A pesar de que en el entorno geográfico de Sudán recientemente ha habido revoluciones y cambios de regímenes políticos, el país seguía siendo un foco de estabilidad en el mundo árabe.

El actual régimen sudanés lleva en poder casi 23 años. Las autoridades dieron con entusiasmo la bienvenida al derrocamiento de los líderes de Egipto y Libia, con los que no tenían muy buenas relaciones, pero al parecer no consideraban posible que algo parecido pudiera sucederles a ellas. Esta seguridad radicaba en una relativa libertad política existente en Sudán y el profundo cansancio del pueblo sudanés de las revoluciones y revueltas del pasado.

No obstante, a mediados de junio en la capital del país, la ciudad de Jartum, empezaron manifestaciones estudiantiles contra el aumento de precios, otros grupos sociales no tardaron en unirse a las protestas. Los expertos se vieron obligados a plantearse si de verdad la situación en el país era tan estable como parecía. ¿Seguiría el camino de sus vecinos, Egipto y Libia, donde se renovaron los dirigentes del país?

La crisis económica es la razón de las tensiones sociales

Desde hace tiempo se dejaban sentir tensiones dentro de Sudán: el año pasado Sudán del Sur se independizó, quedándose con el 75% de los yacimientos petrolíferos del país y negándose posteriormente a pagar a Jartum por el tránsito del petróleo. Como resultado, los ingresos del presupuesto sudanés cayeron bruscamente.

Las esperanzas de que Yuba pagara a Sudán del Norte 36 dólares por el tránsito de un barril de petróleo y le indemnizara la pérdida de los yacimientos derivada de la proclamación de su independencia, no llegaron a hacerse realidad. No solo se negó Sudán del Sur a pagar unos “precios desorbitados” a su juicio por el uso de la infraestructura petrolera, sino que introdujo un férreo control y le incriminó a Jartum sustracciones ilegales de parte de hidrocarburos destinados a las exportaciones.

Hubo retórica beligerante por parte de las autoridades sudanesas que vaticinaban daños, en primer lugar para el propio Sudán del Sur y amenazaban con no permitirle nunca más realizar el tránsito del petróleo por su territorio. La decisión del Gobierno de Sudán del sur provocó el derrumbe de la economía y de todo el país.

En mayo pasado, la tasa de inflación superó el 30% mensual, el dólar llegó a costar en el mercado negro el doble de su cotización oficial y el déficit del presupuesto equivalente a unos 2.400 millones de dólares parecía imposible de suplir.

En los seis años transcurridos desde la firma del Acuerdo General de Paz que ponía fin a una guerra civil de varias décadas de duración, las autoridades sudanesas se acostumbraron hasta tal punto a vivir holgadamente gracias a los ingresos de la venta de petróleo que dejaron de desarrollar otros sectores de la economía nacional, en primer lugar la agricultura que sustenta al 80% de la población del país.

Otro golpe a la economía nacional fue asestado por unas intensas acciones militares emprendidas en primavera pasada contra los rebeldes en los Estados fronterizos de Kordofán del Sur y Nilo Azul por el dominio de la región petrolífera de Heglig.

A consecuencia ello se produjo una serie de fracasos políticos, en concreto, en las negociaciones con Sudán del Sur, y económicos. El Gobierno aumentó la carga tributaria de los contribuyentes, suprimiendo al mismo tiempo las subvenciones estatales, que permitían mantener precios bajos para el combustible.

Las exigencias de la oposición

El descontento popular provocado por el aumento de los precios de petróleo (un 60%), de azúcar (un 40%) y de las tarifas de transporte público (un 45%) fue encauzado, según les convenía, por los partidos políticos en la oposición. A las exigencias económicas se añadieron las políticas, entre ellas el cambio del Gobierno y la retirada del partido oficialista Congreso Nacional Africano, la creación de un Gobierno de transición y la celebración de las elecciones parlamentarias y presidenciales.

Sin embargo, la oposición sudanesa no dispone de ningún programa de medidas económicas, capaces de sacar al país de la crisis.

Además, dentro de la propia oposición representada por el Congreso Popular liderado por el islamista Hasan al Turabi, el partido Umma presidido por el antiguo primer ministro del país Sadiq al-Mahdi y por el Partido Comunista de Sudán, existen discrepancias sobre las relaciones con las autoridades y con Sudán del Sur.

Así, el partido de mayor peso político, Umma, propone reconsiderar los gastos en la esfera militar, indicando que precisamente su excesiva cantidad acarreó el déficit presupuestario. Se pronuncia además por cesar las acciones militares contra los insurgentes y normalizar las relaciones con Sudán del Sur.

En caso de ser alcanzados todos estos objetivos, se necesitará no poco tiempo para reanudar el tránsito del petróleo procedente de Sudán del Sur a través del territorio nacional. Y es muy poco probable que la oposición, de llegar al poder, consiga concesiones por parte de Yuba, cuyas arcas de Estado permanecen vacías, debido a las actuaciones de funcionarios corruptos.

No queda claro cómo se dispone la oposición a solucionar el problema del déficit presupuestario. Las declaraciones del tipo “Sudán es un país rico y capaz de garantizar a sus ciudadanos un aceptable nivel de vida, si el 88% de los gastos que se destinan en la actualidad en la esfera militar y en la burocracia, pasa a destinarse al desarrollo de la agricultura y otros sectores de la economía nacional” apenas podrían ser puestas en práctica en un futuro inmediato.

Al mismo tiempo, la mayoría de los sudaneses se da perfecta cuenta de que en la oposición hay algunas figuras que habían ya estado en el poder y defraudado las esperanzas puestas en ellos.

El momento de la verdad del régimen sudanés

La oposición ha fijado el momento del inicio de una nueva primavera árabe en Sudán. Es el 30 de junio, fecha en la que se cumplen 23 años desde la llegada al poder del presidente Omar al-Bashir.

En vísperas de las multitudinarias manifestaciones convocadas por la oposición para finales de esta semana, la policía sudanesa ha visitado muchos domicilios de los miembros de la oposición y los ha arrestado.

No obstante, si las fuerzas del mantenimiento de orden público no se dejan llevar por las represalias, razón que suele provocar reacción violenta en la población, en un determinado período de tiempo las acciones de protesta se volverán menos intensas.

El próximo 19 de julio, empieza el mes de Ramadán y los habitantes del país seguramente no querrán rebelarse. Las personas adineradas suelen pasar ese período lejos de casa y las capas más desfavorecidas estarán asistidas por organizaciones y fundaciones benéficas musulmanas.

Tras el final de Ramadán empezará el otoño, una temporada menos calurosa que conllevará la disminución de los gastos en energía eléctrica y en gasolina y la bajada de precios.

RIA Novosti