El gobierno conservador decidió en abril cerrar a partir del 1 de septiembre el acceso a los servicios gratuitos de salud pública."No al apartheid sanitario", dice una pancarta ante un gran hospital de Madrid, donde, como en otras ciudades de España, inmigrantes y personal médico protestan contra la exclusión de los sin papeles de la salud pública, una medida que varias regiones se disponen a incumplir.

"Esto es un acto de rebelión ante una ley totalmente injusta", dice a la AFP Rodrigo Rojas, un peruano de 51 años que junto a cientos de otras personas se manifiesta, entre estruendo de pitos y bocinas, ante el Hospital Gregorio Marañón de la capital.

Comprometido en una política de rigor sin precedentes para intentar reducir el déficit público de 8,9% en 2011 a 6,3% este año, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió en abril cerrar a partir del 1 de septiembre el acceso a los servicios gratuitos de salud pública a los inmigrantes irregulares.

"El inmigrante en su momento ha significado mano de obra barata y ahora que ya no sirve lo mandan al camal (matadero, NDLR)", afirma Rojas, que llegó hace 15 años a España, donde fundó una pequeña empresa de construcción que quebró en 2009 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria un año antes.

Con la pérdida de su trabajo Rojas perdió el permiso de residencia y ahora se encuentra, como cientos de miles de otros indocumentados, sin acceso a la sanidad pública.

"El gobierno de Rajoy hace esto para dificultar la vida en España de los inmigrantes", denuncia Teresa, de 56 años, mientras protesta cubierta con una bandera de su país, Uruguay. Como muchos manifestantes prefiere no dar su apellido.

"Es un atropello contra el colectivo inmigrante, porque la crisis que afecta a los españoles, afecta mucho más a los inmigrantes: sus recursos son menores y no les alcanza el dinero para pagarse médicos", afirman por su parte Santos Calderón, peruano de 36 años.

Desde el inicio de la crisis el desempleo no deja de crecer en España alcanzando ya al 24,6% de la población activa, cifra récord en los países industrializados. Pero este porcentaje supera el 40% entre los inmigrantes.

A partir de este sábado las personas que viven en España de forma irregular sólo tienen acceso gratuito a la atención de pediatría, asistencia al embarazo y servicios de urgencias.

Muchos médicos se declararon contrarios a esta medida y afirmaron que seguirán atendiendo a sus pacientes sin papeles.

"Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono", dice un manifiesto que el sábado ya habían firmado en internet más de 1.885 médicos, entrando a formar parte de una red de "objetores de conciencia".

A ellos se sumaron enfermeros y otro personal sanitario, movilizados por ONG como Médicos del Mundo que lanzó una campaña, bautizada "Derecho a curar", en la que llama a los profesionales a "ejercer su derecho a la resistencia".

"La reforma me parece nefasta", dice en la manifestación madrileña María del Carmen, una auxiliar del hospital Gregorio Marañón, mientras compra para ella y sus compañeras pins en los que puede leerse "Yo sí atiendo".

Ante la indignación provocada por esta reforma, el gobierno español asegura que los indocumentados seguirán siendo atendidos aunque para ello deberán pagar por el servicio o que éste sea facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral.

"Nadie va a quedar desasistido, seguirá funcionando el sistema nacional de salud para todo el que lo necesite, pero el que no sea titular del derecho, es decir el que no tenga tarjeta sanitaria, deberá abonar dicha asistencia", afirmó el miércoles la ministra de Sanidad, Ana Mato, durante una reunión con representantes de las regiones, quines gestionan los servicios de salud pública.

Siete de los 17 gobiernos regionales del país -País Vasco, Navarra, Cataluña, Andalucía, Galicia, Asturias y Canarias- ya anunciaron que buscarán las fórmulas para mantener el acceso a la salud pública para los inmigrantes irregulares.

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