Barack Obama, con licencia para matarLa oficina legal de la Casa Blanca ha establecido que no es contrario a la ley matar a un ciudadano estadounidense en el extranjero “si un alto cargo del Gobierno” asegura que el objetivo a batir es una figura de Al Qaeda que supone “una amenaza inminente de ataque contra Estados Unidos” y su captura no es posible. La Casa Blanca ha salido hoy al paso de tal información y, a través de su portavoz, Jay Carney, ha declarado, a preguntas de los periodistas, que “el presidente tiene mucho cuidado a la hora de conducir la guerra contra el terrorismo de acuerdo con la Constitución y las leyes”.

La licencia para matar de la que se ha dotado la Administración de Barack Obama para acabar con la vida de ciudadanos norteamericanos en el extranjero ha quedado expuesta por primera vez a la luz públicadespués de que la cadena NBC obtuviera el documento clasificado de 16 páginas del Departamento de Justicia que asegura que no viola la Constitución americana ni los derechos de los ciudadanos con tales prácticas.

En el memorando se extiende el concepto de “ataque inminente” y se concede al Gobierno que no deba tener pruebas concretas de una conspiración ya que los líderes de Al Qaeda al frente de las operaciones terroristas están planeando ataques de forma continuada contra EE UU. “Al Qaeda efectuará tales ataques siempre y cuando le sea posible”, asegura el informe de Justicia para circunvalar el concepto de inminencia.

El documento que ahora se conoce es un resumen derivado del memorando legal que en el verano de 2011 se pasó a algunos miembros de los comités de Justicia e Inteligencia del Senado. Ese informe se redactó meses antes del ataque en Yemen con un drone(avión no tripulado) en septiembre de ese año contra el clérigo musulmán nacido en EE UU y perteneciente a Al Qaeda, Anwar Al Aulaki. En el ataque, además de Aulaki, murieron otros tres estadounidenses, incluido el hijo de 16 años del clérigo.

Aulaki era un ciudadano norteamericano con derecho a una detención, proceso y juicio justo con una condena apelable

Según diversas organizaciones de derechos humanos de EE UU, Aulaki sufrió una ejecución extrajudicial (targeted killing) y por ello presentaron querellas contra el Gobierno exigiendo saber cuáles habían sido los fundamentos jurídicos de aquella acción. Aulaki era un ciudadano norteamericano por mucho que predicara la Yihad y se refugiase en Yemen, lo que le hacía sujeto de derecho a una detención, proceso y juicio justo con una condena apelable.

La Administración de Obama —apoyada por diversos fallos judiciales— ha rechazado de forma repetida las peticiones de congresistas, grupos de derechos civiles y diversos medios de comunicación de hacer público el memorando y otra información relativa a las ejecuciones extrajudiciales, incluso —hasta ayer— ni siquiera había reconocido su existencia.

“Estos ataques [con drones] son legales, son éticos y son inteligentes”, ha contestado el portavoz de la Casa Blanca, a quien le acaba de estallar en las manos una crisis con la que no contaba tras la obtención del memorando de Justicia por el periodista de NBC Michael Isikoff. La Administración “tiene mucho cuidado” a la hora de decidir a quién y cuándo ataca, puntualizó Carney.

Las dos preguntas que han llegado a continuación en la sala de prensa de la Casa Blanca dejaron prácticamente sin habla a Carney. “El hijo de 16 años de Aulaki muerto por un drone, ¿también era un terrorista que suponía un peligro inminente?”. “Para un presidente que se opone a la tortura y considera tal el waterboarding, ¿no es una violación de los derechos humanos matar a un ciudadano americano sin juicio?"

En dos días, el próximo jueves, tendrá lugar la primera audiencia para la confirmación del hombre elegido por el presidente Obama para dirigir la CIA, John Brennan, uno de los promotores de la estrategia de los ataques con drones y actual consejero del presidente en contraterrorismo. Un grupo de 11 senadores pidió por carta al principio de la semana a Obama —antes de que se filtrara la información obtenida por NBC— que revelase los supuestos bajo los que se aprueban los ataques con aviones no tripulados cuando se trata de ciudadanos estadounidenses. La carta suponía la más dura advertencia hecha hasta la fecha contra esa estrategia y los senadores consideraban oponerse a los nombramientos del Pentágono y la CIA a menos que los memorandos se hicieran públicos.

La confirmación de Brennan no va a ser fácil. Este martes, un documento del grupo de defensa de los derechos humanos Iniciativa de Justicia de la Sociedad Abierta (OSJI, siglas en inglés) aseguraba que almenos 54 países colaboraron “activamente” con el programa secreto de detenciones ilegales de supuestos terroristas desarrollado por la CIAtras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe consta de más de 200 páginas y expone que la Administración de George W. Bush abrazó el “lado oscuro” para combatir el terrorismo internacional. Según el estudio, la Administración republicana autorizó numerosas violaciones de los derechos humanos sin preocuparse por respetar las leyes estadounidenses ni las internacionales.

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