El expresidente Álvaro Uribe Vélez en un encuentro con senadores de los partidos de La U y Conservador aceptó que en el marco legal para la paz se les dé vocería política a los miembros de las Farc.

Sin embargo, el exmandatario hizo la salvedad que ésta sólo podrá ser ejercida por los guerrilleros rasos, es decir sin mando.

Según el senador conservador Hernán Francisco Andrade, Uribe dijo no a los guerrilleros de cúpula, no a los mandos medios y sí a los simples milicianos rasos.

Aun así, los legisladores ya decidieron decirle “no a los de arriba pero sí a los de clase media o rango medio y sí a los de abajo; ahí hay una diferencia de criterios".

Además, Uribe le pidió a los senadores que todo aquel que tenga delito de lesa humanidad no se le vaya a dejar por fuera en la selección de los delitos por investigar según el criterio a seguir en la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente, el exmandatario conminó a los legisladores a que los militares no vayan a recibir el mismo tratamiento que los delincuentes en el marco legal para la paz.

Uribe ya había cedido

El pasado 16 de marzo, cuando la plenaria de la Cámara se alistaba a votar el proyecto en sexto debate, el expresidente cedió pero hizo varios reparos.

Salvaguardas de Uribe:

  • Aquellas personas que se sometan a ese proceso y que hayan cometido delitos de lesa humanidad y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario, que los puedan beneficiar con una disminución de la pena privativa de la libertad con un subrogado penal pero nunca con amnistía, indulto o medidas equivalentes como un cese de acción penal.
  • Aquellas personas sometidas a esos procesos que hayan cometido un delito diferente al delito político, que hayan cometido un delito diferente al homicidio culposo, no se debe permitir en virtud del nuevo artículo constitucional que sean elegibles.
  • Organizaciones criminales como las bandas criminales (bacrim), de acuerdo con la Cruz Roja Internacional, por su nivel de organización criminal y peligrosidad deberían tener en el ordenamiento jurídico colombiano unas disposiciones equivalentes al derecho humanitario para que las Fuerzas Armadas las puedan combatir con la misma contundencia con que se combate a la guerrilla.

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