Vladimir Putin y Barak ObamaEl pasado viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó la ley federal conocida como 'ley Dima Yákovlev' que prevé sanciones contra las personas que vulneren los derechos y las libertades de los ciudadanos de Rusia.

Recordemos que la ley en cuestión lleva el nombre de un niño ruso de dos años que murió en EEUU en 2008 después de que su padre adoptivo lo dejara encerrado en un coche durante más de nueve horas bajo un sol abrasador. El hombre pudo ser condenado a 10 años de cárcel por homicidio involuntario, pero fue absuelto de todos los cargos.

El documento fue redactado en calidad de respuesta a la 'ley Magnitski', aprobada el pasado noviembre por el Congreso de Estados Unidos y firmado en diciembre por el presidente Barack Obama. El documento faculta a las autoridades estadounidenses para redactar una 'lista negra' con los nombres de aquellos ciudadanos de Rusia, cuya presencia en el territorio de EEUU es calificada como indeseada. La ley aprobada a modo de respuesta por la parte rusa ha sobrepasado los límites de una acción meramente diplomática, llegando a dividir en dos bandos la sociedad y la élite política del país.

En qué consiste la 'ley Dima Yákovlev'

Inicialmente la mencionada ley federal contenía tan sólo dos normativas: la primera prohibía la entrada en Rusia a los ciudadanos de Estados Unidos que “hayan vulnerado los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos de la Federación de Rusia”.

Entre las infracciones sujetas a la aplicación de las sanciones figuraban el robo y la privación de libertad de los rusos que permanecen en el extranjero, las sentencias judiciales injustas dictadas contra los ciudadanos de Rusia, la persecución judicial falta de fundamentos, así como la inacción en la prevención de los mencionados delitos y la absolución de los cargos de las personas involucradas en su comisión.

La segunda normativa introducía sanciones económicas contra los ciudadanos de Estados Unidos que hayan vulnerado los derechos de los ciudadanos rusos o permitido la vulneración de estos derechos. Sus activos situados en el territorio de Rusia habían de ser confiscados, todas las transacciones con las propiedades e inversiones, suspendidas. En caso de entrar dichas personas en los consejos de dirección de empresas y otros organismos directivos que funcionaran en el territorio ruso, las actividades de las organizaciones debían ser interrumpidas.

En esta redacción la ley fue sometida a la consideración de la Duma de Estado (cámara baja del Parlamento ruso) por el portavoz de la Cámara y los líderes de los cuatro grupos parlamentarios el pasado 10 de diciembre. Los diputados votaron a favor de su aprobación el 14 de diciembre. Sin embargo, antes de la segunda lectura en el texto del documento aparecieron dos normativas más.

Una de ellas prohibía que en Rusia siguieran desplegando sus actividades las organizaciones sin ánimo de lucro que participaran en la vida política y fueran subvencionadas por los ciudadanos u organizaciones estadounidenses. Y a los ciudadanos rusos que tuvieran al mismo tiempo la nacionalidad estadounidense se les prohibía ser miembros o directivos de tales organizaciones.

La segunda de las recién introducidas normativas prohibía la adopción de los niños rusos por los ciudadanos de EEUU y denunciaba en nombre de la Federación de Rusia 'Acuerdo entre la Federación de Rusia y Estados Unidos de Norteamérica sobre la cooperación en la esfera de adopción de niños firmado en la ciudad de Washington el 13 de julio de 2011'.

Esta nueva versión fue aprobada en la segunda (17 de diciembre) y tercera (19 de diciembre) lecturas. El 26 de diciembre recibió la aprobación unánime del Consejo de Federación (cámara alta del Parlamento) y el 28 de diciembre, fue firmada por el presidente del país.

El por qué de la reacción de Rusia

Resumiendo, la 'ley Dima Yákovlev' fue la respuesta a la aprobación del llamado 'Acta Serguei Magnitski' que introducía sanciones contra varias decenas de ciudadanos rusos, jueces, fiscales, funcionarios del Ministerio del Interior, Servicio Federal de Seguridad, la Agencia Tributaria y Servicio Penitenciario que, según las autoridades estadounidenses, estaban involucrados en la muerte del ciudadano ruso Serguei Magnitski en el hospital de la prisión preventiva Matrósskaya Tishina en Moscú.

El Congreso de EEUU aprobó la ley en noviembre, y el Senado, a principios de diciembre. El presidente Obama la firmó el pasado 20 de diciembre. El documento prohíbe la entrada en Estados Unidos de aquellos ciudadanos rusos, cuyos nombres figuran en la 'lista Magnitski'. Sus activos en EEUU y otros países, en caso de encontrarse en propiedad o bajo control de EEUU, se congelan, y todas las transacciones de su propiedad se suspenden.

Además de las personas directamente involucradas en el arresto y la muerte de Serguéi Magnitski pueden ser incluidos en la 'lista negra' todos aquellos ciudadanos de Rusia que, en opinión del Presidente Barack Obama, “han de asumir la responsabilidad por los asesinatos extrajudiciales, torturas u otras graves infracciones de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional”. Junto con éstos, las sanciones se aplicarán a quienes no participaron en los mencionados crímenes personalmente, pero fomentaron estas acciones o se beneficiaron con ellas económicamente.

El eco de la bofetada

Las listas de personas non grata existen en todos los Estados y nunca nadie les ha prestado demasiada atención. Los hay en Rusia y en Estados Unidos. No obstante, la 'ley Magnitski' fue aprobada con una gran pompa que llamó la atención y en el mismo momento en el que se abolió la famosa enmienda Jackson-Vanik. En los círculos diplomáticos no se acostumbra hacer comentarios directos, pero el hecho de ser abolida una ley antirrusa y enseguida aprobada otra, no deja lugar a equivocaciones.

El cambio tampoco fue muy impactante, pero el mensaje del estamento político de Estados Unidos fue contundente: sí, es una ley antirrusa, estamos muy descontentos con vuestra política y nos disponemos a presionaros como lo hacíamos con Brézhnev.

Precisamente a esta bofetada se refería el presidente Vladimir Putin en la rueda de prensa celebrada el 20 de diciembre. “No seremos o, posiblemente, no seré yo un buen cristiano. Cuando a uno de golpean en una mejilla, se supone que debería poner la otra, pero de momento no estoy moralmente preparado para ello”, anunció Putin. Y añadió “Si nos han golpeado, hemos de responder. De lo contrario, nunca dejarán de hacerlo”.

La primera redacción de la 'ley Dima Yákovlev' no llegaba a ser una bofetada igual de contundente. Muchos ni le habrían hecho caso o sólo se habrían reído, ¿acaso son muchos los que quieren tramitar un visado ruso? Y la amenaza de congelar los activos de los estadounidenses en los bancos de Rusia es para morirse de risa.

No sabremos nunca a quién exactamente se le ha ocurrido completar la ley con el artículo sobre la adopción de los niños huérfanos, pero ahora el eco de la bofetada se oirá en todo el mundo, la ONU incluida. El objetivo de la contramedida en la política exterior fue cumplido, pero dentro del país la sociedad se ha vuelto a dividir en dos bandos.

Los argumentos de los partidarios de la ley

Los argumentos tanto de los partidarios como de los adversarios de la ley en cuestión se califican como jurídicos, es decir, objetivos, y emocionales, o subjetivos. Dejando aparte las emociones, aseguran quienes apoyan la normativa, hemos de reconocer que hasta la mayoría de edad los niños adoptados por los ciudadanos de Estados Unidos mantienen la nacionalidad rusa.

Pero la legislación de EEUU está redactada de tal forma que sólo puede controlarse la observación de los derechos de los ciudadanos rusos mayores de edad, mientras que de los niños no se sabe nada, hasta que son maltratados hasta el grado de convertirse en noticia en los medios de comunicación locales. La vida privada de las familias adoptivas es celosamente preservada por la legislación de los correspondientes Estados. Ni siquiera Washington puede hacer nada, ni falta que hace hablar de Moscú. Tampoco se puede influir en los adoptantes estadounidenses mediante el Convención sobre los Derechos del Niño, dado que EEUU todavía no se ha unido a este documento.

De modo que, desde el punto de vista jurídico, la prohibición de la adopción de niños rusos por los ciudadanos de EEUU es la única salida: si no es posible controlar el cumplimiento de los derechos de los menores rusos en las familias adoptivas, no queda otra opción que descartar la misma posibilidad de las infracciones.

Entre los argumentos pasionales figuran los siguientes: ningún país desarrollado permite a los extranjeros adoptar a sus huérfanos y “exportar” a miles de niños es una vergüenza para un país como el nuestro. Y se exagera el número de minusválidos a los que adoptan las familias de EEUU, no son centenares de niños, sino unas escasas decenas.

Y que la práctica de la adopción de niños sanos como si fueran minusválidos no hace sino fomentar la corrupción. Y que la Ley no prohíbe la adopción a otros países, donde el nivel de asistencia médica y de vida son incluso más altos que en Estados Unidos. Y que la delegación de los cuidados de los huérfanos en los adoptantes extranjeros hace relajarse a los organismos de tutela rusos que dejan de buscar familias adoptivas en el país de origen de los niños.

Hay unos cuantos argumentos más y parecen ser correctos, pero no suelen ser confirmados con cifras concretas, porque no es fácil en absoluto.

Los argumentos de los adversarios de la ley

El principal argumento jurídico de los adversarios de la ley consiste en que los compromisos internacionales de cualquier país tienen supremacía ante la legislación nacional. En el caso de Rusia ello es estipulado por el artículo 15 de la Constitución que prioriza las normativas internacionales; es decir, el Acuerdo sobre la adopción entre Rusia y EEUU y la Convención de los Derechos del Niño, ante la interna, léase la 'Ley Dima Yákovlev'.

En opinión de los expertos, ello sería suficiente para imponer un veto a la 'Ley Dima Yákovlev'. Sin embargo, además de ésta, en el texto del documento se ha detectado una serie de elementos que contradicen a la vigente legislación rusa.

En realidad, al tratarse de los niños abandonados a pocos les importan los asuntos jurídicos. Los adversarios de la ley en cuestión insisten en que el documento priva a muchos huérfanos rusos de una vida mejor que les está vedada en Rusia. Y también que se registra un mayor número de casos de maltrato por los padres adoptivos rusos que por los estadounidenses.

Que la ley estropeará todavía más la ya no demasiado envidiable reputación de Rusia a nivel mundial y creará un sinnúmero de obstáculos en la solución de otros problemas internacionales. Que es cínico aprovecharse de los huérfanos para conseguir objetivos políticos. Que las medidas de apoyo de los menores desprotegidos que ha prometido adoptar el Estado en relación a la 'ley Dima Yákovlev' fomentarán aún más la corrupción y los fondos asignados por el poder central serán robados.

El defecto de estos argumentos es el mismo que en el caso opuesto: demasiadas emociones, nada de datos concretos.

¿Cómo ha sido recibida la 'ley Dima Yákovlev' en el mundo y en Rusia?

El Departamento de Estado de EEUU se ha mostrado preocupado, pero no por el destino de los huérfanos rusos, sino por la prohibición de las actividades de las organizaciones sin ánimo de lucro, financiadas desde EEUU.

Los parlamentarios europeos criticaron la ley en el marco de la Cumbre Rusia - UE, pero decidieron no aprobar una normativa semejante.

Los ciudadanos rusos tampoco se han quedado al margen: antes de la votación de la tercera lectura de la ley la Duma de Estado recibió la petición de no prohibir la adopción a Estados Unidos con más de 100.000 firmas reunidas. Famosos periodistas rusos que en su momento han adoptado a niños abandonados enviaron una carta abierta al presidente Putin con la misma solicitud. Y, de acuerdo con los resultados del sondeo de la opinión pública, el 21% de los rusos se muestra en contra de la prohibición, con un 56% a favor y un 23% que no tiene ninguna opinión al respecto.

De modo que uno de cada cinco ciudadanos de Rusia no está de acuerdo con la normativa. No parece mucho, pero incluso el sonado caso del grupo de música punk Pussy Riot que llegó a polarizar la sociedad rusa presentó unos índices más bajos: el pasado septiembre el 16% condenó la sentencia dictada contra las participantes del grupo, mientras que un 78% la aprobó.

Cuatro miembros del Gobierno se pronunciaron, obviamente, por distintas razones, en contra de la ley: la viceprimera ministra Olga Golodets, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, el ministro de Educación y Ciencia,  Dmitri Livánov y el ministro de Asuntos de la Federación de Rusia, Mijaíl Abýzov. Una situación poco frecuente y esperanzadora que demuestra que algunas figuras de la actual vida política tienen su propia postura acerca de algunas cuestiones.

Sólo queda una pregunta ¿qué será ahora de los huérfanos rusos? Las autoridades aseguran que estarán bien, incluso mejor que antes. Junto con la 'ley Dima Yákovlev' el presidente Putin firmó el decreto sobre medidas de protección de los huérfanos, que entre otras cosas, simplifica el procedimiento de la adopción nacional.

Para el 1 de marzo de 2013 el Gobierno ha de presentar a la Duma de Estado los correspondientes proyectos de ley. Y si se llega a hacer realidad aunque sea una décima parte de todo lo prometido, es muy posible que los niños abandonados de verdad lleguen a tener una vida mejor.

RIA Novosti