Universidad de Antioquia, en Medellín Colombia.
Universidad de Antioquia, en Medellín Colombia. © UdeA en Flickr

www.fuerzasmilitares.org (07JUL2016).- A continuación presentamos la entrevista que en torno al proceso de paz colombiano, amablemente nos concedió William Fredy Pérez Toro, profesor del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, Investigador del Grupo Hegemonía, Guerras y Conflictos, Magister en Criminología (UAB) y Abogado (UdeA). Nos complace presentar a nuestros lectores este aporte desde la academia, en procura de contribuir al entendimiento de los asuntos relacionados con el proceso de paz que actualmente se adelanta entre el Gobierno Nacional y el grupo FARC. En próximas entregas estaremos presentando otros puntos de vista que esperamos contribuyan al debate constructivo sobre este momento histórico para Colombia.

¿Por qué cree usted que tenemos un país tan violento?

En esta y en cualquier sociedad, las personas, los grupos y las instituciones tratan constantemente de resolver problemas; y lo hacen valiéndonos de medios disponibles o posibles, en un entorno determinado, en el marco de ciertas prácticas sociales, y según ciertos esquemas de comprensión del mundo, ciertas necesidades y ciertas oportunidades. Pues bien, mi idea es que como sociedad todavía no logramos –o que hemos logrado muy parcialmente– unas condiciones que al parecer son básicas para que la violencia no sea una opción; es decir, para que ella no sea un medio apto, adecuado o soportable para zanjar diferencias, para defender intereses, para superar dificultades o para alcanzar objetivos.

Así que mi impresión es que todavía tenemos muchas condiciones propiciatorias y deshinibidoras de violencia. Las siguientes pueden ser algunas de ellas. i) Ilegitimidad. Tal vez no hay suficiente confianza en las instancias estatales como canalizadoras eficaces de demandas ciudadanas, como garantes de derechos o como árbitros imparciales de conflictos interpersonales o intergrupales. Así que esas funciones estatales terminan confiándose a la fuerza que las propias personas puedan ejercer en sus relaciones interpersonales, o desplazándose hacia intermediarios –habitualmente violentos y no democráticos–. En este sentido es que a veces se alude al “estado de naturaleza” para describir la situación colombiana. ii) Personalización de la autoridad. Tal vez esta sociedad todavía preste más atención a los liderazgos personalizados, que a la instituciones. Cuando en la esfera de lo público importa más la voluntad de una persona que las reglas que condicionan sus actuaciones, o cuando la popularidad de alguien prevalece sobre la legitimidad de lo que hace, tiene lugar un escenario perfecto para la aparición de poderes que se posicionan –y son reconocidos como válidos– al lado, al margen, por encima o contra la ley. Las ataduras de la violencia se resienten entonces. iii) Condiciones justificatorias. Tal vez muchas personas todavía se encuentran convencidas de que en Colombia se puede argumentar –y demostrar– que la violencia que se padece o que se ejerce, es irresistible. Entonces se usa la violencia o se la responde de la misma manera, porque se asume que hay hechos y razones que la justifican. iv) Repudio relativo. Tal vez todavía la violencia en Colombia no sea absolutamente repudiada, es decir que todavía es relativamente tolerada en la casa, en el barrio, en la escuela, en la ciudad o en el país, dependiendo de quién sea la víctima o el agente que la ejerce; y según sea el resultado que se obtiene cuando se la usa. v) Condiciones materiales. Tal vez en Colombia haya una notoria indiferencia social y estatal frente a las necesidades vitales de muchas personas a las cuales, en consecuencia, resulta difícil exigirles un comportamiento conforme. O tal vez muchas personas entiendan ofensivas o injustas las extraordinarias desigualdades sociales, y tal vez no haya sido posible persuadirlas de que esas desigualdades se justifican.vi) Medios disponibles. Tal vez haya un muy fácil acceso a medios idóneos para ejercer violencia (instrumentos, técnicas, entrenamiento, expertos, alianzas, organizaciones). vii) Obstáculos inadecuados. Tal vez –por aquellas y muchas otras razones– no solo haya gente motivada o dispuesta a ejercer violencia en algún momento, sino que hay muy pocas posibilidades de que se interrumpa el curso de sus acciones. Cuando esa es la situación, la seguridad de las personas depende más del simple hecho de no ser seleccionadas como blanco de una acción criminal, que de las barreras que el delincuente encuentra en su camino. En el caso de los delitos violentos cometidos en espacios públicos, por ejemplo, es francamente inexplicable la desaforada confianza que las ciudades han depositado en los sistemas CCTV. Esos sistemas, cuya efectividad preventiva se ha probado en muy limitados casos (son bastante efectivos, por ejemplo, en la vigilancia de parqueaderos), apenas ayudan a la acreditación de responsabilidades penales en el caso de esa criminalidad violenta. Su capacidad disuasoria, por tanto, se desplaza hacia la prisión. viii) Refuerzos. Tal vez, finalmente, haya una promoción de modelos y comportamientos que son comprensibles en sociedades en las cuales la violencia directa se encuentra suficientemente desacreditada; pero que pueden arrojar resultados adversos donde la violencia es todavía “otra manera de lograrlo”. Por ejemplo, el extraordinario énfasis social e institucional del éxito económico como un gran objetivo a como una condición ejemplar, puede reforzar comportamientos que busquen “a como dé lugar” esa meta positiva y el reconocimiento que se deriva de alcanzarla.

¿Qué se debería cambiar en el sistema educativo colombiano con urgencia, para hacerlo más pertinente en cuanto al tema de la construcción de la paz y la convivencia?

No creo que los contenidos curriculares, ni la capacidad de los educadores, ni las jornadas de estudio, ni “las competencias” en las cuales forma el sistema educativo colombiano guarden relación con la violencia. Esos aspectos siempre pueden ser mejorados y dinamizados para mejorar la integralidad de la formación que procuran aquellas instituciones. Pero creo que la escuela, el colegio y la universidad hoy no tienen posibilidades de hacer gente violenta o predispuesta a la violencia. Las instituciones educativas más bien tratan de contener o de contrarrestar “adentro”, lo que hacemos de los niños y de los jóvenes “afuera”.

La mejor manera de hacer un sistema educativo para la paz y la convivencia, es esta: Asegurar que los niños y los jóvenes puedan ir y permanecer. Es decir, acceso y permanencia son las condiciones para que la educación pueda cumplir su papel en la construcción de la paz. Desde luego, eso implica ciertos bienes materiales y ciertos ambientes para que las familias vean posible y atractiva la educación de sus hijos; para que los profesores encuentren facilidades y vean recompensados sus esfuerzos; para que los estudiantes puedan concentrarse en su formación, explorar el mundo desde el aula y divertirse con el conocimiento. Y eso requiere de una determinada priorización del gasto público y la destinación de recursos suficientes. Como la paz.

Después, claro, el país necesita profesionales más calificados, técnicos en diversas áreas, gente que haga más productiva y competitiva la economía colombiana, y sujetos responsables. Pero los países más exitosos en su economía o en su convivencia, no comenzaron por diseñar una específica cátedra de la paz o por reformar sus planes de estudio. Por lo menos no antes de hacer las reformas necesarias para que sus niños y jóvenes pudieran ingresar al sistema educativo y permanecer en él. Lo demás se hizo después. Y se sigue haciendo constantemente, por cierto, en la misma medida en que las comunidades concernidas deliberan y toman decisiones sobre los problemas más acuciantes de su país o de la humanidad, y sobre su inclusión en planes de estudio y programas educativos.

¿Cómo podemos combatir la “cultura de la ilegalidad” tan arraigada en nuestra sociedad?

Se ha dicho que los pequeños tramposos o los ilegales rutinarios que dan forma a esa “cultura de la ilegalidad”, devienen a la larga en grandes ilegales. Mi opinión es que, al contrario, son las grandes ilegalidades las que constituyen el marco justificatorio perfecto para que pululen las pequeñas y cotidianas trampas a la ley. Para decirlo gráficamente, la gran corrupción, tan constante y tan visible en Colombia, permite fácilmente neutralizar cualquier reproche –y autoreproche– que pueda generar una “pequeña” ilegalidad.

No es recomendable, como se ve, tomar como universal una hipótesis teórica surgida de la observación de una realidad en la cual la guerra, la violencia y el crimen no existen o no tienen el alcance que entre nosotros. La lógica teórica de “ventanas rotas”, en la cual se inspira finalmente la idea de que en el desorden (la cultura de la ilegalidad) hay un germen del gran crimen, debe tomarse con cautela. Los riesgos y el combate de la cultura de la ilegalidad en nuestras ciudades, han de guardar algunas diferencias con lo que ocurre o con lo que se hace en Londres.

Es muy difícil pues –pero no imposible– contrarrestar el efecto cultural que producen el crimen organizado, la extorsión, las usurpaciones a gran escala, el desplazamiento forzado y muy destacadamente –insisto– la gran corrupción. Sin embargo, aunque subsistan esas referencias tan “inspiradoras” y con un efecto tan devastador sobre la cultura, es evidente que algo hay que hacer.

A mi juicio, no sobra insistir en la prevención temprana que pasa habitualmente por la familia y por la escuela. En esto los gobiernos locales habrían de mantener sus vínculos civiles y su proactividad en relación con esas instituciones. Pero conviene sobre todo atender y entender la pequeña infracción. Atender la infracción quiere decir detectarla, acudir al llamado ciudadano, recibir la denuncia en un ambiente que genere confianza y asegure celeridad. Atenderla también quiere decir prevenirla con intervenciones indirectas y creativas como, por ejemplo, el rediseño de procedimientos, la disposición de incentivos o las modificaciones ambientales que, sin embargo, no terminen reducidas a las ya típicas estrategias restrictivas o invasivas. Entender la infracción, por su parte, quiere decir estudiarla y tratar de comprender sus lógicas pero, sobre todo, concebirla como una oportunidad pedagógica: Explicar a las comunidades y al propio infractor lo absurdo de ciertos comportamientos, sus impactos o costos in situ, incrementa la probabilidad de generar sentimientos de vergüenza o de solidaridad. Y en el caso de la “cultura de la ilegalidad” esos sentimientos suelen ser más disuasivos que el reproche punitivo. El sentido ideal de una cultura de la legalidad (si en realidad es “la cultura” lo que se tiene en mente) es que las personas actúen no por miedo a la ley, sino por solidaridad, por respeto o por “pena” con los demás.

¿Por qué cree usted que hay un sector político que se opone con vehemencia al actual proceso de paz, qué los motiva?

Toda transición (como por ejemplo el paso de un estado de guerra a una situación de paz) que tenga como referente un episodio localizado (como por ejemplo las negociaciones de la Habana), genera una vertiginosa exposición de discursos en favor o en contra de lo que ocurre o de lo que se dice que ocurrirá. Así que es comprensible que el actual proceso de negociaciones entre un grupo guerrillero y el gobierno del Estado colombiano haya tenido críticas de todo tipo.

Sin embargo, en lo que respecta a los más férreos opositores al proceso de paz, hay una enorme inconsistencia en su actitud y en sus discursos, por lo menos si se consulta su propio comportamiento en el pasado y en relación con la negociación con grupos armados al margen de la ley. Desde luego aquí no hay espacio para presentar ese examen detallado, pero es fácil documentarlo porque es bastante reciente. En cualquier caso, esas inconsistencias permiten concluir que los opositores radicales al proceso, no están exactamente en desacuerdo con lo que se pacta, sino más bien con quienes lo hacen. Es decir que lo que se alcanza a entender de la oposición tajante al proceso, es que sus promotores han renunciado al reconocimiento de las partes.

El acuerdo constitucional de 1991, aún vigente en Colombia, habilita al Jefe de Estado para conducir negociaciones de paz. En el orden interno esa es la norma. Y la comunidad internacional, que se sepa, no ha objetado esa norma. Aún más, apoya su aplicación y ha otorgado reconocimiento político a la contraparte del gobierno en las actuales negociaciones. Los opositores radicales al proceso, sin embargo, no reconocen como partes a ese gobierno y a ese grupo en particular. No admiten que esos sujetos cuenten con el amparo de la ley ni con la legitimidad suficiente. Es la razón de su vehemente oposición.

¿Cuál mecanismo considera el más apropiado para refrendar el acuerdo de paz en Colombia?

Desde el punto de vista estrictamente jurídico, esos acuerdos no tendrían por qué ser sometidos a refrendación. Sin embargo, desde el punto de vista político la “refrendación” parece conveniente por dos razones: Primera, porque el gobierno que dio inicio a las conversaciones se comprometió públicamente a que daría oportunidad para que la ciudadanía se pronunciara al respecto. Y segunda, porque el pronunciamiento ciudadano puede otorgar una mayor confianza en el desarrollo de la desmovilización y reinserción de los excombatientes; y porque –pese a que haya oposición– puede ser inclusive el inicio mismo de una fase de “reconciliación”. El plebiscito es en este momento, y no obstante el riesgo que implica, el mecanismo más expedito.

Personalmente, opino que hubiera podido argumentarse que la refrendación se haría por parte de los representantes de aquellos ciudadanos, es decir, con un gesto como el que significó la aprobación del reciente acto legislativo para la paz. De una parte, porque las democracias representativas funcionan de esa manera cuando se trata de desarrollar mandatos constitucionales, de facilitar derechos y deberes de obligatorio cumplimiento y de solidificar algún elemento estructurante del orden constitucional. Y “la paz” es precisamente eso en el caso colombiano.

¿Qué opina de la injerencia de los medios de comunicación en el proceso de paz, generando matrices de opinión a favor o en contra del mismo?

Es perfectamente comprensible pese a que –como decía recientemente Joaquín Villalobos– haya quienes tengan la creencia de que polarizar intensamente a la sociedad es políticamente rentable. Posiblemente los medios habrían de ser un poco más cuidadosos con afirmaciones que pueden resultar perturbadoras de la discusión. Afirmaciones que son perturbadoras, no porque dividan a la sociedad (eso lo soporta cualquier democracia), sino porque inducen en el público una polarización no meditada en torno al proceso de paz.

¿Qué mejorará en Colombia a partir de la firma definitiva de la PAZ entre el Gobierno y las FARC?

El campo y la calidad de vida de los campesinos, el desempeño de la fuerza pública, el turismo, las oportunidades de los jóvenes para trazar planes de vida que no incluyan la guerra o violencia como opción.

¿Podrán las FARC hacer política por vías pacíficas y democráticas, teniendo tantos y tan poderosos contradictores?

Si la contradicción se escenifica en el plano estrictamente político, sin el recurso a la violencia, creo que pueden. La historia de este país y de otros, es elocuente.

¿Es posible que se repita lo ocurrido con la Unión Patriótica y el asesinato selectivo de sus representantes?

No creo que sea posible un tipo de exterminio como el que se presentó en el caso de la UP. Ahora hay, como no hubo antes, un compromiso mucho más decidido del gobierno, un involucramiento muy fuerte de la comunidad internacional y un interés bastante notorio de muchas organizaciones civiles colombianas y de otros países. Sin embargo, será difícil evitar algún atentado dirigido o selectivo.

¿Cuál es su opinión sobre la anunciada participación de las tropas colombianas en operaciones internacionales de la ONU y la OTAN?

Aunque en general esa puede ser una decisión normal de cualquier país miembro de las Naciones Unidas, es posible que haya dos razones adicionales. De una parte, la disponibilidad de fuerzas militares que podría tener el país si se firma el acuerdo de paz; y de otra, sobre todo, puede tratarse de un gesto inevitable –y recíproco– en el marco de la colaboración que la ONU y los países dela OTAN han brindado –y han dicho que seguirán brindando– al proceso de paz en Colombia.

 

Aclaración: las opiniones expresadas por el profesor Pérez son a título personal y no comprometen en nada al Instituto de Estudios Políticos ni a la Universidad de Antioquia.