Jean Carlo Mejía Azuero
Jean Carlo Mejía Azuero, ha sido consultor para la ONU (UNODC), la OIM, la CAN, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otras entidades nacionales e internacionales.

www.fuerzasmilitares.org (04AGO2016).- Jean Carlo Mejía Azuero, es abogado, investigador y docente Universitario en Doctorado y Maestría (Universidad de Medellín, Pontificia Bolivariana, Universidad Libre, Sergio Arboleda, católica, Santiago de Cali, entre otras). Gerente de Mejía, Ardila & Asociados. Se ha desempeñado especialmente en el ámbito académico, en la asesoría y consultoría nacional e internacional. Docente, analista, columnista y conferencista.

Ha sido Consultor de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Organización Internacional para la Migración (OIM), en crímenes transnacionales. Consultor de la Vicepresidencia de la República en el Programa de Lucha Contra la Impunidad. Asesor de la Oficina de la ONU contra el delito y las drogas (UNODC) en Colombia en derecho operacional; Perito ante la Corte Interamericana de DDHH en DIH, derecho operacional y derecho Internacional Penal (extradición). En los últimos años ha asesorado al sector público y al sector privado nacional e internacional en temas relacionados con justicia transicional y amenazas a la seguridad pública en post acuerdos.

Fue presidente de la Asociación Colombiana de Facultades de Derecho (ACOFADE). Tres veces miembro del Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar. Decano de la Escuela de Leyes de la misma casa de estudios durante cinco años. Cuenta con más de 32 obras publicadas nacional e internacionalmente de forma individual y colectiva. Recientemente finalista en la convocatoria pública para elegir la terna para Fiscal General de la Nación.

¿Por qué decidió ser abogado, qué lo motivó?

Llegue al derecho y su estudio de una forma curiosa, fruto de una frustración respecto a una expectativa profesional previa y en alguna medida por la afectación emocional producida por el mismo episodio a través del cual realicé un descubrimiento tardío acerca de dos temas esenciales; lo que me afectaban las injusticias y por otro lado el ánimo indeclinable que tenía de servir. El derecho a pesar de que para muchos es muy difícil de comprender me ha hecho ser libre, al permitir adentrarme en una concepción socio jurídica mucho más cercana a las ciencias sociales que al positivismo. Tengo una visión especial sobre derecho y desde adentro seguiré tratando de cambiar su función dentro de la sociedad como lo que soy, un profesor.

¿Cuál es la anécdota que más recuerda de su labor como abogado?

Son muchas las anécdotas en casi dos décadas de ejercicio profesional nacional e internacionalmente, pero recuerdo una con especial cariño. Durante mis años de universidad se presentó en el exterior una operación militar que hoy sigo considerando junto a la operación Jaque como una de las mejores después de la segunda guerra mundial; se trato del rescate de 72 rehenes por parte de unos comandos en el Perú (operación Nipón 96 o Chavín de Huantar). Estudie mucho ese caso desde la perspectiva jurídica, especialmente desde el uso de la fuerza y el DIH. Jamás se me pasó por la mente que más de una década después el tema llegaría al Sistema Interamericano de DDHH y que tuviera el honor de ser perito del Estado Peruano en derecho operacional abriendo una puerta jamás tocada. Definitivamente Dios se mueve de forma especial y maravillosa. La Corte Interamericana de DDHH indicó en su Sentencia que la operación militar se había adecuado al derecho internacional humanitario, reconociendo por primera vez en la historia el derecho operacional en el Sistema. Fue una satisfacción profesional muy particular.

¿A qué se dedica actualmente en el terreno profesional?

Esencialmente soy investigador y profesor por vocación, trabajo con varias universidades, investigo y realizó publicaciones académicas. También tenemos junto con mi esposa e hijos pequeños una firma jurídica de asesoría y consultoría, que corresponde con nuestra mirada de un derecho menos hermético y cercano a la gente; Servir desde una concepción espiritual, integral, teniendo en cuenta los derechos humanos, el derecho humanitario y la justicia para la transición es nuestro actual propósito dentro de una misión y visión definida con mucho amor.

En Mejía, Ardila & Asociados, estamos trabajando desde el buen ejemplo y el seguimiento por valores y principios reales y no solo formales. Es una empresa de nuestros hijos para otros hijos de Colombia.

Por favor, ¿puede darnos su opinión sobre el actual proceso de paz que adelanta el Gobierno Colombiano con el grupo FARC?

Esta es una pregunta compleja, pero parto de una respuesta sencilla. Sí estoy de acuerdo con el proceso de terminación del conflicto armado con las farc. Desde el comienzo de mis estudios jurídicos he tenido problemas con los conceptos; nunca he creído en ellos como una camisa de fuerza; me gusta trabajarlos. Creo que la primera víctima de la guerra no ha sido la verdad como sostienen algunos, sino los conceptos, entre ellos el concepto de verdad, guerra y paz. Hemos perdido el sentido que tienen los conceptos y las definiciones en medio de una contienda bélica degradada de 52 años. Creo que en la actualidad no estamos en un proceso de paz, sino simplemente de terminación del conflicto armado con las farc, esto desde la visión jurídico – política. Es evidente que el objetivo de dicho proceso es que en el mediano o largo plazo logremos la paz; pero acabar la guerra es el paso más importante que se puede dar para el pueblo colombiano. Desactivar la guerra puede ser el comienzo verdadero de un proceso para llegar a una paz estable y duradera. No obstante vendrán tiempos muy difíciles en materia de seguridad como nuestras investigaciones lo han evidenciado. En resumen, mi opinión es que el deber constitucional de todo gobierno es buscar la paz, y así lo han hecho ininterrumpidamente los últimos mandatarios colombianos sin esguince alguno. La guerra es una decisión política, igual lo es la paz. O en otros términos, no hay nada más político que la guerra, salvo la paz. Creo en la imperiosa necesidad de acabar con este conflicto armado así sea por ahora con las farc, y tengo la ilusión de que entre el eln y que los grupos armados organizados se sometan.

¿Cómo se beneficiará la región con la paz en Colombia?

En términos de seguridad, dentro de la agenda de nuevas amenazas a la seguridad pública fijada por UNASUR desde el 2009, somos una amenaza regional, pues poseemos el único conflicto armado a nivel regional no resuelto. Desde la perspectiva de amenazas a la seguridad pública fijada por la ONU desde 1994 y luego en su ampliación en el 2000, vivimos una amenaza constante en relación a los estándares mínimos de democracia. Lo mismo se puede decir después del establecimiento por parte de la OEA de las nuevas amenazas regionales en el año 2003. En términos políticos terminar con la guerra en Colombia, resulta esencial para la región bajo la premisa de ampliación de las relaciones con el vecindario.

En términos jurídicos acabar con un conflicto armado degradado bajo las premisas sobre las cuales se ha acordado hasta ahora el sistema de herramientas para asumir la transición, especialmente dentro del Integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, marcaran el modelo sobre el tema en el siglo XXI. Lo anterior a nivel vecinal y regional será trascendental desde la perspectiva de los alcances de términos como impunidad, amnistía, indulto, complementariedad ante la Corte Penal Internacional, presencia del sistema interamericano de derechos humanos y claro está, la extradición fruto no sólo de la existencia de delitos como el narcotráfico, sino de otros delitos transnacionales como los previstos en la Convención de Palermo.

Socio jurídicamente a nivel regional, la finalización de la guerra en Colombia podría ayudar a estructurar nuevos enfoques de política pública en materia de seguridad desde una perspectiva más amplia que la de la simple visión de securitización. Aquí la justicia restaurativa, y la comprensión de nuevos esquemas de control social a nivel legal podría generar excelentes escenarios de valoración de la educación para el cambio, crecimiento democrático y una revaloración de la política criminal. Creo que este escenario será a mediano plazo cuando se superé un período crítico de seguridad en el sentido lato después de la terminación de la guerra. Por eso he venido insistiendo en la necesidad de contar con las fuerzas armadas más fuertes de la historia de Colombia para ese escenario. El problema de la guerra en Colombia a nivel de la sociología de la guerra ha sido geopolítico, geoestratégico y geoeconómico. Más de ochenta por ciento de las víctimas de acuerdo con el RUV (registro único de víctimas) son desplazadas; la evidencia es incontrastable. Sin control territorial y paz territorial no habrá realmente posibilidad de cambio. Allí está la apuesta del Estado y con fronteras porosas eso deja de ser un tema interno. De hecho el conflicto armado colombiano definido en términos polemológicos es regional, extraestatal (por el apoyo por ejemplo de USA) o un conflicto armado de baja intensidad interno e internacionalizado (por el paso de los grupos armados hacía otros países para evitar la derrota militar total).

¿Por qué cree usted que están surgiendo disidencias en el seno de las FARC?

De acuerdo con estudios internacionales y la experiencia comparada en países que han superados guerras internas, sean estas contiendas civiles o de baja intensidad como Colombia, lo habitual es que se presenten disidencias. La experiencia interna también lo ha mostrado en nuestros procesos de desmovilización, desarme y reintegración desde el siglo XIX; Es una constante. Las farc como durante mucho tiempo lo sostuvieron agencias del Estado, ha sido un grupo armado multicriminal; algunas de sus estructuras dependen de la existencia de verdaderas empresas criminales. Habrá que esperar a la suscripción del acuerdo final para ver la magnitud de las anunciadas disidencias. Es un tiempo fundamental para disuadir a los miembros de las farc, el eln y otros grupos sobre la gran oportunidad de acabar con su actividad criminal.

¿Por qué cree usted que hay un sector político que hace tan enconada resistencia al proceso de paz?

En ningún contexto parecido ni interna ni internacionalmente ha dejado de ser una constante la disputa política alrededor temas que tengan que ver con la terminación de un conflicto armado o la superación de una violencia de sistema. Colombia lastimosamente tiene un contexto de polarización política que debe ser superado. Clausewitz sostenía que la guerra es la continuación de la política por otros medios; Foucault indicaba que la política es la continuación de la guerra por otros medios; pero es urgente que aprendamos que la paz es la victoria de todo el pueblo y sobre ella se sustenta la única política moral y ética. La guerra justa desde la legítima defensa a partir del tratado Briand & Kellogg de 1928, retomado por el artículo 51 de la Carta de la ONU, nos lleva a aprender que la victoria militar de toda fuerza armada legal y legitima es la paz. En la medida en que aprendamos que realmente es la guerra encontraremos el valor espiritual de obtener la paz.

¿Qué cosas serán mejores en Colombia en el posconflicto?

Difícil pregunta. Depende de que instancia del posconflicto estemos hablando. Después de muchos años de estudiar éstos temas creería que podríamos acercarnos a un primer período llamado posacuerdo (desde la terminación del conflicto armado y hasta el momento de concluir la implementación de las medidas tendientes a reparar a las víctimas), que es un periodo de gran incertidumbre, zonas grises y problemas. Seguramente en ese escenario nos moveremos entre luces y sombras, muy motivados al comienzo y con grandes tempestades políticas. Si superamos esta etapa, donde el 40% de los intentos fracasan, veremos el verdadero postconflicto con todos sus beneficios. Tengo fe en que económicamente seremos más fuertes; crecerá, sí superamos el posacuerdo, la confianza inversionista. Creo que tendremos un escenario de reflexión de nuestro contrato social. En términos de Bobbio las constituciones son evidencias de verdaderos tratados de paz. Creo que estaremos al frente del asentamiento de los verdaderos pilares de un estado social de derecho y una democracia en período de formalización y profundización y finalmente creo que por fin podremos preocuparnos de temas que hemos descuidado durante 200 años, como la definición por fin de nuestros intereses estatales o una política sería de educación. Por fin podremos hablar con seriedad de seguridad y defensa.

¿Qué opina sobre la anunciada participación de 5.000 tropas colombianas en operaciones internacionales de la ONU?

Me emociona mucho, creo en ella, tengo una percepción directa del tema pues fui miembro de una misión de paz durante ocho meses en Egipto con el Batallón Colombia número 3. Creo que nuestros militares y policías cuentan con una experiencia operacional en contextos asimétricos única en el mundo y además exitosa. No existe ningún caso de contención militar frente a una estrategia de toma del poder a través de la combinación de todas las formas de lucha como el colombiano. Basta estudiar los planes de las farc, especialmente en su séptima y octava conferencia y documentos posteriores. Es increíble pero creo que ni siquiera las propias fuerzas armadas colombianas son conscientes del valor de su actuación. En muchos temas, entre ellos el operacional a nivel de misiones de paz, Colombia marcará el siglo XXI con su experiencia.

¿Es conveniente la transformación que actualmente se lleva a cabo en el seno de las Fuerzas Militares y de Policía?

Los procesos de transformación, reformas y modernización al interior de las Fuerzas Armadas son fundamentales y muy interesantes; además desde la academia en el sector privado y público les venimos haciendo un seguimiento muy profundo. Transformarse para adecuarse a escenarios más asimétricos desde una concepción de polivalencia y multifunción es estratégico. El verdadero reto ahora consiste en homologar dichas transformaciones esenciales desde la perspectiva de la justicia transicional, específicamente desde las garantías de no repetición y las exigencias de un mundo globalizado en donde las relaciones cívico – militares vienen mutando. La transformación militar y policial en Colombia no tiene tampoco precedente en el mundo, por lo menos en lo que he estudiado. Debe estudiarse la sinergia que se está dando por ejemplo entre la academia y las fuerzas armadas, o entre estas y otros sectores de la sociedad civil nacional e internacional. Las investigaciones científicas que viene haciendo la comunidad académica con las FFAA son impresionantes. Lideran estos temas universidades como la Pontificia Bolivariana; la Santo Tomas, El Rosario, la Javeriana, la Sergio Arboleda, y obviamente las tradicionales en sus escuelas de seguridad y defensa como la Nacional y los Andes.

Los dos ejemplos más notorios de interacción son los generados al interior de la red de universidades por la Paz, bajo el liderazgo de algunas de las mejores universidades de Bogotá (Javeriana, Andes, Externado, Nacional, Rosario) y el recién creado observatorio para la transición militar y policial en Colombia impulsado en la Universidad Pontificia Bolivariana y que se encuentra en proceso de expansión con la participación de la casa de la memoria histórica de Medellín y la Universidad Santo Tomas en su facultad de Ciencias Políticas en Bogotá, en donde se interactúa entre las regiones y la capital.

¿Podría, por favor, explicar en palabras simples -para quienes no somos abogados- cómo es el tema de la justicia transicional?

La justicia para la transición o justicia transicional en términos sencillos consiste en todas aquellas herramientas y mecanismos a nivel político y jurídico diseñadas en un estado para superar un pasado violento generado por una guerra, una dictadura o un contexto de graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.

Esas herramientas y mecanismos pueden ser de diferente naturaleza, no todas como se piensa judiciales y mucho menos a nivel penal. La lógica de aplicación de la justicia transicional escapa de los conceptos construidos en situaciones de paz. Por lo anterior no se pueden comparar términos construidos con el fin de superar una guerra o una dictadura, con aquellos diseñados en épocas de normalidad. Verbigracia, el concepto impunidad en una sociedad en paz, puede llegar a tener un significado o alcance diferente en escenarios en donde se pretenden superar tragedias humanas.

La justicia para la transición o de la transición pretende garantizar que jamás se repitan episodios de graves violaciones a los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, buscando ponderar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación integral; generando reformas institucionales y medidas de satisfacción.

La justicia para la transición corresponde a una estructuración particular que depende de cada contexto específico, especialmente en relación a las características de la violencia estructural generadas al interior de un estado, o incluso luego de terminar guerras internacionales (como la Primera y segunda guerra mundial). Si la finalización de una guerra es una decisión política, la justicia transicional es esencialmente de la misma naturaleza, de allí los problemas de percepción sobre el concepto y las dificultades pedagógicas para su explicación.

El denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, diseñado en Colombia, tiene un gran componente de verdad judicial y extrajudicial, inmerso en uno de los más grandes programas de reparación de víctimas en el mundo, además rompiendo la concepción de otorgar amnistías generales frente a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sino por el contrario creando instancias judiciales a nivel penal con una orientación más de justicia restaturativa (reconstrucción de relaciones entre víctima y victimario desde el reconocimiento de los crímenes, sus patrones, practicas, modus operandi, procesos de perdón y reparación) que de justicia retributiva (sanciones penales exclusivamente sustentadas en la prisión y las multas), a través de privilegiar la verdad con el fin de garantizar la no repetición.