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Categoría: Presidencia
La ONU recomendó restringir el uso del Ejército durante la protesta social. En la imagen, varios militares patrullan Bogotá en la antesala del paro nacional de noviembre pasado.
La ONU recomendó restringir el uso del Ejército durante la protesta social. En la imagen, varios militares patrullan Bogotá en la antesala del paro nacional de noviembre pasado.

www.fuerzasmilitares.org (28FEB2020).- Un fuerte pulso, con consecuencias imprevisibles para la política exterior del país, quedó planteado este jueves entre el Gobierno Nacional y la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La tensa situación se generó tras la publicación del informe anual de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Si bien el documento se había dado a conocer en Bogotá, en la mañana del miércoles, con tímidas reacciones, este jueves escaló a nivel de confrontación cuando el presidente de la república, Iván Duque, habló de una “intromisión en la soberanía”.

El jefe de Estado se refirió en particular a la recomendación de Naciones Unidas de modificar la vigilancia de instituciones como la Policía. Varios analistas, sin embargo, interpretaron que el informe no era de su agrado.

“Respetando el carácter multilateral que tiene la organización, me parece también que es una intromisión en la soberanía de un país cuando se dice que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior. Ese es un debate que les corresponde a las autoridades colombianas en el marco de la institucionalidad colombiana”, dijo Duque.

El mandatario hizo la afirmación casi al mismo tiempo que en Ginebra (Suiza) la alta comisionada Michelle Bachelet presentaba formalmente el documento. Allí, ella ya había recibido un dosier de la Cancillería de Colombia en el que le decían que lamentaban que su oficina hubiera dejado “pasar la oportunidad de producir un informe completo, balanceado e integral”.

Según el informe, en algunas regiones de Colombia existe una “violencia endémica” y los niveles de conflictividad han aumentado. De acuerdo con lo revelado por el organismo internacional, en 2019 se presentaron en el país 36 masacres, que implicaron la muerte de 133 personas, la cifra más alta registrada por esta oficina desde 2014.

Los principales responsables de estos hechos, según las 1.151 misiones en el terreno realizadas por la ONU, serían grupos criminales como el ‘clan del Golfo’, el Eln y ‘los Caparrapos’, que, en medio de la disputa por el control de economías ilícitas, asesinaron a 108 defensores de derechos humanos.

El Gobierno, por su parte, considera que la oficina hace una lectura incompleta de la realidad y se lamenta de que no se diga la verdad sobre avances tan importantes como el de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet). “Cuando empezó nuestro gobierno había solamente dos, hoy hay dieciséis. Estamos acercándonos a 680 obras por Pdet, vamos a llegar a 700 muy pronto, hemos activado el sistema de obras por impuestos (...) nada de eso se dice, pero se descalifica el trabajo de los Pdet”, dijo Duque.

En una realidad tan compleja como la que vive el país es difícil trazar una frontera sobre quién tiene la razón. Marcos Peckel, analista y asesor sobre temas internacionales, por ejemplo, dice que es Colombia la “que tiene que decir, tiene que defender la soberanía y sus instituciones, más allá de lo que Naciones Unidas piense o haga, que en últimas me parece irrelevante”. Sandra Botero, doctora en Ciencia Política, dice: “El informe recoge cosas que son un hecho, pues hemos visto el recrudecimiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas del país y recoge cifras que, aunque al Gobierno no le gustan, están sucediendo y es necesario resaltar”.

Botero además señala que el informe es una recomendación o sugerencia y que la reacción del Gobierno es porque "pone sobre la mesa cifras que no le convienen al gobierno colombiano en el escenario internacional".

En cambio, Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario y experto en relaciones internacionales, no vacila en afirmar que “hay un desconocimiento por parte del presidente Iván Duque de cómo funciona el sistema de protección, promoción, defensa de derechos humanos de Naciones Unidas”.

Para él, en el caso que más parece haber incomodado al jefe de Estado, “obviamente ninguna de esas recomendaciones viola la soberanía de Colombia porque son para mejorar las relaciones de la Policía con la gente”.

Esta no es la primera vez que se presentan diferencias entre esta oficina y el Gobierno. En octubre pasado hubo polémica por la demora de la administración de Iván Duque en renovar el acuerdo con este organismo.

Sin embargo, después de varios días de rumores y tensión, el Gobierno y la Oficina de la ONU de Derechos Humanos firmaron un nuevo acuerdo para la oficina que tiene esa entidad en Colombia desde 1997. El mandato se renovó por tres años.

 

(eltiepo.com)