En un concepto enviado a la Corte Constitucional, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se avale completamente la denominada ley de víctimas puesto que está ajustada a la Carta Política de Colombia.

Según el Ministerio Público, considerar a las víctimas para los efectos de la Ley 1448 a las personas que de forma individual o colectiva que hayan sufrido daño como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado interno, "no vulnera la Constitución Política".

En este concepto se indica que se debe declarar exequible el artículo 3 de dicha Ley, por la cual se dictaron las medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.

Para la Procuraduría General no debe prosperar la demanda radicada ante el alto tribunal en la que se señala que la ley excluye a las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, así como de crímenes de lesa humanidad derivados de hechos violentos en el marco sociopolítico del país "ocurridos en el contexto del conflicto armado, pero sin relación causal con el mismo".

"El Ministerio Público enfatizó que frente a disposiciones de naturaleza especial propias de la justicia transicional, el legislador goza de un amplio margen de configuración normativa", aclaró en su concepto.

Señaló además que el objeto de la Ley no vulnera el derecho a la igualdad de las víctimas, ya que en sí misma no discrimina a ninguna persona, “sino que se limita a fijar el alcance de la ley bajo unos parámetros constitucionales de habilitación, conforme a las posibilidades del Estado, valga decir, luego de ponderar los derechos de la víctimas y el sacrificio de otros bienes constitucionalmente relevantes”.

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