Tala ilegal: Perú pierde millones de dólares al año en ingresos fiscales y pagos no realizados por taladores ilegales. Las fuerzas de seguridad están trabajando para detener a las personas dedicadas a esta actividad. [Imagen: Cortesía de Inforegión.pe]www.fuerzasmilitares.org (24NOV2014).- Perú está dando pasos firmes para terminar con la tala ilegal, una actividad que ha generado violencia y muertes, además de la destrucción del medioambiente en la región amazónica y la pérdida para el gobierno de decenas de millones de dólares al año por pagos e impuestos no percibidos.

Un reciente cuádruple homicidio motivó al gobierno a incrementar sus esfuerzos contra dicha actividad. El 1 de septiembre, cuatro indígenas Asháninka fueron asesinados en una remota región de la Amazonia, cerca de la frontera con Brasil. La policía peruana cree que las víctimas fueron asesinadas por una o más personas dedicadas a la tala ilegal.

Tras los asesinatos, el gobierno federal designó al General César Fourment de la Policía Nacional (PNP) como Alto Comisionado contra la tala ilegal, quien está a cargo de una oficina en la ciudad de Pucallpa, capital del Ucayali. Allí se coordinan acciones de prevención y seguridad, especialmente en la zona fronteriza con Brasil, que tiene una extensión de 2.822 km.

La PNP investiga cuádruple homicidio

Los cuatro peruanos asesinados —Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo— fueron emboscados cuando caminaban desde Saweto, la aldea de la cual Chota era líder, hacia una comunidad Asháninka brasileña. Como no llegaron a destino en Brasil, unos amigos que iban más adelante regresaron y encontraron sus cuerpos. Las víctimas habrían sido asesinadas a balazos, informaron autoridades policiales.

Chota, de 52 años, líder de la comunidad indígena Alto Tamaya-Saweto, era un acérrimo defensor de su territorio y se oponía a la tala indiscriminada. Había denunciado varias amenazas de muerte provenientes de taladores ilegales a quienes no les gustaba que él hablara en público contra su actividad.

La PNP envió a diez oficiales de la División de Investigación Criminal a Saweto para investigar los homicidios. Otros 30 policías establecieron dos campamentos para brindar seguridad a la población, integrada por 30 familias nativas, según el periódico peruano La República.

Mientras tanto, el Ministerio Público investiga el caso junto a la PNP. La policía detuvo a un individuo, Adeuzo Mapes, y busca a su hijo, Eurico Mapes, quien también estaría implicado en los asesinatos. Residentes indígenas han acusado a ambos de dedicarse a la tala ilegal.

“Los indígenas se han convertido en las principales víctimas de la cadena delictiva de tala ilegal”, manifestó Julio Pareja, ingeniero forestal y consultor de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD).

Indígenas amenazados por la tala ilegal

La tala ilegal amenaza la integridad de la selva, de la cual pueblos indígenas como los Asháninka dependen para sustentarse. Allí cultivan raíz de yuca, boniato, maíz, arroz, café, banana, cacao y azúcar; también cazan y pescan en la selva, principalmente con arcos y flechas.

“Tienen todo un mecanismo para cuidar su tierra que los taladores ilegales no respetan”, afirmó Pareja.

Las personas dedicadas a la tala ilegal operan en gran parte de la Amazonia peruana, que abarca un área de 7,8 millones de km2, más del 60% del territorio nacional. Desde el año 2000, han deforestado más de 1 millón de hectáreas de selva en el departamento de San Martín, por ejemplo. Aunque no hay cifras oficiales respecto al número total de hectáreas deforestadas a raíz de la tala ilegal en la Amazonia peruana, el cultivo de hoja de coca y la minería ilegal son otras de las causas de la desaparición de selvas tropicales en la región.

La tala ilegal es costosa para el gobierno

La tala ilegal no solamente afecta profundamente a los pueblos indígenas, sino que también afecta al gobierno peruano.

Entre enero de 2008 y mayo de 2010, más de un tercio de todos los cargamentos de cedro y caoba de Perú a Estados Unidos pertenecían a taladores ilegales, según un informe realizado por la Agencia de Investigación Ambiental (EIA). Se estima que la mayor parte de esa madera no habría pagado los impuestos que el gobierno generalmente obtiene a partir de la tala, y los totales anuales pueden alcanzar cifras asombrosas. En 2002, por ejemplo, Perú perdió US$70 millones por dicho concepto. Esta cifra incluye pérdidas en ingresos por impuestos, pagos y el valor degradado de las tierras de tala, pero no incluye el daño al ecosistema de la región amazónica, como la baja de la biodiversidad y protección al agua dulce.

Mientras tanto, las exportaciones legales de madera del país generaron aproximadamente US$150 millones para el gobierno en 2013.

Los esfuerzos por combatir la tala ilegal hacen que Perú recupere parte de sus ganancias perdidas. Por ejemplo, entre marzo y mayo, 15.000 m3 de madera obtenida ilegalmente y valuada en US$20,6 millones fue incautada por la “Operación Amazonas”. Esos esfuerzos fueron dirigidos por INTERPOL Perú junto a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Perú tiene 73 millones de hectáreas de selva, de las cuales 70 millones son selvas amazónicas, según el Ministerio del Ambiente. La tala ilegal se concentra en especies de árboles de alto valor comercial, tales como caoba, cedro y cumala, según OSINFOR.

Muchas concesionarias presentan información falsa sobre árboles que no existen, únicamente para obtener autorizaciones y permisos para extraer grandes cantidades de madera de zonas fuera de sus concesiones, incluyendo áreas protegidas y tierras indígenas, según una investigación realizada en 2012 por Julia María Urrunaga, directora de los Programas para Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).

Las Fuerzas Armadas de Perú brindan apoyo para la inspección y control fronterizo que realizan OSINFOR, la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre y las Asociaciones de Gestión del Bosque. Las Fuerzas Armadas también brindan seguridad en los puestos de inspección donde se controla la madera peruana antes de exportarse.

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