Teodoro ObiangEn octubre de 2011 el entonces presidente de turno de la Unión Africana, el órgano multilateral que agrupa a los Estados del continente, visitó Pretoria para entrevistarse con su homólogo sudafricano, Jacob Zuma. El jefe de la Unión Africana anunció en aquella reunión la creación de un tribunal similar a la Corte Penal Internacional (CPI) para «que los africanos resuelvan sus propios casos de violación de derechos humanos».

Aquel presidente de turno de la Unión Africana era Teodoro Obiang, el hombre que dirige de forma autoritaria Guinea Ecuatorial desde 1979, acusado de tortura y atentado contra los derechos fundamentales por la organización Human Rights Watch (HRW).

Dos años después, esa Corte Penal Africana ya está en marcha. Su creación fue aprobada en la cumbre de UA de julio de 2012 en Adís Abeba, después de que fuera trasladada de Malaui para evitar que el presidente de Sudán, Omar Al-Bashir, fuera detenido en Lilongwe por los cargos de genocidio ante la CPI de La Haya.

El nuevo tribunal africano de derechos humanos se encuentra a la espera de un informe económico, de estructuras y competencias, que serán presentados previsiblemente en la próxima cumbre de mayo de este año.

La Corte Penal Africana ha despertado los recelos de organizaciones de derechos humanos, que consideran que la nueva instancia judicial puede ser un pretexto de los líderes africanos para eludir a la CPI.

¿Puede realmente un tribunal creado por un organismo en el que se sientan presidentes empañados por los abusos contra la humanidad como Al-Bashir, Obiang o Robert Mugabe combatir con independencia las violaciones de derechos, cometidas en muchos casos por sus propios aliados?

Todos los hombres buscados por el tribunal de La Haya son africanos, y tan solo Thomas Lubanga, exguerrillero de la República Democrática del Congo (DRC) ha sido sentenciado por sus crímenes contra la humanidad.

De las 24 personas buscadas por la CPI, solo siete se encuentran bajo custodia del tribunal internacional, mientras que Costa de Marfil, Kenia, la RDC, Sudán o Libia se han negado en repetidas ocasiones a ajusticiar o entregar a sus supuestos criminales.

El presidente Al-Bashir y dos de sus ministros permanecen en el Gobierno de Sudán y se mueven con impunidad por gran parte de los países del continente pese a estar imputados por delitos de genocidio y violación de derechos humanos en la provincia de Darfur.

Kenia se niega a entregar a cuatro personas supuestamente implicadas en la violencia postelectoral entre 2007 y 2008 y dos de ellos, Uhuru Kenyatta y William Ruto, se presentan a las elecciones presidenciales y legislativas de este lunes.

Ambos están llamados a comparecer el 10 y el 11 de abril en La Haya por crímenes contra la humanidad, coincidiendo con la segunda vuelta de los comicios en el país africano.

«Sea cual sea el resultado, si Kenyatta y Ruto no comparecen en La Haya, debe haber consecuencias para el Gobierno de Kenia», afirmóTiseke Kasambala, directora para África de HRW, en una entrevista concedida a ABC en Johannesburgo.

Contra la impunidad

En su informe de 2012, la organización afirma que el apoyo de Kenia a la creación de una Corte Penal Africana está motivada aparentemente por «su interés de crear un conflicto de competencias para descarrilar las investigaciones de la CPI».

La Unión Africana asegura que la ampliación de competencias de la Corte Africana de Derechos Humanos (ACHPR), que la convertirán en un tribunal similar al de La Haya, «persigue simplemente crear un mecanismo continental que permita a los Estados miembros luchar contra la impunidad».

«La expansión de la jurisdicción nunca pretendió sustituir a la CPI. Ningún caso de la CPI se verá afectado. Cada una tiene su mandato y no se han creado en detrimento una de la otra, sino para fortalecer la lucha contra la impunidad», aseguró a ABC desde Adís Abeba El-Ghassim Wane, director del departamento de Paz y Seguridad de la UA.

«Es problemático que la UA, de la que son parte Gobiernos que no colaboran con La Haya o que incluso están requeridos por la CPI, pongan en marcha una Corte Penal. ¿Permitirán estos líderes que el tribunal actúe contra ellos?», se pregunta Tiseke Kasambala.

«Ilegal y racista»

HRW pone como ejemplo el tribunal de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC), que fue suspendido después de que éste fallara contra el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, cuyo plan de expropiación de tierras a los granjeros blancos fue calificado de «ilegal y racista».

«Puede ser una buena idea, pero necesitamos que se garantice su independencia y que en ningún caso sustituya a la Corte Penal Internacional de La Haya».

Piers Pigou, director para África Austral del Grupo Internacional de Crisis, considera que «no todo tiene que acabar en La Haya» y es positivo que los Estados africanos resuelvan sus conflictos por sí mismos en la medida de lo posible, aunque se pregunta si acaso África está ya preparada para ello.

«Es fundamental que África demuestre más responsabilidad (en defensa de los derechos humanos), y tenemos que ver más decisión por parte del tribunal africano, sobre todo en cuanto a la oposición política a la CPI», explica Pigou.

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