Una joven, delante de una pintada que denuncia una agresión.| ReutersAhogaron brutalmente las protestas, abrieron fuego contra los manifestantes, llevaron a miles de egipcios ante la justicia militar, torturaron, asesinaron y se cebaron especialmente con las mujeres.Nadie ha pagado aún por las sangrientas prácticas que el ejército y la policía egipcias cometieron durante los 16 meses que sucedieron al ocaso del dictador, denuncian sendos informes publicados este martes por Amnistía Internacional (AI).

Este uso de la fuerza, que va "mucho más allá de lo permitido por el derecho internacional y la propia legislación egipcia", es especialmente dramático en lo que respecta a las Fuerzas Armadas, que sucedieron al derrocado Hosni Mubarak y administraron una turbulenta transición hasta la llegada a palacio del islamista Mohamed Mursi en julio.

En el informe "Brutalidad impune e incontrolada: el ejército mata y tortura a manifestantes con impunidad", AI documenta homicidios ilegales, uso excesivo e innecesario de la fuerza para dispersar protestas pacíficas y pasividad e incluso colaboración con los 'baltagueya' (matones) que se han enfrentado periódicamente a los manifestantes. El documento se centra en los choques registrados en una marcha de cristianos en octubre de 2011, los altercados frente a la sede del Gobierno en diciembre y la sentada de Abbasiya del pasado mayo. Los tres disturbios se cobraron la vida de 56 personas.

Un idéntico calvario sucedió a los enfrentamientos: cientos de civiles fueron detenidos y juzgados en tribunales militares sin las mínimas garantías y en violación del derecho internacional. Hasta agosto de 2011, más de 12.000 egipcios habían probado la justicia castrense y, aunque desde entonces se desconoce la cifra, cientos más podrían haberse sumado a la procesión.

Impunidad

Sus verdugos, sin embargo, no han rendido cuentas. En el caso de las mujeres sometidas a las infames "pruebas de virginidad" de marzo de 2011, una sala militar absolvió al médico acusado de efectuarlas. En la marcha de cristianos coptos convertida en un baño de sangre, solo tres soldados están procesados por "homicidio involuntario" al conducir los vehículos blindados a gran velocidad entre la multitud. Y en los recientes disturbios de Abbasiya, ningún uniformado ha sido siquiera acusado.

El ajuste de cuentas no ha llegado tampoco a los generales que integran la Junta Militar que gobernó la tierra de los faraones hasta la toma de posesión de Mursi.

El pasado agosto, el flamante presidente jubiló a varios miembros –entre ellos, el jefe de las Fuerzas Armadas Husein Tantaui- y trasladó a otros. No obstante, nombró asesores a los retirados y colocó al frente del Ejército o la guardia presidencial a personas vinculadas con los dramáticos episodios de la transición, lo que –para AI- supone "una vía de escape a cualquier rendición de cuentas".

"Salvo que los militares responsables de matar, mutilar y abusar de los manifestantes sean juzgados por un tribunal civil e independiente, no hay esperanza alguna de que las víctimas obtengan justicia ni de que los soldados teman ser castigados si vuelven a cometer estos delitos", asegura la directora adjunta de Oriente Medio y el Norte de África de AI,Hassiba Hadj Sahraoui.

Una policía impopular

La organización considera que si "Egipto quiere pasar página a décadas de abusos, el ejército no debería quedar fuera del alcance de la ley".Mursi creó en julio un comité para esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas durante la mudanza democrática pero AI solicita que se le proporcionen "los recursos, el tiempo, la potestad para citar testigos y el acceso a la información necesarios" con objeto de levantar acta de los abusos registrados entre el 25 de enero de 2011, el primer día del levantamiento popular, y el 30 de junio de 2012, la fecha de traspaso del poder al presidente elegido en las urnas.

Durante décadas, la impopular policía egipcia fue el brazo ejecutor de laley de Emergencia que restringía las libertas públicas y permitía detenciones arbitrarias o encarcelamientos indefinidos sin cargos.

Su impunidad fue uno de los detonantes de la revolución que forzó la salida de Hosni Mubarak, pero durante el periodo administrado por los generales las comisarías han continuando siendo centros de tortura y represión, constata AI en su segundo informe divulgado este martes.

'Agentes de la represión'

En 'Agentes de la represión: La policía egipcia y la necesidad de reforma', la organización relata la actuación histórica de los tres principales órganos policiales –las Fuerzas de Seguridad Central o antidisturbios, la Policía de Investigaciones Generales o nacional y los disueltos servicios de Seguridad del Estado- y su salvaje respuesta a los choques de noviembre de 2011 y de febrero y agosto de 2012.

El uso desproporcionado de gas lacrimógeno y la munición de escopeta, fabricados en Estados Unidos, causó lesiones oculares a 60 personas el pasado noviembre.

Los agentes han lanzado además perdigones, balas de goma y fuego real en las manifestaciones. Cientos de detenidos han padecido la práctica endémica de las palizas y las vejaciones. Unas actuaciones que han sido incluso publicitadas por sus ejecutores, como sucedió el pasado noviembre con el teniente de la policía conocido como "el cazador de ojos".

Para erradicar este "descarado desprecio" al Estado de Derecho, AI pide una urgente y "radical" reforma del aparato policial. "La reforma debe incluir el examen de los antecedentes de los actuales agentes, la suspensión de los que estén acusados de violación hasta que se investiguen sus casos y la creación de órganos de vigilancia civiles independientes", precisa el informe.

Con unos agentes desacreditados por la calle egipcia, AI aboga por "crear unas fuerzas policiales cuyas prácticas de reclutamientos, formación y actuación estén firmemente basadas en las normas internacionales de derechos humanos y sometidas a supervisión independiente".

elmundo.es