Ideas como la de viajar de Bogotá a la Costa en sólo 12 horas o tener agua potable en todos los municipios del país son algunos de los proyectos que han servido de justificación a las últimas administraciones para invertir por adelantado parte de los recursos públicos de los próximos 25 años. A pesar de la importancia de algunas de estas obras, el panorama que reveló la Auditoría General de la República, tras el estudio que hizo sobre el uso de las vigencias futuras, es complejo: el país está “empeñado”.

Presidentes, alcaldes y gobernadores, que serán elegidos en las próximas décadas, llegarán a pagar las deudas que han adquirido los últimos mandatarios. De acuerdo con la propia Auditoría, los recursos comprometidos en el país, son del orden de los $34 billones, con casos que se extienden hasta 2035. Entre alcaldías y gobernaciones han comprometido $18 billones, mientras que entidades de orden nacional, cerca de $16 billones. A esta cifra se deben sumar otros $11 billones que se están tramitando para inversiones y megaproyectos, con lo que la cifra ascenderá a casi $45 billones. Cabe resaltar que, al menos, el 40% se ejecutará este año y las otras se prolongarán hasta por casi dos décadas más.

Para ilustrar la situación, por ejemplo, los próximos seis alcaldes de municipios como Chaguaní (Cundinamarca), Fundación (Magdalena), Certegui (Chocó), Clemencia (Bolívar) o Túquerres (Nariño), entre otros, estarán al menos hasta 2030 pagando sus planes maestros de acueducto y alcantarillado. Barranquilla, Montería, Cali, Cúcuta, Cartagena y Medellín harán lo propio hasta 2021 con la construcción de algunos colegios. En total, hoy están en marcha casi 1.400 proyectos con vigencias futuras en todo el país. De estos, casi el 65% están concentrados en vías en todo el país y casi un 30% en agua potable y planes de saneamiento.

Pese a que la figura de las vigencias futuras es legal, aunque restringida desde 2011 para proyectos de importancia estratégica, al leer el informe de la Auditoría se encuentra que la gran mayoría de los que fueron aprobados en el último año se pusieron en marcha incumpliendo la norma. Según la entidad de control, “las operaciones reportadas por organismos nacionales que exceden el actual período de gobierno no fueron reportadas como estratégicas, tal como lo establece el artículo 10 de la Ley 819 de 2003”, dice el informe conocido por El Espectador.

Entre las operaciones de vigencias futuras cuestionadas se encuentran 18 que tramitaron el año pasado algunos alcaldes de municipios de Atlántico, Tolima, Arauca, Putumayo, Pasto y Valle del Cauca, a sabiendas de que la ley restringe estos trámites en el último año de mandato. A esta lista se suma Bogotá, que dejó aprobadas vigencias futuras por casi $400 mil millones de este año.

Para completar el panorama, otra de las conclusiones que hizo la Auditoría General fue que muchos de los proyectos no contaron con la vigilancia de las contralorías regionales; que muchos de los que exceden el actual mandato no son de importancia estratégica, y que, a pesar de que la ley obliga a que cada entidad deba tener al menos el 15% del presupuesto para poder pedir vigencias futuras, cerca del 90% no cumplió con esta regla.

De igual manera, el informe indica que hubo casos de proyectos de inversión con recursos de vigencias futuras que no estaban en los planes de desarrollo, pese a que era una obligación por ley. Es decir, en el informe se revelan importantes inconsistencias en la aplicación de la figura de las vigencias futuras.

Destino

La mayor parte de esta billonaria inversión está concentrada en el sector transporte. En la actualidad las vigencias que comprometen más presupuestos futuros están en manos del Instituto Colombiano de Concesiones (Inco), con un total de “57 proyectos que afectan vigencias futuras entre los años 2019 y 2023 por valor de $4 billones”. Y en el caso global de infraestructura, incluyendo el Ministerio, el Inco y el Invías, tienen vigencias comprometidas por $11 billones, representando el 71,6% de las operaciones realizadas en las entidades nacionales, sin contar con entes territoriales.

Algunos de los proyectos de infraestructura son, por ejemplo, el Túnel de la Línea, los Corredores Arteriales Complementarios de Competitividad, la doble calzada Buga-Buenaventura, Desarrollo Vial del Sur, Ruta del Sol, doble calzada Bogotá–Villavicencio, la Transversal de las Américas (sector 1), las Autopistas de la Montaña y contratos de concesión y de mantenimiento de vías. También están los Sistemas Integrados de Transporte Masivo de las ciudades de Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira, además de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de Armenia, Montería, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar.

En el caso de los entes territoriales, de acuerdo con el ranking elaborado por la Auditoría, la empresa Transmilenio (Bogotá) es la más endeudada por un valor cercano a los $4 billones, con presupuestos comprometidos hasta 2017. En segundo lugar, la Secretaría de Medio Ambiente y Empresas Públicas de Cundinamarca, con una vigencia que compromete los recursos de los años 2009 hasta 2029, para la construcción de acueductos de los municipios de ese departamento, por recursos del orden de un $1 billón. En tercer lugar está la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca, con el proyecto de implementación del sistema férreo de transporte masivo o tren de cercanías, que comunicará a ciertos municipios con la capital del país. El proyecto tiene recursos autorizados por casi $1 billón del presupuesto hasta 2029, faltando $1 billón más por comprometer.

Vigencias riesgosas

Aunque la figura de las vigencias futuras es necesaria, la Contraloría ha hecho advertencias a municipios y departamentos sobre el riesgo que representa su uso para la sostenibilidad fiscal de las administraciones. A esto se deben sumar los casos de posibles irregularidades en su manejo. Por ejemplo, en el caso de los planes departamentales de agua, que representan casi el 30%, un gran porcentaje de las vigencias futuras, la Contraloría encontró en la última inspección 74 faltas administrativas, 34 casos que ameritaban investigación disciplinaria y uno con alcance penal. Esto ya generó 9 indagaciones preliminares, dos procesos sancionatorios y dos funciones de advertencia. También adelanta 206 procesos de responsabilidad fiscal por $53.249 millones, que aparentemente se perdieron de vigencias futuras en departamentos como Huila, Putumayo, Casanare, Sucre, Boyacá y Vaupés.

De acuerdo con los diferentes órganos de control, en algunos casos, las vigencias futuras son autorizadas sin sustento legal y, en ocasiones, usadas para fines diferentes al financiamiento de proyectos o gastos inherentes a la gestión y funcionamiento de las entidades. “Con los recursos de vigencias futuras se financiaron vías inexistentes, acueductos que no funcionan, obras que no fueron terminadas y hoy la deuda se sigue pagando”, han señalado algunos investigadores de los entes de control.

Según información de la Contraloría General, sólo teniendo en cuenta las vigencias futuras, que se aprobaron en 2011 para los Sistemas Integrados de Transporte Masivo (Barranquilla, Bogotá y Soacha, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Pereira), con una inversión de $2 billones por parte de la Nación y $4 billones de las entidades territoriales, “el 25% del presupuesto de 2011 fue inflexible por cuenta de las vigencias futuras aprobadas y, de la misma manera, los presupuestos de inversión de este año y el próximo estarían comprometidos en 27 y 21% respectivamente”. Este caso también aplica para los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de las ciudades de Armenia, Montería, Pasto, Popayán, Santa Marta, Sincelejo y Valledupar.

Jaime Ardila, auditor general de la República, explicó que el tema de las vigencias afortunadamente “hoy hay control, gracias a una nueva ley. Antes era absolutamente peligroso para el país, porque no tenía un tope. Casi todos los gobernantes llegaron y encontraron la mayoría de sus activos comprometidos a través de vigencias futuras. Hay compromisos que van hasta 2037. Los recursos de departamentos y municipios están hipotecados, por ejemplo, en el Valle del Cauca con los planes de agua. Con la nueva ley no sólo hay más control, sino que ya se empezó a reconocer realmente que la vigencia futura es una deuda”.

La Auditoría General hizo un llamado a las contralorías territoriales y a la Contraloría General para que verifiquen “el ajuste efectuado a los registros presupuestales y contables para garantizar que con las mismas (las vigencias) no se estén excediendo los límites de endeudamiento afectando la sostenibilidad de los entes territoriales.

Vigencias futuras

La vigencia futura es una especie de endeudamiento al que acuden las administraciones locales, departamentales o entes del orden nacional con el fin de adelantar grandes obras o gastos que, sin tener los recursos, prometen pagar en años posteriores. Son proyectos que pueden afectar el presupuesto de siguientes administraciones, razón por la que es indispensable contar con la autorización del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), la Asamblea Departamental o el Concejo Municipal. Existen en el país dos tipos de vigencias futuras: las ordinarias, cuya ejecución se inicia con el presupuesto de la vigencia en curso, y excepcionales, que afectan el presupuesto de vigencias fiscales futuras.

Compromisos de mayor cuantía

En el ámbito nacional, las entidades que tienen mayores recursos comprometidos son, en primer lugar, el Instituto Nacional de Concesiones (INCO) con vigencias aprobadas por $10 billones. La segunda es el Instituto Nacional de Vías (Invias) con $859.969 millones y en la tercera posición del ranking está el Ministerio de Defensa con recursos por $696.380 millones.

En el caso de los entes territoriales, la empresa Transmilenio (Bogotá) es la más endeudada por un valor que supera los $4 billones, seguida de la Secretaría de Medio Ambiente y Empresas Públicas de Cundinamarca con recursos del orden de un billón de pesos. En el tercer lugar en el podio de las más comprometidas está la Secretaría de Movilidad de Cundinamarca con vigencias autorizadas por $959.000 millones.

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