisladas, pequeñas y de corta duración, con el único objetivo de garantizar la dejación de armas, y tratando de que generen la menor controversia posible.

Las Farc tienen en mente otra cosa muy distinta. No les gusta la concentración tipo ‘corraleja’ y piensan más bien en lo que ellos llaman un “dispositivo en el terreno” donde se encuentran hoy los frentes, que son casi 80. Conciben este dispositivo en interacción con comunidades y admiten que ese modelo implicaría un fuerte monitoreo e incluso la entrega de inventarios de armamento a los verificadores antes de la dejación de armas.

También creen que una propuesta como la de los Territorios Especiales de Construcción de Paz, Terrepaz, que han sido pensados más para la reintegración de la guerrilla, sirvan como zonas para la dejación de armas. “Nosotros no vamos a desmovilizarnos sino a movilizarnos políticamente”, dicen las Farc. Ellos no conciben la reintegración como una beca o un taxi, ni como una ruta de asistencia psicológica. Lo ven como un proyecto colectivo, productivo y político.

El gobierno, por su parte, cree que hay que separar zonas de concentración para el desarme de lo que serían las zonas para la reintegración y la construcción de paz en las regiones. Y que en todo caso, si los Terrepaz llegaran a existir, sería para una guerrilla ya sin armas. No obstante, algunos observadores piensan que entre una posición y otra hay puntos intermedios y que se podrán acercar los puntos de vista.

El otro tema difícil para acordar es la manutención de los combatientes mientras dure el cese el fuego. En casi todos los procesos de paz lo normal es que el Estado asuma el sostenimiento de las tropas insurgentes mientras están concentradas. Así lo hizo también el gobierno de Álvaro Uribe con los paramilitares en Ralito. Pero para las Farc eso no es aceptable pues consideran que sería entregarle al gobierno su autonomía política. Proponen una fórmula tripartita. Que haya un fondo que administren de manera concertada gobierno, Farc y comunidad internacional. Otra fórmula a explorar es si algún gobierno o entidad internacional podría asumir ese costo que en todo caso no es poco. 

La dejación de armas

En septiembre, Santos y Timochenko acordaron que la dejación de armas comenzaría dos meses después de firmado el acuerdo final. Eso quiere decir que si se logra la firma el 23 de marzo, en mayo ya habría guerrilleros deponiendo los fusiles. Las Farc han dicho que esta será una dejación progresiva. Esto tiene lógica, pero como ellos también son conscientes de que nadie en Colombia los va a tolerar en la política si siguen armados, tendrán que optar por un proceso de meses y no de años, si es que quieren convertirse pronto en un movimiento o partido.

También han dicho que no le entregarán las armas al gobierno. Algo que tampoco es para escandalizarse. Todas las guerrillas en Colombia le han entregado los fusiles a misiones internacionales que las han destruido. Esta vez no será la excepción. Posiblemente acuerden un grupo de países que reciban las armas y las guarden en depósitos seguros mientras se decide qué hacer con ellas.

El problema está en que las Farc no quieren una foto al deponer las armas ni una ceremonia pública al estilo M-19, por razones de dignidad. Pero eso es algo que difícilmente la opinión pública se tragará. Ahora, el desarrollo de los acontecimientos políticos puede hacer que las Farc recapaciten en esta materia. Sin una dejación de armas transparente difícilmente los guerrilleros podrán ser aceptados en la política, y entregar los fusiles en secreto es un búmeran que golpearía su propia credibilidad. A lo mejor en estos meses se convencen de que la dignidad de su lucha está en las ideas que han enarbolado y no en las armas que portan y que han causado tanto daño.

La dejación de las armas es quizá el punto que más desconfianza genera en el país. Muchas personas creen que la guerrilla guardará unas cuantas de ellas por si se siente traicionada. Así lo hizo el FMLN en El Salvador, cuyo arsenal de reserva fue descubierto cuando ya los guerrilleros estaban dedicados de lleno a la política y causó un gran bochorno. Esa suspicacia le arranca una sonrisa a Carlos Antonio Lozada, miembro del secretariado, quien dice que “eso sería un absurdo”.

Las Farc dicen estar dispuestas a dejar hasta el último balín. Pero también que lo hagan el Estado y el Establecimiento. Es decir, que no se repita la historia del paramilitarismo y que haya garantías de seguridad para los excombatientes, para los territorios y para el futuro movimiento político.

El dilema de los paramilitares

Mientras el gobierno considera que en Colombia no hay paramilitares, sino simples bandas criminales que ejercen violencia en función de negocios ilegales y no por ideología, para las Farc eso no es tan así. Si bien reconocen el fenómeno de las bandas, consideran que estas persisten por la corrupción que hay no solo en la fuerza pública sino en el sistema político. Creen que se debe hacer un plan piloto en una de las regiones de fuerte influencia de bacrim –por ejemplo en Tumaco- para demostrar que con mayor transparencia en la actuación de las instituciones es posible desarticular estas estructuras.

Consideran que en el país hay elites políticas y económicas que siguen usando la violencia para mantener sus negocios, sus redes corruptas o por simple intolerancia. De hecho, en la agenda de La Habana se habla específicamente de la obligación del Estado de parar este tipo de violencia. Ellos son conscientes de que el paramilitarismo es una mentalidad arraigada en muchos sectores y que no depende solo de Santos que se acabe esa violencia ni que esto ocurrirá de un día para otro. “No somos tan estrechos como para creer que ese monstruo que crearon actúa como una marioneta”, dice Lozada. Por eso la apuesta de ellos es un gran acuerdo nacional cuya esencia sea el “nunca más” de las armas en la política. Un pacto que requiere un diálogo con diversos sectores, incluso con los más radicales en contra de la paz, y al que también el gobierno está dispuesto a caminarle. Este sabe que el riesgo mayor del proceso de paz es que empiecen a matar a los miembros de las Farc, ya sin armas, o a sus bases sociales en las regiones, y que eso no depende de tener muchos escoltas sino de desactivar el odio sembrado en tantos años de guerra.

Finalmente, en el punto tres de la agenda de negociación está contemplado resolver la situación jurídica de los presos de las Farc. A pesar de que Santos anunció desde hace dos meses que indultaría a 30 de ellos, hasta ahora no lo ha logrado y eso se ha convertido en un conflicto público entre las partes. A través de Twitter, la guerrilla ha dicho que funcionarios negligentes han obstaculizado la salida de la cárcel de sus presos. Humberto de la Calle, jefe de la delegación del gobierno, por su parte, respondió en una columna que las Farc no entienden cómo funciona la democracia. Este es apenas un pequeño incidente que permite ver cómo será de difícil llevar a la práctica todo lo acordado.

El calendario de la política

Siendo optimistas, y a pesar de todo lo anterior, el punto del fin del conflicto podría concretarse en algunas semanas si se aprieta el acelerador. Pero quedan sobre la mesa temas de gran envergadura: la refrendación y la implementación. Las Farc no aceptan el plebiscito por ser una iniciativa unilateral y porque creen que no les da garantías suficientes para que se cumplan los acuerdos. Pero al parecer tampoco están en contra. Lo ven más como una posibilidad de legitimación del proceso de paz ante el país que como un blindaje a lo acordado.

El otro gran interrogante que hay en La Habana es cómo será el desarrollo normativo de los acuerdos. El gobierno cree que una vez aprobados en el plebiscito, una comisión especial del Congreso haría esta tarea, incluso con la posibilidad de que haya alguna participación de las Farc así sea con voz, pero sin voto. Pero eso tampoco les suena a los guerrilleros. Ellos insisten en un tipo de constituyente como espacio de desarrollo normativo y que esté basada en el gran pacto político nacional del que se habló antes. Un pacto político y un mecanismo constituyente para desarrollar pero no para cambiar lo acordado en La Habana. Ahora, a diferencia del pasado, esta no es una posición terca. Los miembros de las Farc manifiestan que están abiertos a explorar fórmulas viables. Lo mismo el gobierno. Incluso, han sugerido que la comisión jurídica que ayudó a desempantanar el acuerdo de justicia el año pasado siga funcionando, para ayudar a encontrar caminos en materia de refrendación y desarrollo normativo.

Llegar a firmar un acuerdo el 23 de marzo no es fácil, pero tampoco imposible. Pero ahora más que nunca depende de la voluntad política de las partes. A ambos lados de la mesa saben que esta no es una fecha fatal ni implicaría acabar el proceso. Todos quieren un acuerdo de calidad. Pero un aplazamiento les daría fuerza a los enemigos de la negociación, volvería a sembrar desconfianza sobre todo sobre las Farc, y posiblemente le quitaría al presidente Santos mucho del margen de maniobra que necesita para sacar adelante la paz. En conclusión, más vale que corran.

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