Después de un largo y minucioso análisis, la Sección Tercera del Consejo de Estadodeterminó que no se puede descartar la posibilidad de que Colombia sea procesada y juzgada ante entes internacionales por la masacre de El Siete, en Carmen del Atrato, Chocó.

Según la decisión judicial, la matanza de tres civiles fue perpetrada por paramilitares y militares, hecho execrable por el cual fue condenada la Nación (Ministerio de Defensa y Ejército Nacional) que podía además ser juzgado además por la comunidad internacional.

"Cabe verificar si los hechos indicadores permiten en el proceso lógico de inferencia determinar que se verifican las situaciones de omisión, inactividad, renuncia a la soberanía territorial nacional e indefensión injustificada", precisa uno de los apartes de la sentencia.

El Consejo de Estado ordenó además al comandante de la Cuarta Brigada ofrecer excusas públicas a los familiares de Guillermo Barrera Henao, Francisco Taborda Taborda y Álvaro Vásquez Giraldo, asesinados el 13 de junio de 1996, en una operación conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, entonces representadas en un grupo denominado 'Dignidad de Antioquia'.

Igualmente se ordenó reparar los daños morales y materiales causados a los seres queridos de las víctimas, que se traducirán en el pago de más de 781 millones de pesos.

En la misma determinación se determina que se debe continuar adelantando las investigaciones penales y disciplinarias que cursan en contra de militares y policías involucrados en estos hechos respecto de los cuales la Fiscalía deberá rendir un informe detallado de los hechos y sus actuaciones.

Ante esto se señala que los entes gubernamentales que con base en estas determinaciones deben elaborar un completo informe de derechos humanos con el fin de garantizar la reparación integral, memoria histórica y la no repetición.

El alto tribunal sostuvo que los uniformados pusieron el riesgo la soberanía del Estado sobre el territorio, hecho por el cual esta sentencia deberá ser publicada durante los próximos seis meses en todas las dependencias del Ejército.

Estas personas fueron asesinados el 13 de junio de 1996, en una operación conjunta entre militares y paramilitares de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, entonces representadas en un grupo denominado 'Dignidad de Antioquia'.

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