Santoyo
Mauricio Santoyo

www.fuerzasmilitares.org (12JUL2018).- Un puñado de las pensiones más jugosas del país se concentran en las cajas de retiro del Ejército y de la Policía, que giran $ 7,2 billones. Así lo señala un informe del propio Gobierno que por estos días viene revisando el tema como parte del empalme con la administración entrante de Iván Duque. 

Según este, la sola Caja de Sueldos de Retiro de la Policía paga 12 asignaciones por encima del tope de 25 salarios mínimos establecido por la Corte Constitucional.

Los nombres de los beneficiarios están protegidos por la ley y en algunos casos son oficiales que han arriesgado sus vidas por el país. 

No obstante, este diario estableció que hay otro grupo de 87 personas a quienes les giran entre 20 y 25 salarios mínimos al mes, y entre quienes hay oficiales condenados por nexos con el paramilitarismo, con capos y hasta con la llamada ‘Oficina’.

Si bien se advierte que se trata de derechos adquiridos por su vida laboral, que no se les puede suspender a pesar de las condenas, algunos ganan más que el vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, con una asignación de $ 16,3 millones al mes, y que Rosso José Serrano, con $ 19,1 millones de mesada, considerados en su momento los mejores policías del mundo. 

Además, al menos dos de los condenados aún no han pagado las indemnizaciones a sus víctimas ni las multas al Estado por sus conductas ilícitas. Y otros tienen investigaciones pendientes, incluso por desaparición forzada. 

En este paquete figura el general (r) Mauricio Santoyo, el primer oficial colombiano de su rango en ser condenado en Estados Unidos como ficha del paramilitarismo. 

Santoyo, quien ofició como jefe de seguridad del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe Vélez, tiene una asignación de $ 14,1 millones. La mensualidad se le consigna sin falta, a pesar de que está confinado en una cárcel de mediana seguridad en Miami.

Y aunque en Colombia tiene pendientes investigaciones, incluida la de la desaparición de dos activistas de derechos humanos, su pensión le seguirá llegando cuando sea deportado. El Buró de Prisiones de Estados Unidos calcula que esto se produzca a mediados del próximo año, después de que pague 6 de los 13 años a los que fue condenado y que rebajó a punta de colaboración. 

Otro caso es del general en retiro Flavio Buitrago, condenado por enriquecimiento ilícito originado por sus vínculos con el mafioso Marco Antonio Gil, alias el Papero. Su mensualidad es de 16,2 millones de pesos. 

De hecho, tanto Santoyo como Buitrago recibieron, en junio, consignaciones que superaron los 25 millones de pesos, incluidas las primas legales.

En este listado está el general (r) Miguel Maza Márquez, condenado a 30 años por el magnicidio del excandidato liberal Luis Carlos Galán, ocurrido en agosto de 1989.

Magnicidio y Porsche

Maza Márquez, recluido en el Centro de Oficiales de la Policía, en el norte de Bogotá, recibe una mensualidad de 20,3 millones de pesos. Con prima incluida, la consignación de junio ascendió a 37,7 millones de pesos.

Y aunque inicialmente se le condenó a pagar una multa accesoria, a manera de resarcimiento, nunca la canceló. Y en la etapa de casación, en la que se confirmó la condena, se le suspendió por favorabilidad a pesar de la negativa de sus víctimas. 

El que sí debe dinero por ese concepto es el coronel (r) Hugo Aguilar: 15.000 millones de pesos.

Pero este, quien ya pagó una condena de 9 años por sus nexos con el paramilitarismo, dice que su pensión es tan bajita que no le alcanza para cubrir la indemnización. No obstante, el oficial (r), célebre por participar en el operativo en el que se dio de baja al capo Pablo Escobar en 1993, afronta un nuevo proceso por enriquecimiento ilícito. 

En efecto, en febrero fue de nuevo capturado por enriquecimiento ilícito, tras comprobarse que tenía bienes hasta por $ 20.000 millones a nombre de testaferros, incluido un Porsche negro que conducía por Bucaramanga y cuyo avalúo comercial es cercano a los 400 millones de pesos.

El excoronel –hoy en libertad– goza de una mesada de 5,8 millones de pesos que no se le puede tocar, a pesar de la deuda con sus víctimas.

Condenado por masacre

A este paquete de pensiones a uniformados empapelados se le suma la del general (r) Fabio Alejandro Castañeda Mateus. 

El Consejo de Estado lo condenó por su responsabilidad en la masacre del Nilo, ocurrida en diciembre de 1991 –en Caloto, Cauca– y en la que paramilitares mataron a 20 indígenas. Tiene una mesada de 14,1 millones de pesos. Y por la matanza, además de la condena administrativa, enfrenta en libertad un proceso penal.

Otro caso documentado es el del coronel (r) Joaquín Aldana, condenado a 33 años de cárcel por el asesinato de su esposa, Érika Cecilia Yeneris Gutiérrez. El exoficial recibe $ 6 millones.

¿Y los embargos?

Al respecto, el constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que “las personas que delinquen responden penalmente y en algunos casos con sanciones accesorias, como las multas. Pero su derecho a la pensión es un tema aparte que no está relacionado con su responsabilidad penal y es algo que acumularon a lo largo de su vida laboral”.

Por eso, el Estado está obligado a seguirles pagando mensual y cumplidamente sus pensiones. 

Y aunque existe la posibilidad de que sean embargadas, la medida solo se le puede aplicar a una mínima parte, haciendo imposible que se cubran las deudas. 

No obstante, el gran boquete de pensiones jugosas sigue concentrándose en exmagistrados y exparlamentarios. Algunos de ellos, incluso, han obtenido fallos del Consejo de Estado que les mantienen las mesadas prohibidas por la Corte Constitucional. Y hay decisiones que incluso extienden el beneficio de pensión de sobreviviente a sus nietos.

Mauricio Santoyo

Fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez, entre 2002 y 2006, y tiene una asignación de retiro de 14,1 millones de pesos. Santoyo se convirtió en el primer general extraditado a EE. UU. por nexos con narcotraficantes y ‘paras’. Fue condenado a 13 años de cárcel, pero en el 2016 logró una reducción del 40 por ciento por colaboración, lo que lo dejaría en libertad en agosto del 2019.

Flavio Buitrago

También fue jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe durante su segundo mandato (2006-2010). Tiene una asignación de retiro de 16,2 millones de pesos. Un juez de Bogotá lo condenó a 9 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y nexos con Marco Antonio Gil Garzón, alias el Papero. Sin embargo, hoy está en libertad condicional porque se le redimió parte de la de pena por trabajo y estudio.

Miguel Maza

El exdirector del extinto DAS fue condenado a 30 años de cárcel por su responsabilidad en el magnicidio del excandidato liberal Luis Carlos Galán, en agosto de 1989. Como general (r) tiene una asignación mensual de 20,3 millones de pesos. El general, que insiste en su inocencia, nunca pagó la multa al Estado que se le puso en primera instancia y que luego le fue borrada por favorabilidad.

 

(eltiempo.com)