Grecia sufre hacinamiento en sus cárceleswww.fuerzasmilitares.org (01NOV2014).- Un informe del Comité de Prevención de la Tortura del Consejo Europeo ha puesto sobre la mesa el hacinamiento que sufren los reclusos en las cárceles griegas. Algunos centros se encuentran a un 200% o 300% de su capacidad, con los presos compartiendo cama o colchones en el suelo, y sufriendo con frecuencia maltrato por parte de los funcionarios al cargo, revela el documento. Publicado este mes, el informe recoge las conclusiones de una visita de abril de 2013 del Comité de Prevención de la Tortura (CPT), que recorrió 25 comisarías, ocho centros de detención de inmigrantes y siete prisiones.

Según cifras del Consejo de Europa, Grecia sufre del peor hacinamiento carcelario de la UE. Los últimos datos de los que dispone esta institución son de 2011, cuando había un total de 12.479 reclusos para 8.224 plazas, y el sistema se encontraba al 151'7% de su capacidad. En mayo de este año, el ministro de Justicia Jaralambos Athanasíou reconocía que 26 de las 36 prisiones del país se encuentran superpobladas. Según señaló a modo de ejemplo, Koridalós, el mayor centro penitenciario del país, contaba con 2.270 presos a pesar de tener capacidad para tan solo 1.070.

La propia Corte Europea de Derechos Humanos sentenciaba el pasado diciembre a Grecia a indemnizar con 8.000 euros al expreso Yorgos Aslanis, por haberlo sometido a "trato inhumano y degradante". Aslanis había pasado tres meses en una celda de la prisión norteña de Serres, durmiendo en una celda de 40 metros cuadrados con otras 30 personas, sin tener acceso a la luz del sol ni a las condiciones de higiene más básicas.

Condenados y no condenados, sanos y enfermos, mayores y menores de edad se encuentran con frecuencia compartiendo las mismas celdas, contraviniendo el derecho griego y europeo. A menudo los condenados por crímenes violentos se mezclan con quienes sólo han cometido faltas menores. Además, la falta de plazas en las prisiones obliga a cientos de detenidos a pasar meses en dependencias policiales a la espera de juicio. "Un sistema en vías de colapso", en palabras de Spiros Karakitsos, el presidente de la Federación Helénica de Empleados de Prisiones, que ha elevado diversas quejas a las autoridades.

El informe del CPT destaca también la falta de higiene y las graves carencias de personal sanitario, recomendando mejoras en la confidencialidad de los expedientes, los exámenes médicos en el momento de la admisión y los tratamiento para las personas drogodependientes.

En marzo, un vídeo grabado por un recluso del "hospital" de la cárcel de Koridalós conmocionaba a la opinión pública griega. El narrador recorre con el móvil un espacio abarrotado de personas en un estado de salud deplorable, mientras va describiendo la sala, que acoge a más de 15 pacientes en 25 metros cuadrados. Las dolencias de los reclusos incluyen diabetes, cáncer, problemas cardíacos y respiratorios, SIDA... Uno de los pacientes, condenado a ocho meses de prisión por no poder satisfacer sus deudas con el estado, afirmará que sufrirá la amputación de ambas piernas. La causa: la falta de un tratamiento adecuado para su diabetes. "Vino con dos pies y saldrá sin pies," dice el narrador.

El 'hospital' de Koridalós acoge a 200 presos en lugar de los 60 reglamentarios, mientras persisten los temores de que se convierta en un foco de enfermedades contagiosas como la tuberculosis. En febrero, 178 reclusos pasaron más de una semana en huelga de hambre reclamando una mejora de las condiciones sanitarias.

La ausencia de personal adecuado se extiende también a las fuerzas de seguridad, que según el informe del CPT, no logran mantener un control efectivo de las instalaciones. Esto resulta en que algunos grupos de prisioneros extorsionen y maltraten a otros. Un ala de la prisión de Koridalós con 400 reclusos está vigilada de día por sólo dos guardas.

Otro de los focos en que se centra el documento es el gran número de alegaciones "coherentes y consistentes" de maltrato físico a manos de oficiales de policía. Se enumeran patadas, puñetazos y golpes con porras y otros objetos. El sistema actual para investigar estas alegaciones carece de agilidad e independencia y no profundiza lo suficiente en los hechos, acusa el CPT, al margen de recomendar una mejora en el entrenamiento que reciben los policías y garantizar el acceso a médicos y abogados.

La publicación del informe coincide con el inicio del juicio por tortura agravada contra 13 funcionarios de prisiones, acusados de maltratar hasta la muerte a Ilia Kareli. En abril, este preso de nacionalidad albanesa había sido trasladado a la cárcel de Nigrita una semana después de haber asesinado a un guarda en la prisión de Agrinio. Imágenes de una cámara de seguridad mostraron cómo los funcionarios golpearon a Kareli hasta causarle la muerte. En el banquillo se sentará también el entonces director de la prisión, acusado de encubrir el crimen.

En respuesta al demoledor informe del CPT, las autoridades griegas han anunciado una serie de medidas que habrían sido emprendidas para atajar el problema. Por una parte, se buscará aumentar la capacidad de las prisiones (el plan es habilitar nuevos centros penitenciarios), mientras que por el otro lado se aplicarán medidas de reducción de condena y de libertad condicional. También se pretende favorecer la introducción de penas de arresto domiciliario y de servicios a la comunidad. Las autoridades rechazan, sin embargo, las acusaciones de carencia de personal, que consideran adecuado. En cuanto a la situación sanitaria, apuntan a la preparación de una nueva legislación que, en cooperación con el Sistema Nacional de Salud, pueda aportar solución a la situación de los reclusos.

El informe del Comité para la Prevención de la Tortura describe también las condiciones de detención a que se enfrentan en Grecia la mayoría de los inmigrantes en situación irregular, tanto en las comisarías de policía como en los centros de internamiento de extranjeros. En el último año, la Corte Europea de Derechos Humanos ha dictado al Estado griego el pago varias indemnizaciones por trato "inhumano y degradante". Destaca el caso de dos mujeres que permanecieron detenidas durante meses en un calabozo subterráneo de cinco metros cuadrados, oscuro e insalubre, sin acceso al exterior o a productos de higiene aceptables.

Organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras han criticado hasta la saciedad la detención de inmigrantes -en muchos casos refugiados- durante periodos de hasta 18 meses, en centros que no reúnen las condiciones de salubridad adecuadas, con una atención sanitaria prácticamente nula y con frecuentes palizas e intimidaciones a cargo de los guardias.

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