Luis Felipe Ríos CastañoPara nadie es un secreto que todos los países del mundo tienen y usan espías. Y, al igual que ocurre en las películas, parte esencial del éxito de las misiones de espionaje consiste en no dejarse descubrir ni capturar y, en caso de que esto llegue a suceder, mucho menos confesar. Sin embargo, todo esto fue lo que no hizo Luis Felipe Ríos, un colombiano arrestado como espía en Nicaragua hace dos semanas.

El jueves pasado, una semana después de que lo pescaron con las manos en la masa recibiendo información de dos oficiales del Ejército nica en una cafetería de Managua, se declaró culpable ante un juez nicaragüense de los delitos de espionaje y revelación de secreto y se enfrenta a una pena de 16 años de prisión. Y Colombia queda, por primera vez en su historia, ante un escándalo de espionaje tan comprometedor como insólito.

Los medios nicaragüenses, que han seguido día a día el caso y han manifestado su sorpresa por el escaso cubrimiento que ha tenido en Colombia, revelaron parte de las pruebas que la Fiscalía de ese país tenía contra el presunto espía criollo. El colombiano habría recibido información relativa a temas estratégicos de la defensa de ese país, así como sobre la cooperación militar de Rusia y Venezuela. También, sus cómplices le habrían entregado documentación sobre el Ejército y la Fuerza Aérea nicaragüenses. Según la acusación de la Fiscalía, un capitán de la Fuerza Aérea de ese país, Rubén Castillo, habría vendido esos datos a Ríos por la suma de 4.000 dólares.

Según las autoridades de la nación centroamericana, un segundo militar de ese país, el teniente Amaru Álvarez Granera, también habría entregado datos confidenciales. Ríos lo habría conocido en junio del año pasado, inicialmente, a través de Facebook y, poco a poco, aprovechando las penurias económicas del teniente, lo habría convencido de colaborar. La Fiscalía mostró durante el juicio presentaciones en PowerPoint sobre ejercicios tácticos del Ejército nicaragüense que este oficial habría entregado al colombiano, que, en total, le pagó al teniente Álvarez, en febrero de este año, 1.000 dólares por esa información clasificada. La prensa local lo ha bautizado 'el teniente quebrado'.

Ambos oficiales fueron contactados por el colombiano desde mediados del año pasado, cuando se acercó a ellos con la disculpa de ser un periodista de una revista especializada en temas de defensa, y desde entonces sostuvo una estrecha relación con ellos. Ríos escribía desde hace dos años artículos sobre temas militares para el portal español Defensa.com, que tiene reputación de seriedad en el medio especializado (y que anunció que suspendía toda relación con él, no bien estalló el escándalo).

En tiempo récord, los dos uniformados fueron condenados a 17 años de cárcel por los delitos de espionaje militar, revelación de secretos y desobediencia. Y el colombiano está en pleno juicio, en un proceso que le puede representar una pena similar.

A raíz del diferendo limítrofe en torno al territorio marítimo alrededor de San Andrés y Providencia, las relaciones de Nicaragua y Colombia no pasan por su mejor momento. Además, el presidente de ese país, Daniel Ortega, no oculta su hostilidad frente a Colombia. Por eso, no es de descartar que todo pudiera ser un montaje para tratar de incidir en una coyuntura en la que la Corte Internacional de La Haya se apresta a emitir, en pocos meses, su veredicto final sobre el diferendo territorial. Sin embargo, ni el protagonista ni las evidencias en el proceso favorecen esta tesis.

La Fiscalía nicaragüense ha aportado un alud de pruebas que hacen pensar otra cosa. Entre otras, mostró los correos electrónicos de Ríos en los que enviaba la información que recibía de los militares nicaragüenses a dos oficiales de las Fuerzas Militares en Colombia. También, mostraron copias de giros de dinero que el colombiano habría recibido provenientes de Bogotá. Entre octubre de 2011 y julio de 2012, Ríos recibió un total de 60 transferencias que sumaban 29.000 dólares.

Ríos aceptó su responsabilidad porque vio que estaba perdido. "Frente a las evidencias de la Fiscalía, la mejor estrategia era aceptar los cargos", dijo su abogada, Silvia Sánchez. Afirmó que había realizado labores de espionaje porque trabajaba para la inteligencia militar colombiana y proporcionó los nombres de por lo menos dos oficiales a quienes identificó como sus contactos y las personas para las que realizaba el espionaje.

A raíz del escándalo se han empezado a conocer detalles verdaderamente insólitos sobre su protagonista. Luis Felipe Ríos, oriundo de Medellín, trabajó por algunos años como operador de telefonía internacional en una empresa de la que, al parecer, debió retirarse por estafar a sus compañeros con una rifa. Luego, al parecer, se dedicó a la venta de paquetes turísticos falsos. El caso es que, con el correr de los años, Ríos ha acumulado más de 20 procesos por estafa en todo el país, por uno de los cuales está condenado y tiene orden de captura vigente desde febrero de este año.

El gobierno colombiano ha sido extremadamente cauto con este caso, toda una papa caliente internacional. El presidente, cuando le preguntaron en Costa Rica, dijo no estar enterado y que prefería no discutir temas de seguridad nacional con la prensa. El Ministerio de Defensa guardó inicialmente silencio. Luego, algunos altos militares en Bogotá insinuaron que se trataba de alguien que podría estar intentando estafar a militares nicaragüenses. Finalmente, después de la confesión de Ríos en Nicaragua, habló el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón.

"Frente al ciudadano colombiano que ha sido capturado allá, se han hecho averiguaciones y hasta el momento se sabe que este señor nunca ha sido parte de las Fuerzas Armadas. Se sabe que es un periodista que estuvo un tiempo como corresponsal de una revista especializada en temas militares, venía al Ministerio de Defensa y a través de ello estableció distintos contactos", dijo. Y ante las acusaciones en Nicaragua de que Ríos habría transmitido información a militares colombianos, el ministro añadió: "Se han mencionado los nombres de algunos oficiales de rango medio bajo. Algunos de esos nombres sí corresponden a oficiales de las Fuerzas Armadas de Colombia y lo que corresponde en ese caso es realizar una investigación por parte de las Fuerzas Militares para establecer el tipo de relación que estas personas pudieran tener frente a ese caso. Fui informado de que ese señor tiene orden de captura por estafa. El Ministerio de Defensa mantiene la política de no hostilidad", concluyó.

Si bien Pinzón fue prudente, sus declaraciones refuerzan las preguntas que deja este caso que, de no ser por sus serias implicaciones, raya en lo absurdo. No es fácil entender cómo un hombre como Ríos, con más de 20 procesos penales por estafa, "venía al Ministerio de Defensa". ¿Cómo entraba y salía del país, como hizo en repetidas ocasiones este año, si tenía orden de captura? Si era un estafador que, por cuenta propia, intentaba timar a los militares nicaragüenses, ¿quién le giró desde Colombia 29.000 dólares? Y si se trataba de un espía, qué miembro de la inteligencia en su sano juicio contrata a esta especie de 'freelance' y le gira semejante suma a un estafador profesional (quien, como para confirmarlo, solo usó 5.000 de los 29.000 dólares para el 'trabajo'), justo cuando se acerca el fallo en La Haya? 

El ministro ha dicho que se investigarán las relaciones de Ríos con los oficiales colombianos mencionados en el caso. El lío de fondo es que, si Ríos estaba verdaderamente pasando información a militares colombianos, por punta y punta el caso deja mal parado al alto mando militar y civil de Defensa: es difícilmente creíble que esta 'operación' fuese obra de un par de oficiales o asesores de inteligencia de rango medio que hayan actuado a espaldas de sus superiores; pero si verdaderamente así ocurrió, algo no anda nada bien en una estructura de mando que se deja meter a semejante 'Superagente 86'.

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