Guerra de Las Malvinas
Monumento a los soldados caídos en Malvinas

www.fuerzasmilitares.org (16SEP2016).- Por considerarlo de interés para nuestros lectores, y con el fin de comprender un poco más las problemáticas del sector defensa en la República de Argentina, nos permitimos reproducir aquí un artículo publicado originalmente por el periódico El Clarín, que aborda la situación de los Veteranos de la Guerra de Las Malvinas.

Hay verdades establecidas de la guerra de Malvinas que siguen inquebrantables aunque dudosa sea su fuente. El engorde los padrones de veteranos de guerra en los años noventa es uno de ellos. Y pocos cuestionan por qué, al finalizar el enfrentamiento bélico con el Reino Unido eran 10.000 las personas involucradas directamente en el escenario de guerra, y hoy, treinta años después, más de 22.000. El reconocimiento representa por cierto un importante aporte del fisco a quienes dicen haber combatido en Malvinas.

Desde el vamos habría que empezar a pensar en un desembolso federal de 110 millones de pesos como parte de las pensiones nacionales que se basan en tres jubilaciones mínimas para cada veterano. A ello se agregan otros subsidios provinciales y estatales, y pensiones honoríficas que en muchos casos llegaron a cobrar militares con causas judiciales abiertas por violaciones a los derechos humanos y sin sentencia, hasta que grupos de ex soldados pusieron el grito en el cielo en Balcarce 50.

Basta un paneo a los listados oficiales históricos para encontrarse con que la única fuerza que no varió la cantidad de personal destinada al escenario bélico de Malvinas desde 1982 en adelante fue el Ejército, mientras que la Marina metió a unas 10.000 personas y la Fuerza Aérea a unos 500.

Si bien de 1982 a 1992 el padrón oficial ya pasó de 10.000 a 14.000 veteranos, el gran cambio –y desde entonces inamovible- se produjo en el año 1994, cuando el Consejo de Oficiales Superiores de la Armada Argentina logró incorporar al sistema de pensiones todo el personal de los buques mercantes, de transportes, corbetas y pesqueros sin que se estableciera si ello cumplía o no con la ley 23.109 y su decreto reglamentario, de 1988. La legislación estableció como beneficiarios de la pensión de guerra a los ex soldados conscriptos de las Fuerzas Armadas y los oficiales y suboficiales de las tres fuerzas, de la Prefectura, la Gendarmería que estuvieron en el Teatro de Operaciones Malvinas (TOM) -el archipiélago propiamente dicho- o que entraron en combate en el área del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS ) entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Ya desde entonces, los soldados consideraron un insulto lo que a rienda suelta se veía como una moneda de intercambio entre el gobierno de Carlos Menem y las fuerzas armadas. La manera irregular en que se incluyó a personas que estuvieron muy indirectamente vinculadas a la guerra también generó quejas en las fuerzas como las del ex jefe del Ejército, Martín Balza. Aún siendo miembro del gobierno de Menem, Balza reclamó que la lista de veteranos difería “sustancialmente con los datos históricos conocidos”.

Desde hace años, la intervenida Comisión Nacional de Ex Combatientes –salpicada en los 90 por hechos de corrupción- está a cargo de Rodolfo Cortés, un funcionario de bajo perfil, arisco a la prensa. Desde su despacho en el Ministerio del Interior, hoy al mando de Florencio Randazzo, es de donde se atiende a quienes estuvieron en Malvinas, pero también a los “movilizados”. Estos son aquellos miles de jóvenes que hacían el servicio militar obligatorio durante 1982 y que estuvieron asignados en bases militares y otros destacamentos militares.

Hace unos años los autobautizados “veteranos continentales”comenzaron a pedir reconocimiento y pensiones amparándose también en los irregularmente engordados padrones oficiales. Gozan por cierto de respaldo no visibles de sectores militares en situación similar para 1982. Hasta ahora la orden del Ejecutivo es ni pan ni agua.

 

(Natasha Niebieskikwiat, clarin.com)