Debido a las circunstancias especiales de seguridad, en Colombia hay -por su número- todo un ejército de vigilantes privados.
Debido a las circunstancias especiales de seguridad, en Colombia hay -por su número- todo un ejército de vigilantes privados, adscritos a diferentes empresas.

www.fuerzasmilitares.org (02DIC2015).- La vigilancia privada en Colombia debe revisarse desde dos aspectos: la permitida por la normatividad jurídica vigente y alentada por el Gobierno gracias a la instauración del Estado liberal que delega cada día más la prestación de servicios públicos en particulares; en el mercado del miedo que vende seguridad; y aquella que está ahí de facto por la ineficacia y negligencia del Estado para mantener el monopolio de la fuerza y que surge como una respuesta a necesidades de seguridad ante otras estructuras criminales y que terminan convirtiéndose en los ejércitos del crimen organizado que monopolizan sectores de la población acaparando el microtráfico de las drogas, los tributos del comercio formal e informal y hasta de parte de los mismos moradores de las viviendas donde ejercen un alto control territorial, y que aun siendo cuestionada su legitimidad su gran efectividad de control social no admite discusión.

Los antecedentes de la vigilancia y seguridad privada pueden sondearse prácticamente desde el momento que surgen sociedades más o menos organizadas que contrataban ejércitos mercenarios, mucho después en la historia de la humanidad, se planteó la necesidad de tener ejércitos profesionales nacionales. En el caso colombiano es una constante histórica  la existencia de ejércitos privados para quienes pudiera pagarlos o como método de autodefensa para mantener el orden público, mas los antecedentes de la legalización de la vigilancia y seguridad privada surge poco después de una serie de situaciones de facto a causa de las luchas partidistas, el asesinato de Gaitán, el bogotazo y el ataque a la propiedad privada, las guerrillas liberales aliadas con el incipiente comunismo de los años cincuenta, el pillaje y asesinato mutuo entre rojos y pájaros y todo esto mezclado con la doctrina de la Guerra Fría hizo menester dotar al Estado de una serie de herramientas de diversa índole para defenderlo, así que se formalizaron en el ordenamiento jurídico las autodefensas campesinas en aquellos lugares donde las instituciones oficiales no tenían  presencia formal por medio de la fuerza pública: El 21 de mayo de 1965 se declara estado de sitio en el territorio nacional mediante Decreto 1288, dando pie al Decreto 3398 de 1965 cuyo objetivo era la defensa interna y externa de la nación frente al accionar de grupos subversivos e integraba para la defensa a los elementos de las Fuerzas Militares y de Policía y llamaba a la movilización a los particulares a quienes les denominó defensa civil y éste sería el primer antecedente jurídico en que el Estado colombiano faculta a los particulares para  defensa nacional que comprende el “(…) conjunto de medidas, disposiciones y órdenes no agresivas, tendientes a evitar, anular o disminuir los efectos que la acción del enemigo o de la naturaleza puedan provocar sobre la vida, la moral y bienes del conglomerado social”. La Ley 48 de 1968 adopta como legislación permanente el anterior Decreto. Es por cosas como la anterior que puede que no hay que ufanarse de la ejemplar democracia colombiana frente a las dictaduras de los demás países americanos de aquella época: ese presidencialismo extremo de aquel entonces que otorgaba amplios poderes al presidente lo hacía tan o más poderoso que un dictador, eran lobos con una piel de cordero hecha con la legitimidad del sufragio popular.  Durante el gobierno de Virgilio Barco la Ley 49 de 1968 fue derogada por el Decreto 1194 de 1989 y se penalizaba la creación de nuevos grupos de autodefensas, empero el interés de acabar con las guerrillas hacía que ciertos sectores gubernamentales y militares apoyaran estas estructuras, las cuales técnicamente nada tenían que ver con el Estado pues eran autofinanciadas por el narcotráfico. Hoy día la principal normatividad jurídica vigente en la materia es el Decreto Ley 356 de 1994 que es el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, suscrito por el entonces Ministro de Defensa Nacional Rafael Pardo Rueda bajo el mandato del Presidente Cesar Gaviria y que es recordado infamemente por que en aquel entonces dicho decreto otorgaba el poder a los gobiernos regionales de darle personería jurídica a las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural (Convivir) y porque  Álvaro Uribe Vélez, quien fungía en aquel entonces como Gobernador de Antioquia, le otorgó la personería jurídica a al menos seis de estas CONVIVIR.

Claro está que las cosas han cambiado mucho de la época en que aparecieron las primeras autodefensas como entes de vigilancia privada en los campos colombianos donde aproximadamente el 60% de la población vivía en los campos a nuestra época en la que los porcentajes han cambiado y hay menos gente en el campo y más en las ciudades, donde las ciudades han dejado de ser las otrora fortalezas seguras contra los embates de la naturaleza salvaje y los demás grupos humanos incivilizados, a convertirse hoy día en selvas de cemento donde estar dentro de ellas es quizás más peligroso pues no hay fronteras físicas que cerquen los contornos de las ciudades y prácticamente no hay control del espacio público sobre quién lo transita, entra y sale de él y por eso es que debido muchas tristes realidades, aumentadas por el mercado del miedo que vende seguridad se hizo menester que los particulares contrataran cuerpos de vigilancia privada para custodiar sus bienes y hasta sus vidas. Prácticamente toda nuestra ciudad está custodiada por una red de vigilancia privada legalmente constituida trabajando en conjunto con la policía. El comercio y la industria particular ven en la vigilancia privada una necesidad para sostener sus negocios y que sean rentables, pero además de ellos la mayoría de entidades públicas hacen uso de sus servicios para custodiar personas, instalaciones y documentación de altísima importancia para la administración y la justicia como por ejemplo las unidades de Fiscalía, Casas de Justicia, el Palacio de Justicia José Feliz de Restrepo y el mismo Bunker de la Fiscalía y que si bien dichos servicios puedan ser efectivos en cierta medida hay situaciones que les resta legitimidad como cuando realizan inspecciones personales o requisas en contravía de los artículos 73 y 74 del Decreto Ley 356/94 ya que  es una competencia exclusiva de la Fuerza Pública; la idoneidad para custodiar ciertas instalaciones de alto interés por la información privilegiada que se guarda allí queda en entredicho pues la vigilancia privada es un ente preventivo  su capacidad para reaccionar es casi que nula ante situaciones imprevistas como un golpe de mano para sustraer o dañar personas y elementos; en la práctica el entrenamiento y reentrenamiento es casi nulo y muy mediocre, el guarda de seguridad presta sus servicios de vigilancia casi de manera intuitiva, salvo aquellos que tuvieron experiencia en la milicia o policía y con escaso o nulo conocimiento de la normatividad que rige su actividad facilitando que se pueda llegar a cometer un mal procedimiento. La dotación en ciertos casos es precaria en cuanto a armamento: revólveres con escasa limpieza y mantenimiento y a veces con munición en mal estado o en casos más deprimentes pistolas de gas comprimido tipo imitación de una real con dudosa efectividad en su funcionamiento, escopetas monotiro a las que les recortan las culatas y cañones para entregarlas a los guardas de seguridad en lugares de alta concurrencia de personas como hospitales y centros comerciales que en caso de llegar a accionarse el riesgo de herir a varias personas es alto por el tipo de munición múltiple que se usa y generalmente nunca se hace un estudio psicofísico de aptitud para determinar si la persona es idónea para portar, tener u operar un arma de fuego. Lo rescatable de esta arriesgada labor son las redes de apoyo con la fuerza pública que son muy aceptablemente efectivas en cuanto a la respuesta y reacción.

La otra cara de la “vigilancia privada” es aquella que no está enmarcada dentro del ordenamiento jurídico vigente, acá es cuando nos damos cuenta que no hay un solo ordenamiento y que no todo se “arregla” por las vías del derecho. Hay muchos ordenamientos “consuetudinarios” y de facto dentro de la ciudad más innovadora donde no se persuade con una escopeta recortada o un can entrenado sino que bien se sabe que de desobedecer los esbirros de las estructuras criminales pasan a la acción directa. Según Luis Fernando Quijano “El 70% del control de la ciudad está en manos de la ilegalidad” refiriéndose a distintas estructuras criminales en Medellín y refiriéndose a la institucionalidad apunta a que si bien hay presencia quienes gobiernan son los otros o se dan casos aberrantes de cogobierno entre instituciones oficiales y estructuras de crimen organizado.

 

José Nodier Correa Restrepo
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Bibliografía

BAUMAN, Zygmunt. “En busca de refugio en la casa de Pandora”, en Zygmunt Bauman. Confianza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros. Traducción de Josep Sampere y Enric Tudó. Barcelona, Arcadia, 2006, pp. 41- 59.

RIVAS Nieto, Pedro y Rey García, Pablo. Las autodefensas y el paramilitarismo en Colombia (1964-2006) revista CONfines 4/7 enero-mayo 2008, Pp. 43-52

Normatividad legal

Ley 48 de 1968 “Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones”

 Ley 1539 de 2012 “Por medio de la cual se implementa el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y se dictan otras disposiciones”

Decreto Legislativo 3398 de 1965, “Por el cual se organiza la defensa nacional.”

Decreto 356 de 1994 “Por el cual se expide el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.

Decreto 3222 2002 “Mediante el cual se crean las redes de apoyo y solidaridad ciudadana.”

Consultas en la Internet:

OROZCO, Natalia. Medellín no es como la pintan, Publicado el 21 de noviembre de 2013 en las2orillas.co, Disponible en: http://www.las2orillas.co/medellin-es-como-la-pintan/, Consultado el 07 de septiembre de 2014