José Ignacio Salafranca, el eurodiputado español del Partido Popular que encabeza la misión de observación de la Unión Europea en Argelia, tiene una larga experiencia, plagada de dificultades, en materia de supervisión de procesos electorales. Estuvo en Líbano, Perú, México... Pero nunca, hasta ahora, habían tachado de espías a los miembros de su equipo.

En Argelia sí les han acusado de ser espías. Por ejemplo, Abderramán Saidi, un dirigente islamista afín al Gobierno, aseguró en público que dos observadores, una húngara y un griego, habían rebasado los límites de su misión durante su recorrido por tres provincias.

La prensa oficialista, con el diario En Nahar a la cabeza, llegó incluso a señalar que los servicios secretos habían abierto una investigación sobre las actividades de inteligencia de otros dos observadores, un polaco y otro griego, sin que se produjera ningún desmentido.

“No somos espías”, repite Salafranca ante la prensa local refiriéndose a sus 150 observadores. “Estamos aquí en el marco de una misión amistosa e invitados por las autoridades de Argelia”, añade. Las autoridades argelinas dejaron de lado su susceptibilidad nacionalista e invitaron esta vez a observadores internacionales. Las grandes ONG con experiencia en la materia, como la Fundación Carter, declinaron desplegarse en Argelia como lo hicieron en octubre en Túnez, porque sospechan que aún no se daban las condiciones para unas legislativas transparentes, pero otras organizaciones internacionales sí aceptaron.

Entre ellas está la Unión Europea, pero también figura, con 200 observadores, la Unión Africana. Otras instituciones como la Liga Árabe o la Organización de la Conferencia Islámica enviaron delegaciones menos numerosas. En total hay unos 500 observadores internacionales.

No colaborarán porque, explica Salafranca, porque esas delegaciones africana o árabe “no poseen la misma experiencia ni el mismo método de trabajo”. “No hemos venido a dar un cheque en blanco” a la consulta, subraya.

Aunque, a grandes rasgos, Argel ha dado facilidades a la delegación europea, su tarea ha estado salpicada de tensiones. El ministro del Interior, Dahou Ould Kablia, rehusó entregar a Salafranca el censo electoral nacional que, según la oposición argelina, está hinchado, so pretexto de que contiene datos privados de los ciudadanos.

Sí accedió finalmente, el lunes, a permitir que los observadores europeos consulten los censos electorales de las 48 provincias porque, al parecer, su divulgación no atenta contra la privacidad de los argelinos. “Hubiese sido preferible poder acceder al fichero nacional”, se lamenta Salafranca.

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