Paren a los drones asesinosBrett Kaufman, miembro del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU, siglas en inglés), es uno de los abogados que, junto al Centro para los Derechos Constitucionales, demandaron al gobierno de EE.UU. en nombre de Nasser al-Awlaki, padre del clérigo musulmán Anwar al- Awlaki, quien murió en Yemen bajo un ataque de aviones no tripulados (drones) estadounidenses en 2010. La demanda argumenta que dicho ataque viola la Constitución estadounidense y la ley internacional. Operaciones similares se han hecho en diferentes países contra otros presuntos terroristas.

Desde que se filtró un documento del Departamento de Justicia de EE.UU. en el que se considera legal matar a ciudadanos estadounidenses vinculados a Al Qaeda, el programa de drones —con que se realizan esa clase de ataques— ha llegado por primera vez al escrutinio público. La confirmación de Jhon Brennan como nuevo director de la CIA en el Senado estuvo marcada por protestas antidrones y por la preocupación de los legisladores que desconocen los detalles de una estrategia militar que ha sido secreto de Estado desde 2004. La Casa Blanca, presionada, afirmó que divulgará información sobre lo que ha sido el pilar de la ofensiva de Obama contra el terrorismo. Aunque el debate entre los ataques selectivos y las leyes domésticas e internacionales apenas comienza, Kaufman explica a El Espectador por qué la estrategia antiterrorista de EE.UU. está, según él, violando la legalidad doméstica e internacional.

Un buen ejemplo es el de Anwar al Awlaki, uno de los individuos que defendemos en la demanda que presentamos : el gobierno estaba vigilando a Al Awlaki durante muchas semanas antes de matarlo y no han presentado evidencia de que él estuviera involucrado en una amenaza inminente contra EE.UU. Entre más tiempo se demore el ataque, se está yendo cada vez más lejos de una situación de emergencia. Como nosotros argumentamos, tres semanas es una cantidad de tiempo que no cuadra con la comprensión tradicional de lo que es una amenaza inminente en la ley doméstica o internacional.

¿Qué tan efectiva ha sido la política de drones para luchar contra el terrorismo?
Es difícil responder con precisión, porque gran parte de la información es un secreto del Gobierno. Brennan ha dicho que las muertes de civiles han sido mínimas. En todo caso, reportes de ONG y periodistas muestran que el número es mucho mayor, algunos estiman que puede haber mil muertes de civiles o más. Parte del problema con discutir públicamente sobre los drones, tanto en EE.UU. como en la comunidad internacional, es que simplemente no tenemos mucha información. La ACLU ha ido a la Corte con un Acta de Libertad de Información para buscar detalles sobre las muertes de civiles.

Usted estudió el reporte ‘Viviendo bajo los drones’ en Pakistán. ¿Cuál es la realidad de los ataques selectivos en ese país?
Ese reporte fue hecho por las facultades de leyes de Stanford y Nueva York, que pasaron mucho tiempo en el terreno con gente que ha experimentado ataques de drones, han compilado mucha información de otras fuentes públicas para hacer análisis del efecto de los drones en el terreno. El reporte dice que hay mucha gente afectada por estas políticas. Hay civiles que han muerto, otros han sido aterrorizados y viven con constante miedo. El reporte fue muy claro en que esta política tiene un efecto muy preocupante sobre las comunidades donde se pueden presentar ataques.

¿Por qué el uso de drones es legal o ilegal bajo la ley estadounidense?
Bajo la ley internacional y bajo la Constitución, los asesinatos selectivos pueden ser legales en circunstancias muy específicas. Es difícil discutir la legalidad del programa en sí mismo, pero podemos analizar algunos casos concretos. A pesar del secretismo del gobierno, sabemos que tres estadounidenses han muerto en asesinatos selectivos. Bajo la Constitución de EE.UU., la quinta enmienda requiere el debido proceso jurídico antes de retener a un individuo o privarlo de su vida. Normalmente esto significa balancear el interés privado del individuo y el interés del gobierno. El tercer componente es el riesgo de que la privación de la vida o la libertad sea realizada por error por el gobierno.

Durante muchos años la Corte ha usado esos tres elementos para determinar si el debido proceso ha sido vulnerado en un ataque. En el caso de estos tres norteamericanos, como la ACLU y el Centro para los derechos Constitucionales han argumentado, sus derechos fueron violados, porque ellos no representaban el tipo de amenaza inminente que hubiera permitido al gobierno despojarlos de sus vidas. Lo espeluznante de la posición del gobierno es que no solo dice que puede tomar la decisión de matar o no a un estadounidense o cualquier otro individuo, sino que también argumenta que incluso tras haberlo matado, las familias no pueden ir a la Corte a exigir una explicación de por qué fueron atacados y qué clase de amenaza representaban. El gobierno ni siquiera ha aceptado que había una ley que protegía estas personas, han dicho a la Corte que no debe evaluar si el gobierno violó la ley.

El concepto de ‘amenaza inminente” es uno de los más problemáticos al hablar de la lucha antiterrorista estadounidense…

La inminencia es, según el documento filtrado, una de las limitaciones para definir cuándo puede atacar el gobierno. Lo que es realmente extraño es que el documento comienza diciendo que la inminencia limita al gobierno y luego uno encuentra una definición de inminencia que no se parece a cualquier definición de este concepto en la ley constitucional ni en la internacional. En la constitucional, inminencia significa una amenaza específica, concreta, que va a resultar en daño. En la internacional significa lo mismo, que hay situación de emergencia y que las únicas opciones son defenderse o recibir el ataque.

El gobierno, en el documento filtrado, dice que la inminencia no significa eso, sino que basta con que con una oficial de alto nivel considere que alguien es un peligro para EE.UU. y que se determine que la captura de esa persona no es factible.

¿Los ataques con drones son una amenaza para los derechos humanos?
Sí. Sean o no estadounidenses las víctimas y sea o no el análisis hecho bajo la Constitución de EE.UU. o la ley internacional, esta clase de actividad viola —incluso dentro de una situación de conflicto armado en la que dichos ataques podrían ser legales— todas sus limitaciones. En el Derecho Internacional Humanitario (DIH), que es el derecho de la guerra, un individuo debe estar participando directamente en hostilidades, ese el estándar que debe cumplir para que pueda ser objetivo de un ataque. Desde la evidencia disponible, no parece que todos los individuos que han sido objetivos del gobierno en ataques con drones cumplan con esa condición. Pero no solo hay limitaciones sobre cuándo un gobierno puede atacar a una persona, también hay consideraciones para prevenir daños colaterales. Desde la información disponible, parece que el gobierno tampoco está respetando eso. Cuando mataron a Anwar al Awlaki también murió su hijo de 16 años, nacido en Denver, estaba en un restaurante en el que murieron además otras siete personas bajo el ataque de un dron. Esto indica que el proceso no respeta las limitaciones impuestas por el DIH o la Constitución.

El gobierno dice que hay un conflicto armado entre EE.UU. y Al Qaeda…
El gobierno dice que está en un conflicto armado no internacional en Yemen. Ha aseverado públicamente que las reglas para el conflicto armado deberían aplicarse en este caso. Eso es algo que está muy poco claro y el gobierno no provee un buen argumento de porqué debería considerarse así. Estándares legales dicen que cuando hay un conflicto armado no internacional, debe haber una organización o grupo armado que no represente a un gobierno, contra un gobierno. Un conflicto armado internacional requiere el enfrentamiento entre dos gobiernos. En ambas situaciones hay estándares que dicen cuando hay o no conflicto, entre esos están las organizaciones de grupos armados y la intensidad de las hostilidades en el terreno. Cuando uno mira a Yemen, parece que estos factores no están presentes en la manera en que el gobierno lo asume.

El argumento del gobierno es que Al Qaeda está en una guerra con EE.UU. en Pakistán y en Afganistán, que en la Península arábiga hay una extensión de Al Qaeda y, por eso, el gobierno dice que está en un conflicto armado en Yemen. Sin embargo, la asociación de un grupo en Yemen y otro en Afganistán no es un factor determinante al decidir si hay o no un conflicto armado. Habría que buscar hechos en el terreno para determinar si ese conflicto existe y cómo aplicaría ahí la ley internacional. El gobierno se atribuye una autoridad que se salta muchos pasos en estos procedimientos.

Al hablar de la política antiterrorista de EE.UU., hay una relación compleja entre los derechos constitucionales, la ley internacional y la seguridad nacional . ¿Cómo armonizar estos tres?

Es muy difícil armonizar las necesidades de seguridad con las de respetar los derechos humanos y constitucionales, cuando el Ejecutivo lleva adelante una política sin dar información pública al respecto. Un buen primer paso es que haya transparencia del gobierno, para que el público entienda lo que está pasando. El gobierno ha dicho que los asesinatos selectivos son “legales, éticos y sabios”, ahora tendrá que convencer de esto al Congreso, a los estadounidenses y al mundo. Si cree que sus acciones van en concordancia con la ley debe demostrarlo.

¿Los drones requieren un nuevo marco legal para la guerra?

El problema con los asesinatos selectivos no es si se realizan a través de un avión tripulado o no tripulado, o mediante un misil lanzado desde un base. El problema es el proceso usado para determinar quién es objeto de ese ataque. Tanto bajo la Constitución como la ley internacional, ya hay parámetros muy claros que dicen qué condiciones debe cumplir un individuo para ser atacado. El arma no es lo que importa aquí. Se habla mucho sobre la psicología de los aviones no tripulados, pero en términos legales, atacar con o sin el piloto representa lo mismo.

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