Kim Jong-unCorea del Norte ha condenado a 15 años de trabajos forzados, sin clarificar los motivos, a un guía turístico estadounidense que entró en el país, algo que expertos interpretan como una maniobra del régimen para ganar ventaja en futuras negociaciones con Washington.

La Corte Suprema norcoreana sentenció a Kenneth Bae "a 15 años de trabajos forzados por su crimen", informó este jueves la agencia estatal del régimen KCNA, que se limitó a explicar que el guía, identificado por su nombre coreano Pae Jun-ho, "cometió actos hostiles tras entrar como turista" el pasado noviembre.

Corea del Norte detuvo desde 2009 a otros cinco estadounidenses que finalmente fueron liberados a través de contactos con Washington, lo que ha llevado a muchos expertos a adivinar motivos políticos en la detención y condena de Bae, ciudadano de 44 años de origen coreano con pasaporte de EE.UU.

La condena "recuerda a acciones similares del pasado", indicó a Efe Bong Young-shik, investigador del prestigioso Instituto de Política Asan en Seúl, que citó el caso de las reporteras estadounidenses Laura Ling y Euna Lee.

Ambas fueron condenadas a 12 años de trabajos forzados en 2009 y liberadas tras la mediación del expresidente de EE.UU. Bill Clinton.

En este sentido, el experto surcoreano argumenta que "dada la actual escalada de tensión, Corea del Norte trata de ganar ventaja de todos los modos posibles" de cara a futuras negociaciones con EE.UU., en las que podría utilizar la liberación de Kenneth Bae como "moneda de cambio".

El secretario de Estado de EEUU, John Kerry, prometió no dialogar con Corea del Norte hasta que cumpla con las leyes internacionales, mientras Pyongyang -que no acepta condiciones previas- "quiere obligar a Washington a sentarse en la mesa de negociaciones" para abordar la liberación de Bae, apuntó el experto.

Esto supone que el régimen de Kim Jong-un utilizará al guía estadounidense como rehén para obtener concesiones o bien para marcar las pautas antes del hipotético diálogo con Washington, visión que hoy compartían medios de comunicación surcoreanos como el diario Korea Herald.

De hecho, tras conocer la condena a Bae el Departamento de Estado de Washington manifestó que "el bienestar de los ciudadanos de EE.UU. es una prioridad fundamental", lo que de momento confirma la voluntad del Ejecutivo de Obama de dar próximos pasos para resolver la cuestión.

Por otro lado, la nueva sentencia a trabajos forzados -una condena reservada a delitos graves según la legislación de Corea del Norte- se dictamina horas después de revelarse que el expresidente estadounidense Jimmy Carter planea una próxima visita al país comunista.

Carter, que en 2011 ya viajó al Estado gobernado entonces por el fallecido Kim Jong-il, solicitó recientemente al Gobierno de EE.UU. autorización para viajar a Pyongyang a título personal con el fin de establecer un contacto diplomático orientado a liberar a Kenneth Bae tras seis meses de retención.

De confirmarse la visita de Carter, su petición de liberar al rehén también podría convertirse, según el investigador Bong Young-shik, en un "buen material de propaganda interna" para Pyongyang al presentarla como una "victoria" del régimen que pone de rodillas al enemigo estadounidense.

En un país afectado por una larga crisis económica que desde los años 90 dificulta el suministro de comida y energía, el aparato propagandístico norcoreano asume la constante tarea de reafirmar al Gobierno ante un pueblo escaso de alimentos y comodidades.

Aunque un elevado número de analistas y medios coinciden en términos generales sobre las intenciones de Corea del Norte, todos reconocen que el elevado hermetismo del régimen hace difícil demostrar cualquier teoría sobre lo que ocurre en este país.

De hecho, todavía son una gran incógnita las verdaderas circunstancias del caso de Kenneth Bae, desde la detención al juicio y la condena, lo que ha generado diversas especulaciones sin confirmar.

Según versiones de varios medios, el "crimen" cometido por el estadounidense fue tomar fotos de lugares no autorizados, algo inaudito al tratarse de una ofensa común que el régimen comunista suele solventar borrando las imágenes o, en casos extremos, expulsando del país al dueño de la cámara.

EFE